Ha
sido difícil la tarea de describir los problemas estructurales que
impiden que poblaciones rurales, pueblos indígenas y mujeres gocen de
su derecho a la salud.
En el peritaje al cual contribuí para establecer los daños ocasionados a una mujer indígena que había terminado con una discapacidad permanente a raíz de la atención brindada en su parto, subtitulamos un apartado como “Racismo institucional”.
A la distancia puedo decir que falta mayor explicación del fenómeno, pero no podíamos dejar de nombrar lo que parece un problema mayúsculo de desigualdad.
Teníamos que nombrar una realidad en la que las mujeres que habitan en comunidades bajo otras lógicas culturales, económicas, políticas y sociales, son condenadas a recibir una deficiente atención a la salud por parte del Estado, mientras que sus propios médicos y médicas tradicionales, conocimientos y prácticas de salud son empujados al olvido y al rechazo.
La complejidad de aprehender situaciones sistémicas y encontrar los calificativos que les den sentido también reside en que hay conceptos que no usamos tan a menudo, los decimos entre líneas o encontramos maneras más suaves de describirlas para que sean más digeribles: racismo no, discriminación tal vez.
En México hay una tendencia a no darle cabida ni reflexión al racismo. Pesa demasiado la herencia intelectual forjada desde principios del siglo XX cuando se caracterizó a la sociedad mexicana como predominantemente mestiza, idea que recoge “lo bueno” de las culturas originarias, así como de la “occidental española o criolla”, que se funden para crear un sujeto diferente.
Esta herencia nutrió y sirvió de base simbólica en la construcción de las instituciones públicas del México posrevolucionario, y por consecuencia, de las instituciones de salud públicas. El acceso a los servicios públicos como educación, salud, justicia, como una forma de ciudadanía, se construyó también con este imaginario.
El proyecto de Estado requería construir y servir a la ciudadanía mestiza, a la mexicana, donde lo mexicano no solo implicaba haber nacido o tener nacionalidad mexicana, sino actuar, pensar, corresponder al estereotipo de una persona mestiza. Parecer o actuar como alguien diferente al mestizo significaba perder calidad de posible ciudadana. Este escenario prevalece hasta la fecha.
En las “Jornadas Académicas” organizadas en febrero pasado por el Observatorio de la Mortalidad Materna, se presentó el libro “Desigualdades en la procreación. Trayectorias reproductivas, atención obstétrica y morbimortalidad materna en México”, coordinado por Ángeles Sánchez Bringas.
Allí escuchamos al director de la Comisión de Arbitraje Médico, Luis Alberto Villanueva, decir que existe un sistema doble de atención a la salud, uno con recursos y mejor calidad en la atención, y otro sistema para “los otros” y “otras”.
Cuando se observa en hechos tangibles la distribución inequitativa de recursos públicos en instituciones públicas de salud diferenciadas, la frecuencia en el rechazo en la atención, mayor probabilidad de riesgo, inexistencia de infraestructura, continuo desabasto de insumos y medicamentos, y lo asociamos a poblaciones específicas, aparece una evidente desigualdad.
Los “otros y otras” son sujetos que no cuadran bien a bien en el imaginario. Intelectuales indígenas como Judith Bautista Pérez señalan que el racismo involucra jerarquizar grupos o personas por sus características físicas o culturales. Esta desigualdad que raramente se nombra se reproduce continuamente en políticas y prácticas institucionales.
Recientemente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tuvo la iniciativa de realizar y difundir un rodaje en el que ilustra la mortalidad materna. Sus protagonistas son miembros de una comunidad indígena oaxaqueña, y las causas de esta problemática se asocian al problema de violencia intrafamiliar.
El rodaje proyecta la imagen que funcionarios de las instituciones de salud tienen y reproducen sobre esos “otros” y “otras”, que son diferentes del “nosotros”.
La película titulada “No hace falta morir” no refleja una problemática de la cual son parte las instituciones públicas y sus operadores.
En esta versión, el problema reside afuera, a la distancia, en esos grupos diferenciados a quienes cuesta tanto asimilarse al modelo de ciudadanía instaurado. La responsabilidad de la mortalidad materna reside en que esos grupos diferenciados tienen problemas diversos inherentes a su forma de vivir.
La película recrea una historia de una mujer indígena que habita en una comunidad rural y que no recibe atención médica durante su embarazo de riesgo porque su marido misógino y violento no se lo permite y, por consecuencia, ella fallece en el parto.
Para el IMSS esta acción es parte de una campaña informativa y que “tiene el objeto de garantizar a las mujeres oaxaqueñas una adecuada atención de salud durante su proceso reproductivo y así evitar la muerte materna obstétrica, así como lesiones que se pueden provocar al momento del alumbramiento”.
Sin embargo, el racismo es evidente puesto que construye una representación del “otro”, “reticente” a aceptar los servicios que el Estado tiene a bien ofrecer, y con ello sella su destino fatal, la vulnerabilidad.
En el video no hay una representación de los pueblos indígenas y sus miembros –mujeres y hombres– como ciudadanos con derechos individuales y con derechos específicos como colectividad.
Cuesta en el imaginario social construir esta mirada nueva de ciudadanía, y sobre todo, cuesta más a las instituciones públicas de salud construir nuevas prácticas y relaciones con una población que es a todas luces diversa y pluricultural.
Esta acción del IMSS no es desinteresada, busca con ello desafanarse de la responsabilidad de asumir medidas de no repetición trascendentales y contundentes frente a casos donde los derechos de mujeres indígenas se han vulnerado por los servicios de salud a su cargo, como el de Irene Cruz Zúñiga, aun cuando hay propuestas claras sobre la mesa de qué implica una medida de no repetición, en este caso, en 2001 en el Hospital del IMSS en Tlaxiaco.
Como acompañantes de Irene y sus familiares, insistimos en que es fundamental elevar las capacidades técnicas del personal de salud que se desempeña en ese hospital para la atención de emergencias obstétricas y del parto normal, de acuerdo con la Norma 007 y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como la sensibilización en Derechos Humanos, equidad de género e interculturalidad a todo el personal de seguridad, administrativo, de enfermería y médico.
*Daniela Ramírez Camacho es investigadora en Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
**Fundar es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
CIMACFoto: Anaiz Zamora Márquez
Por: Daniela Ramírez Camacho*
Cimacnoticias | México, DF.- 
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