La impugnación en contra de la elección presidencial avanza. Poco a
poco se ha puesto al descubierto la posición que defiende cada sector
político, unos piden reconocer ganador, otros afirman que la competencia
fue sucia e inequitativa. Para los que ganaron el proceso el Tribunal
Electoral es mero trámite, para los impugnadores se trata de una
exigencia de anulación y de justicia. Para la coalición de izquierda el
triunfo de Peña Nieto se está procesando como una imposición, como una
elección que no fue limpia y, por lo tanto, piden que se anule. Hasta
ahora todo este litigio se ha mantenido dentro de los cauces de la
legalidad.
Esta elección mostró las contradicciones del México actual: entre la
modernidad y los arcaísmos más atrasados; entre los deseos de cambios y
las inercias más aplastantes. Vivimos el enfrentamiento entre dos
ecuaciones, una que suma maquinarias, operativos de gobernadores, dinero
público a raudales, impacto mediático y compra de voluntades en los
grupos más pobres, frente a otra ecuación que tiene los recursos de la
calle y la movilización, las exigencias de transformación y la agenda de
un futuro incierto que se traducen en urgencia de cambios. Cualquiera
que sea el desenlace habrá que enfrentar graves problemas nacionales que
cada día son más insoportables para las grandes mayorías del país.
El mapa general de opiniones sobre lo que pasó con esta elección
muestra una extraña mezcla de posiciones desde los que defienden la
institucionalidad como fortaleza imbatible, los que ven sólo problemas
menores y hasta naturales y los que impugnan y consideran que hubo
delitos graves como compra de voto, inequidad de los medios, dinero de
procedencia ilegal y complicadas triangulaciones financieras. De cada
posición se siguen diferentes consecuencias, para el PRI la exigencia es
de reconocimiento del triunfo para darle la vuelta a la página y
preparar la etapa siguiente. Para los que tienen una postura intermedia,
como el panismo, sólo quieren que se sancionen delitos, pero no están
por una anulación. En cambio, para la izquierda, o parte de ella, la
única salida parece ser la anulación. Si tomamos en cuenta las
complicaciones para anular y las dificultades para probar los
expedientes de compra y coacción del voto, lo más probable es que la
resolución del Tribunal Electoral se quede en una posición intermedia,
sancionar, pero sin invalidar los comicios.
Uno de los temas de fondo, de forma independiente a la solidez con que
la izquierda logre tener un expediente consistente, es el modo de
vinculación política que lleva al intercambio, lo que se conoce como
clientelismo social. La base de este intercambio es la enorme cantidad
de recursos públicos que van del centro a las regiones en un régimen de
regulación estatal opaco. Si a ello sumamos que México tiene casi la
mitad de sus habitantes en condiciones de pobreza, tenemos la fórmula
para la búsqueda de bienes públicos a través de recursos intercambiados
por favores. Quizá si nos asomamos a ver cómo votó la ciudadanía lo que
hallaremos es un mosaico de opciones que llevan al clientelismo como
forma dominante de la política del intercambio en México. Sin duda, es
un problema para la calidad de la democracia. El clientelismo crece
sobre la precariedad, la mala distribución del ingreso y se complementa
con la corrupción y la impunidad. Estamos en una democracia clientelar, y
por eso se puede entender el regreso del PRI a Los Pinos, el partido
que mejor sabe hacer estos intercambios. No todo el voto priísta se
comportó de esta forma, pero llama la atención que el PRI gana con
mayores márgenes donde hay más pobreza, menos educación y más ruralidad.
En suma, es difícil pensar en la invalidez de la elección, entre otras
cosas porque la causal abstracta ya no existe como tal tras la reforma
2007-2008, y además porque la misma normatividad complica al extremo que
los delitos se penalicen con tarjeta roja. Habrá que ver qué dice el
Tribunal Electoral; mientras tanto, para los movimientos sociales que
marcharon el domingo por las ciudades del país la elección de Peña será
vista como una “imposición”.
Veremos si los instrumentos legales alcanzan a dar certidumbre a las
impugnaciones; veremos si los sectores moderados puedan conducir este
proceso de calificación. Si no se logra la certeza jurídica de la
calificación la siguiente fase será muy complicada y los grupos más
radicales pueden escalar la polarización. Este será el costo de tener
una democracia de clientelas donde el voto se intercambia por un favor…
Twitter: @AzizNassif
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