“Si logramos que se sentencie al policía por tortura, sería un paso. No es justicia, pero tiene una importancia en términos judiciales”, ya que “comenzaríamos a sentar un precedente”.
(Foto: Karina Maciel)
Lydia Cacho se careó la semana pasada con uno de sus torturadores, en lo que considera es “el caso más emblemático de un ataque directo a la libertad de expresión y a una periodista”; todo lo expone en el libro Los demonios del Edén, sobre las redes de pederastia y pornografía infantil en México.
En entrevista para Aristegui CNN, el viernes, expuso que “a seis meses de la publicación del libro, el empresario Kamel Nacif le pide al ‘góber precioso”, Mario Marín, que me mandara a unos policías para que me arrestaran y para que me dieran unos coscorrones.
Dentro de la planeación de los hechos estaba: una violación, malos
tratos, amenaza de muerte… la intención de esta detención arbitraria,
era justamente lograr que yo retirara los dichos de mi libro y que dijera que estaba lleno de mentiras”.
“Durante 20 horas de camino de Cancún a Puebla, los judiciales se dedicaron a amenazarme,
me torturaron de diversas formas. En cuanto llegué a Puebla, otra vez
me metieron a la cárcel, tenía las advertencias de que iba a ser
violada, en cuanto salgo de la cárcel bajo fianza, acusada de
difamación y pasé un juicio de un año. En ese momento hice mi primera
declaración”, relató.
En sus primeras declaraciones, dijo: “sufrí tortura, amenaza de muerte, que estaba involucrado el gobernador. Era mi dicho contra todos estos personajes poderosos”.
“Después revelan las grabaciones entres esos personajes, y yo entablo una demanda”, continuó.
Sin embargo, “al policía que encabezó el traslado, nunca lo detuvieron en 10 años,
el juez devolvió a Puebla y lo congelaron, después pedimos que lo
atrajera la Procuraduría General de la República (PGR), y lo metió en
el cajón del olvido, hasta que el año pasado ante la
Organización de las Naciones Unidas se demostró la tortura y
curiosamente la PGR decidió sacar el caso del olvido y detuvieron a
José Montaño (policía)”, reveló la periodista.
Aseveró que “estamos en un momento histórico en
México en el que ya tenemos una ley federal de protección de víctimas,
que apenas está entrando en vigor y en la que en los juzgados están
comenzando a entender cómo llevarla a cabo”.
“Los operadores, los jueces las juezas, están aprendiendo a hacerlo. Yo estuve en uno de estos ejercicios iniciales
en el Distrito Federal y pedí que no me pusieran de frente a mi
agresor. Una cosa es que sea fuerte y otra que quiera ser revictimizada
por el hombre que me torturó, que me amenazó de muerte
sistemáticamente y que me dijo que si lo arrestaban se iba a encargar
de que me mataran aunque estuviera en la cárcel. Por lo que creo que mi vida corre peligro, todavía”, explicó.
“Estuvimos en el Reclusorio Oriente, en los juzgados federales con mis abogados, me asignaron el área de províctimas,
me asignó sicólogo y médico. Estuvieron todo el tiempo conmigo, las
preguntas de los abogados son brutales. En total fueron seis horas
desde que entramos hasta que salimos, me pidieron que describiera cómo
fueron las agresiones”, recordó.
“Fue muy desgastante emocionalmente”, acotó. “En este encuentro de las dos fuerzas es muy desgastante para la víctima”.
Cacho remarcó que “son torturadores que por un lado son servidores públicos,
a los que se les ordenó. Los policías obedecían las órdenes, pero lo
hacían con cierto gozo. Además de las órdenes y los permisos que le
habían dado”.
Confió en que “si logramos que se sentencie al policía por tortura, sería un paso. No es justicia, pero tiene una importancia en términos judiciales” ya que “comenzaríamos a sentar un precedente”.
“Esta sentencia podría ser muy importante, y decir a cualquier policía que se atreva a repetir una tortura como esta, tendrá que pagarlo”, comentó.
El caso incluso derivó en un libro escrito por ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que abordan el caso, por lo que
la periodista afirmó que el caso “se convirtió en el caso más emblemático
de un ataque directo a la libertad de expresión y a una periodista, por
parte de miembros de un gobierno estatal, del poder judicial y por
empresarios vinculados con delitos relacionados a la delincuencia
organizada”.
“La historia ya se está empezando a contar después de una década, los mismos ministros dijeron que este caso, demostraba todos los vicios del poder”.
“¿Qué sucedía hace 10 años, cómo lo hacían y cómo lo hacen ahora? Ahora compran empresarios, medios, dan órdenes para que desaparezcan periodistas”, señaló la periodista.
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