El Proyecto de Ley de Ingresos 2026 tomó por sorpresa a quienes creían que Claudia Sheinbaum mantendría intactos los impuestos. Ciertamente, la Presidenta pone sobre la mesa un reseteo tributario, no una reforma fiscal. No obstante, dentro del parámetro de “continuidad con cambio” prometido en campaña, el nuevo paquete fiscal actualiza las prioridades de gasto público y potencia la ruta de entrada del dinero. Por primera vez desde la irrupción de Morena, el pacto tributario es revisado allende las nada despreciables acciones de fiscalización contra Grandes Contribuyentes que elevaron la recaudación tributaria de 12.7 puntos del PIB en 2018 a 14.5 puntos en el 2024. Para el “segundo piso de la transformación”, la nueva propuesta erige vigas de acero que dan solidez estructural a una obra en construcción.
El Paquete Económico 2026 propone que los ingresos tributarios aumenten 6.5 por ciento real con respecto a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de 2025. Para dimensionar el vuelco, en los dos años anteriores las propuestas de 2.8 por ciento en 2025 y de 2.1 por ciento en 2024 palidecen por su modesto esfuerzo de recaudación. Como referencia, las ganancias tributarias de años anteriores nacieron de una mayor inspección aduanal, del combate a las factureras (IVA), de mayor recaudación del IEPS a las gasolinas por menores precios del petróleo, y de litigios contra emporios como Grupo Salinas. En particular, los Grandes Contribuyentes, quienes aportan el 52 por ciento de los impuestos, pagaron 285 por ciento real más en el año 2024 frente al 2018, para bien de la justicia fiscal.
El incremento propuesto se explicaría, en mayor medida, por cambios a los impuestos especiales. En esta categoría, las bebidas azucaradas aportarían 87 por ciento más que el año pasado, los cigarrillos labrados unos 40 puntos porcentuales extra (de 160 por ciento a 200 por ciento), los juegos con apuestas y sorteos otros 20 puntos porcentuales (de 30 por ciento a 50 por ciento), y los videojuegos con violencia un ocho por ciento. Además, la deducibilidad de las aportaciones al IPAB-Fobaproa sería eliminada (+10 mil millones de pesos). Y de manera notable, unos mil 400 capítulos arancelarios serían revisados al alza y recaudarían en conjunto casi 74 mil millones de pesos más (+40.7 por ciento) en relación al cierre del año anterior. En pocas palabras, no se crearían nuevos impuestos, pero se revisarían tasas para disuadir el consumo originador de efectos indeseados, llamados también “externalidades” en el argot de la ciencia económica.
No obstante que los ricos permanecerían poco tocados, el gobierno daría una cachetada al Consenso de Washington, aquel conjunto de fórmulas económicas neoliberales impulsadas por varios organismos financieros internacionales en los años ochenta y noventa. En específico a la política comercial, el recetario prescribía que la liberalización de las importaciones constituye un elemento esencial en una política económica orientada hacia afuera. En cambio, con las nuevas tarifas de importación propuestas a los países sin acuerdo comercial con México, la presidenta pulsa un botón de audacia no exento de riesgos geopolíticos.
Transformar también implica cabalgar tensiones y contradicciones. La imposición de aranceles a economías como China, Corea, Indonesia e India tiene inconvenientes y potenciales ganancias. Entre los primeros, una inflación transitoria —compensada por un menor consumo privado esperado— y el distanciamiento con las potencias emergentes se identifican como riesgos mayores. Por otra parte, como cruz de la moneda, México ganaría margen de negociación de cara a la revisión del T-MEC, fortalecería el atractivo del Plan México como motor del mercado interno, y oxigenaría a Pemex, de frágiles finanzas legadas por el PRI y el PAN. En el balance preliminar, los beneficios parecen superar a los costos —al menos de corto plazo.
Con todo, si bien el reseteo desatendería la demanda de gravar más la riqueza y el ingreso de los ricos, sí que respetaría el principio de finanzas públicas sanas con justicia social. Contrario a Fox, no despilfarraría los ingresos petroleros. A diferencia de Calderón, no aumentaría un impuesto indirecto tan regresivo y elevado como el IVA. En contraste con Peña Nieto, subiría IEPS sin tocar la gasolina y regresa lo recaudado a la salud pública. A semejanza de López Obrador, fiscalizaría el comercio exterior y los Grandes Contribuyentes, pero añadiría también disuasivos a las importaciones asiáticas y al consumo de bienes y servicios que afectan la salud o generan utilidades extraordinarias para sectores como la banca y los casinos.
En suma, la Presidenta usaría las aduanas y los impuestos contra los vicios para reducir los pasivos de Pemex y escalar el Plan México, política industrial sin parangón reciente que evita reproducir la irresponsabilidad hacendaria del PRI desarrollista. El reseteo tributario propuesto no es una reforma fiscal que mejora la progresividad del sistema tributario, pero representa un puerto de partida para el buque del gasto que surcará los mares de las demandas sociales presentes y futuras. Sin impuestos no hay presupuestos, y el Paquete Económico 2026 es responsable y audaz dentro de los márgenes del actual pacto tributario, aun necesitado de profunda revisión.
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