5/01/2015

Las noticias de CIMAC



Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.La Secretaría de Gobernación (Segob), además de detener la procedencia de las declaratorias de Alerta de Violencia de Género que se han solicitado para diversas entidades, bloqueó una reforma a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) impulsada por grupos civiles para hacer operable la AVG.
 
Así lo denunció María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –que integra 43 organizaciones civiles–, al informar que la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong manifestó que no había sido consultada sobre una reforma a la LGAMVLV, que se planteó en la Cámara de Diputados, por lo que “impidió” que las y los legisladores debatieran el dictamen respectivo.
 
Al finalizar 2014, diputadas de la Comisión de Igualdad de Género presentaron una iniciativa de reforma a esa legislación en diversas cuestiones, entre ellas la operatividad de la AVG.
 
La iniciativa proponía modificar el nombre de AVG a Alerta por Violencia contra las Mujeres, que igualmente procedería cuando exista violencia estructural en contra de las mujeres y niñas y por “agravio comparado” (cuando una legislación violenta derechos de las mujeres).
 
Se planteaba que las solicitudes serían analizadas por un grupo de trabajo interinstitucional (integrado por la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, una representante en México de ONU-Mujeres, otra del Poder Judicial de la Federación, una más de alguna universidad, la titular del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos), y un Comité de Expertas (elegidas por convocatoria pública).



Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- El gobierno mexicano no ha dudado en signar tratados y convenios internacionales para proteger los derechos de la infancia, y recientemente creó una ley considerada de “avanzada” en la materia, aunque para miles de niñas ese marco legal aún no se traduce en una vida plena, segura y equitativa. 
 
La pobreza, segregación, falta de oportunidades de educación y los estereotipos de género (que colocan a las mujeres al frente del cuidado del hogar y la familia) –que se dan sobre todo en sectores rurales e indígenas– son condiciones que se entrelazan para obligar a las niñas a trabajar, incluso sin remuneración o prestaciones.
 
Organismos civiles de carácter nacional e internacional, así como especialistas en el tema, señalan que el trabajo infantil “constituye una violación de los derechos de niñas y niños, ya que impide su sano crecimiento y trunca su desarrollo escolar”, y por tanto la posibilidad de tener mejores oportunidades para su futuro.
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2014 la población infantil de 0 a 17 años de edad ascendió a 40.2 millones de personas (19.7 millones de niñas y 20.5 millones de niños). Alrededor de 10.5 millones tenían entre 0 y 4 años de edad.
 
De manera “lastimosa”, declaró la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mucha de la población infantil padece pobreza, ya que estudios recientes –retomados por el Consejo Nacional de Poblacion (Conapo)– indican que más de la mitad vive en condiciones de pobreza moderada o extrema, y sólo alrededor del 13 por ciento tiene un adecuado nivel de bienestar.



Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa, enviada
Cimacnoticias | Valle de San Quintín, BC.Sin cifras sobre acoso y abuso sexual ni protocolos de atención, el gobierno federal pretende atender este delito que enfrentan las trabajadoras en los campos agrícolas y comunidades de esta región del estado de Baja California (BC).
 
El pasado 24 de abril, el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, informó a las y los voceros del movimiento jornalero que están en demanda de mejores condiciones laborales, que personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) iniciará inspecciones en todos los centros de trabajo para detectar casos de abuso sexual, los cuales serán turnados al Ministerio Público (MP).
 
Sin embargo, el funcionario no precisó cuándo iniciarán estas inspecciones, cómo detectará el delito ni si desarrollará acciones específicas para prevenirlo, además evadió responder cualquier pregunta de los medios de comunicación.
 
Esta demanda de las jornaleras no es nueva, ya que según el procurador del Trabajo en la región, Gabriel Soria Cuevas, el acoso sexual es una de las violencias que más padecen las trabajadoras en los campos agrícolas.
 
Cuestionado sobre el número de denuncias recibidas por acoso y abuso sexual en los centros de trabajo al menos durante 2014, el funcionario sostuvo que no tiene registrado algún caso.


Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-La Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Salud (Ss) a prevenir a la población sobre los riesgos de utilizar la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) como método de planificación familiar, crear campañas de prevención para la osteoporosis, y poner en marcha más y mejores campañas entre la población sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el cáncer cérvico uterino (CaCu).
 
Ayer, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en votación económica 10 dictámenes con punto de acuerdo en materia de salubridad; en varios de ellos se solicitó a la Ss emprender más acciones para garantizar la salud de las mexicanas.
 
En uno de los dictámenes se pidió a la Ss y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) una campaña informativa y acciones de orientación y capacitación a la población, sobre los riesgos de usar la PAE como método anticonceptivo regular.
 
La Cámara baja precisó que en 2012 la PAE se colocó como el método más suministrado en México, con un registro de 6.8 millones de unidades comercializadas, lo que representa 42 por ciento del mercado de anticonceptivos hormonales, mientras que los orales de bajas dosis hormonales registraron ventas por cinco millones de unidades.


Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- Debido a que los procesos electorales en Nuevo León, Sonora y Estado de México ya están muy avanzados, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que respetará el registro de candidaturas aunque no se cumpla el 50 por ciento de mujeres como abanderadas a una presidencia municipal. 
 
En la sesión de este miércoles, los magistrados de la Sala Superior confirmaron las candidaturas de los partidos políticos en estas tres entidades, pero señalaron que la paridad de género “horizontal” y “vertical” en ayuntamientos se deberá respetar en los próximos comicios.
 
Con el argumento de garantizar la certeza y legalidad de los procesos electorales, así como el derecho de los partidos a la autoorganización, el TEPJF determinó que si bien se reconoce el derecho de las mujeres a participar políticamente en condiciones de igualdad, la paridad debe cumplirse “cuando jurídicamente es posible”.
 
La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa no estuvo de acuerdo con la resolución de la mayoría al señalar que si bien se reconocía el derecho de las mujeres a impugnar normas y actos de la autoridad y de los partidos, y se sentaba jurisprudencia sobre el tema de paridad, a las mujeres que impugnaron se les decía que no podrían participar porque el criterio aplicaría hasta las próximas elecciones.

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