Madrid. 29 nov. 22. AmecoPress.- Gladys Bolívar Baltazar se convirtió en lideresa hace 10 años cuando creó el “Club de Madres Barrial”, en Bolivia, para ayudar a otras mujeres a formarse y conocer sus derechos. Hoy forma parte de una red estatal de promotoras comunitarias municipales, una figura legal recogida en la Constitución de Bolivia cuya finalidad es la de constituir una red de apoyo y protección a mujeres que viven cualquier situación de violencia. “Somos mujeres comunes y corrientes de barrios que informamos y acompañamos a las mujeres para hacer las denuncias.”
La violencia de género y en concreto la violencia sexual contra mujeres y niñas en Bolivia alcanza cifras espeluznantes. Se contabilizan 28 casos de violencia sexual por día, más de uno por hora. Según un estudio realizado por UNICEF, al menos 7,5 de cada 10 mujeres sufren algún hecho de violencia a lo largo de su vida, mientras que más de 100 mujeres en promedio son asesinadas cada año por su condición de mujer. Además, según datos de la Coordinadora de la Mujer y la Fiscalía General del Estado de Bolivia los datos de feminicidios en los hogares se han incrementado un 30 por ciento respecto al año anterior.
En el año 2013, tras una intensa lucha de las organizaciones de mujeres se logró aprobar la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. A pesar de esta cobertura legal, la falta de conocimiento por parte de la población general, la naturalización de la violencia, la insuficiencia de recursos, la escasa formación y también ausencia de interés de las autoridades, genera una brecha entre los avances normativos y su implementación. Por eso es necesario la existencia de la figura de las promotoras comunitarias: “Nosotras nos ocupamos de apoyar a las víctimas y fiscalizamos la ley para que se cumpla, vamos a las instancias de denuncia de violencia y vemos por qué no se ha tomado la denuncia, por qué no se investiga, por qué no se está protegiendo a la mujer.”
Para realizar este importante trabajo, las mujeres han de formarse durante cinco años en distintos ámbitos -derechos humanos, atención a víctimas, tener empatía y sororidad, conocer la ley 348 en su totalidad- y pasar un examen realizado por el Ministerio de Educación. Casi todas las integrantes de la red son mujeres que han sido maltratadas. “Es una forma de sanar las heridas mientras te formas y ayudando a otras mujeres que están en la misma situación”. “Además, sus hijos y sus maridos nos ven y se empiezan a unir a nosotras, tienen sus grupos de masculinidad, aunque todavía son pocos. Han visto que en algún momento han tratado de apartarnos de nuestra labor activista, pero como no lo han logrado, ahora se están uniendo”.
Para muchas mujeres acceder a la justicia es difícil. “Muchas no tienen recursos ni para ir a denunciar. Desde algunos lugares hacerlo puede suponer tres o cuatro horas de caminata cargadas con sus bebés hasta el centro policial más cercano. Los hombres las controlan y no las dejan ir a denunciar”. Además, “en las comunidades, las normas se desconocen y la violencia está naturalizada”.
“La normalidad es que las mujeres sufran gritos, insultos, puñetazos y patadas. Las organizaciones sociales son las que impulsan las leyes y animan a las mujeres a no aceptar la violencia, a denunciar, a pedir que se cumplan las leyes. La mayoría de las veces, ni las autoridades dan credibilidad cuando las víctimas denuncian y las culpan a ellas”.
Violencia política
Gladys Bolívar Baltazar está en Madrid junto a otra lideresa, Toribia Flores Willca. Ambas han sido invitadas por Alianza por la Solidaridad, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y de cara al proyecto “Garantizando el ejercicio del derecho a una vida libre de violencias de las mujeres desde el empoderamiento personal, social, económico y político en La Paz y Chuquisaca”, con el objetivo de llevar a cabo acciones de sensibilización en las Comunidades de Madrid y Valencia.
Justo en los días de la visita y la realización de esta entrevista el tema de la violencia y acoso que reciben las mujeres que participan en la vida política está en el centro de la agenda mediática en España, con motivo de los insultos desde la propia tribuna del Congreso a la ministra de Igualdad, Irene Montero. En países como Bolivia, el asesinato de la concejala aimara Juana Quispe en 2012 terminó por impulsar la promulgación de la Ley Nº 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, convirtiendo al país en el primero en tipificar y vetar esta discriminación. En efecto, desde enero a septiembre de 2018 se han registrado un total de 71 denuncias por acoso y violencia política en todo el país; pero, según explica Gladys, “desde que se aprobara la normativa solo ha habido dos sentencias ejecutadas”.
Y es que la naturalización de la violencia contra las mujeres impregna todos los ámbitos, también el del activismo y la participación política. “Hemos avanzado en el acceso a la educación, las mujeres ya estamos en la universidad, pero todavía no alcanzamos la paridad y cuando una adolescente se queda embarazada, por ejemplo, se acabó todo”, explica la lideresa, antes de describir las resistencias y el acoso que tienen que enfrentar las mujeres en el entorno más inmediato cuando deciden participar en el espacio público: “los propios maridos y las familias nos critican por participar en reuniones con hombres, nos atacan especialmente cuando asumimos un cargo y esta violencia puede llegar a ser física e incluso llegar al feminicidio”.
“A pesar de la existencia de la ley, para una mujer es muy difícil estar en los espacios de poder. Nos han preparado para estar en la casa, ser obedientes, no generar conflictos, así que no quieres ocupar cargos en ninguna organización, tenemos baja autoestima. Tenemos que enfrentarnos al entorno, a las familias. Y cuando entras, los hombres también nos presionan para que abandonemos los cargos y nos presionan con violencia”.
Pero las cosas están cambiando. Gladys, que no tuvo acceso a la educación en su niñez, estudia, poco a poco, una carrera universitaria y se ocupa de que sus hijas puedan ir a la universidad. Se ha cualificado en distintas materias, ayuda a muchas mujeres, es defensora de los derechos humanos y con su acción construye un tejido social de mujeres activas que fueron decisivas en momentos complicados como la pandemia y que hoy son una red de cuidados que las sostiene. Es una referencia y no es la única.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario