Siete
meses se han cumplido de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, y del artero
asesinato de 6 personas (3 estudiantes normalistas). Hasta la fecha el
Estado no proporcionado más que diferentes mentiras, ha pretendido
montar diferentes escenarios con el fin de engañar a la sociedad y
distraer la atención del hecho fundamental: la desaparición de los
estudiantes normalistas es un crimen de estado.
Las
historias casi fantásticas con que el gobierno ha intentado cubrir su
responsabilidad, se han acompañado en todo momento con el incremento de
la violencia represiva, el hostigamiento y persecución de quienes no
aceptan quedarse sentados esperando que la justicia se establezca por
mandato divino. Los padres de familia, el magisterio disidente
organizado en la CETEG, la sociedad civil guerrerense y millones de
mexicanos y ciudadanos del mundo, han mantenido vigente el reclamo y
exigencia de la pronta aparición con vida de los estudiantes
normalistas. Siete largos meses transcurridos y aún se ve lejos la
posibilidad de establecer la justicia, en un claro caso más de
impunidad por parte del Estado mexicano, en el que se encubre la verdad
y se protege a los culpables materias e intelectuales cerrando el pacto
entre el gobierno y el crimen organizado.
El estado de
Guerrero esta marcado de forma particular por la violencia represiva de
los gobernantes, en las décadas de 1960 y 1970 la guerra sucia
desapareció a centenares de personas cuyo destino difícilmente se logre
saber con certeza. En 1995 fueron masacrados campesinos desarmados en
Aguas Blancas y en 1998 tuvo lugar un hecho similar en el Charco. En
las últimas fechas recordemos que el 12 de diciembre de 2011, fueron
asesinados dos normalistas de Ayotzinapa, por parte de elementos de la
Policía Ministerial en Chilpancingo, todo esto junto a un sinnúmero de
casos de ejecuciones y de desapariciones forzadas. Estos casos son
ejemplo del carácter estructural de la violencia de Estado. En Guerrero
la presencia del ejército en las comunidades rurales e indígenas es
común y forma parte de la vida cotidiana, representa claramente la
impunidad en que se siguen reproduciendo diversas formas de violencia
como el racismo y la transgresión sistemática de los más elementales
derechos humanos, la existencia de cacicazgos es otro ejemplo de la
complicidad entre gobierno y crimen organizado.
La historia
de la Escuela Normal de Ayotzinapa se inscribe en la historia de lucha
de las Escuelas Normales Rurales, que si bien fueron creadas como parte
de la política de Estado, los años posrevolucionarios trajeron poco a
poco enormes contradicciones entre su existencia y su supervivencia,
pues las políticas educativas fueron alejándose cada vez más de su
origen social, para dar paso a la actual realidad neoliberal. El
proyecto educativo ruralista se ha visto amenazado desde décadas atrás,
con el fin de diversos programas, el cierre de muchas Escuelas Normales
y la tensión agudizada con el modelo político que privilegia la
ganancia en detrimento de la comunidad y los aspectos sociales.
Después de más de cien años de que fueron creadas las Escuelas Normales
Rurales, nuestro país cambio de un modelo de Estado de bienestar, a un
Estado controlado con por poderes fácticos, el narcotráfico y la
violencia organizada. Se paso de la defensa de la soberanía nacional a
la entrega de los recursos naturales a los monopolios transnacionales.
Se transitó de la reforma a la contrarreforma agraria y demás reformas
estructurales que van sepultando toda herencia de la Revolución de
1910. La agresión a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa es una
paradoja, pues las Escuelas Normales Rurales fueron creadas
precisamente para defender lo que representan y ahora son
criminalizadas. Ayotzinapa representa la organización colectiva, el
autogobierno y la lucha campesina. Los valores eminentemente sociales
son los que se persiguen por el Estado y es Ayotzinapa un ejemplo de
ellos, cuyo origen se encuentra en los ideales del socialismo mexicano.
La rabia que en estas fechas siente el pueblo de Guerrero es
compartida por millones de mexicanos, que han sufrido en diferentes
formas la explotación, marginación y represión que el modelo económico
impone. Su rabia es digna pues es la que siente todo aquel que ve sus
derechos pisoteados, y que sin embrago, no desiste, no se entrega y no
permite que pasen sobre su dignidad. Ayotzinapa es ejemplo de
resistencia. El no aceptar que se efectúen las elecciones no es más que
reflejo de esa rabia acumulada. La farsa que significan las campañas
políticas, las promesas y el despilfarro de recursos públicos, no puede
ni dará solución al dolor de un pueblo que ha visto ser asesinados y
desaparecidos sus hijos, hermanos y amigos. Votar o no votar no es una
disyuntiva para quien ha perdido todo. La disyuntiva es como dar cauce
a esa rabia de forma organizada y colectiva.
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