Autor: Jorge Zepeda Patterson
Por Jorge Zepeda Patterson
El mes de enero ha traído un tobogán de emociones fuertes para el “gober precioso”, Mario Marín. Los Reyes Magos le regalaron la visita a Puebla de Felipe Calderón el 9 de enero para tomarse la foto, lo cual fue interpretado como una especie de “perdón” oficial. No hay que olvidar que Calderón había prometido, como candidato, la destitución del gobernador poblano por su presunta colusión con Kamel Nacif para darle un “coscorrón” a Lydia Cacho por escribir Los Demonios del Edén, libro en el que denuncia una red de pederastas. Marín asumió que la visita presidencial lo limpiaba de toda mácula y le daba el espaldarazo definitivo del Gobierno Federal. Ni manco ni perezoso inundó a los medios de comunicación del país con boletines pagados sobre la venturosa visita presidencial.
El gozo se le fue al pozo el jueves pasado cuando los ministros de la Suprema Corte ordenaron una investigación formal para determinar la responsabilidad de Marín y las autoridades poblanas en la violación de los derechos de la periodista, y los posibles vínculos con una presunta red de pederastas. La resolución es en sí misma una derrota, porque se origina en el informe de uno de los ministros, que asume que existen elementos suficientes para ordenar la investigación. El gobierno de Puebla y sus poderosos aliados no habían escatimado esfuerzos políticos y económicos para que la Corte abandonara el caso. La resolución de los ministros anticipa la posible caída del mandatario poblano.
Los avances y retrocesos en esta zaga entre la periodista y el gobernador, no son sino un pálido reflejo de una lucha intensa y soterrada entre dos fuerzas. Buena parte de clase política ha respondido como una sola en defensa de Marín. La cúpula del PRI ha sido la más activa, encabezada por Emilio Gamboa coordinador de los diputados y amigo del propio Kamel Nacif. Desde su poderoso puesto Gamboa ha presionado al PAN para imponer una agenda favorable a los intereses de su grupo. El ex presidente de la propia Suprema Corte, Mariano Azuela, no ocultó su cercanía con Mario Marín, y de hecho la decisión de los magistrados se tomó a contrapelo de la presión del que fuera su presidente. Gran parte del cabildeo a favor del gobernador lo ha realizado Liébano Sáenz, quien fuera secretario particular del presidente Ernesto Zedillo. La senadora priista, María de Los Ángeles Moreno afirmó el jueves que la decisión de investigar al gobernador no procede y acusó a la Corte de actuar porque hay “miga publicitaria”. A propósito de miga publicitaria, habría que señalar la cantidad de medios de comunicación que abandonaron el tema, luego de las jugosas partidas publicitarias que el gobierno de Puebla invirtió en diarios y noticieros.
Los gobiernos panistas de Fox y de Calderón han mantenido una actitud ambivalente frente a este caso. Manuel Espino, el presidente del PAN, ha sido el mayor defensor de Marín en los círculos blanquiazules. Resulta paradójico que la derecha más moralina en asuntos de sexualidad y “buenas” costumbres, no tenga empacho en asociarse con defensores de pederastas a cambio de alguna ventaja política. Hay muchos indicios que apuntan al hecho de que Marín negoció con la dirigencia del PAN el triunfo de Calderón en el estado poblano, a cambio del apoyo a su caso de parte de la presidencia. Sólo así podría entenderse la militancia de Manuel Espino en su favor, y el espaldarazo que el gobernador recibió de parte de Vicente Fox y de Carlos Abascal a lo largo del año pasado.
Lo que hizo esta nómina de poderosos a lo largo de estos meses en contra de Lydia Cacho es impresionante: doblaron voluntades de ministerios públicos y jueces, concertaron con autoridades de Quintana Roo, maniataron medios de comunicación, borraron evidencias y cambiaron al personal involucrado en el arresto y encarcelamiento de la periodista, eliminaron pruebas y testimonios en poder de la PGR, amedrentaron a los abogados de Cacho (ha cambiado tres veces de representante), extrajeron la computadora con testimonios exclusivos de Comisión de Derechos Humanos, montaron estrategias para vigilar e intervenir teléfonos de la escritora y utilizaron el aparato de Estado para intentar desprestigiarla por diversas vías; la defensa de Succar impulsó una denuncia económica en contra de Lydia de parte de una de las víctimas.
Frente a esta guerra soterrada resulta sorprendente que el caso de Lydia Cacho se haya mantenido en pie, pese a todo. Antes de las elecciones se decía que el asunto estaba alimentado por intereses políticos a los que favorecería la caída de Marín. Esto a pesar del rechazo de Lydia a involucrarse con cualquier partido o causa electoral. Pero esta tesis ha caído por su propio peso. El tiempo ha dejado claro que lo que hay detrás de su cruzada no es otra cosa que la enorme indignación de la opinión pública. Muchos colegas periodistas han interpretado que el “coscorrón” del gobernador era para todos. El contenido de las grabaciones entre Kamel y Marín, habría provocado la renuncia del funcionario en cualquier país medianamente democrático. Al menos por vergüenza. En México ha desencadenado una guerra en contra de la periodista por parte de los poderosos, pero una defensa de parte de la sociedad en su conjunto.
Es una batalla de poder a poder. Al final la fuerza de los hechos, el valor indomable de Cacho, la honestidad de unos pocos funcionarios y jueces y el apoyo de la opinión pública ha inclinado la balanza. De lograrlo constituirá una lección inédita en el país. Por lo pronto ella ha sido exonerada de la demanda de Kamel en su contra y la Suprema Corte le está dando la razón. No es poca tratándose de un caso “Cacho ciudadana vs. Marín gobernador”. Un mensaje a los dueños del país para mostrarles que los ciudadanos no estamos inermes y que aún podemos abrigar esperanzas de alcanzar una sociedad más justa.
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