“En [en el valle de] San Quintín nos tienen muriendo de hambre desde hace veinte años”,
Javier Ramírez, Jornalero, marzo 2015.
“…. Lo que hay detrás nuestro es el hambre, es el salario de hambre que recibimos”,
Fidel Sánchez, Jornalero, marzo 2015.
“Aquí
[en los campos del valle San Quintín] es peor, porque los niños tienen
hambre, llegas y vendes todo lo que tienes porque no tienes ni un
centavo; definitivamente aquí es peor, porque llegas con promesas,
ilusiones, y no pasa nada, te va peor, me da tristeza”,
Julián de Jesús, Jornalero.
Reportaje San Quintín, el valle de la explotación laboral, junio 2014.
El valle de los contrastes, entre la explotación y la resistencia
En este contexto, hablar
actualmente de esclavitud no es una exageración ni una desproporción,
sino, como han manifestado diversas organizaciones en pro y defensa de
los jornaleros dentro de México y en Estados Unidos,1
es una referencia clara a condiciones de explotación laboral muy
precisas: jornadas de aproximadamente 60 horas semanales, ausencia de
contrato laboral, situaciones de trabajo nocivas (exposición a
agroquímicos, pesticidas, insolación), explotación infantil, acoso y
abuso sexual a las mujeres, carencia de las prestaciones de ley, así
como ausencia de seguridad social y de servicios médicos.2
Los jornaleros agrícolas, campesinos sin futuro y ciudadanos del olvido estatal
Gran parte de los jornaleros de San Quintín cargan historias de
exclusión previas y son originarios de diversos estados del país,
principalmente de las entidades del sur de México, entidades como
Oaxaca y Guerrero, que cuentan con una alta población étnico-rural y
presentan los niveles más altos de mortalidad infantil y materna, así
como una de las menores esperanza de vida y los indicadores más bajos
de educación e ingreso. No pocos de estos trabajadores agrícolas del
sur pertenecen a diversos grupos indígenas (mixtecos, triquis,
zapotecos) y han tenido arduas y difíciles historias migratorias.
Salieron huyendo de la miseria y en el norte encontraron pobreza,
exclusión y explotación.
Estos campesinos e indígenas dejaron
sus tierras natales en busca de mejores condiciones de vida y tratando
de dejar a tras las carencias histórico-estructurales de servicios
sociales (salud, empleo, educación) en sus localidades rurales de
origen. Fueron y son los desheredados, los sujetos olvidados de manera
sistemática y constante por el Estado. No obstante, a raíz de la
política neoliberal en el agro se agudizaron las crisis de las
economías campesinas y se desincentivaron los apoyos y estímulos a la
pequeña producción agrícola, y estos desheredados vieron recrudecer sus
ya de por sí precarias condiciones de existencia, incrementándose los
desplazamientos hacia el norte del país en aras de encontrar
oportunidades de empleo. Tanto la imperiosa urgencia de salir para
subsistir como su condición de migrantes pauperizados y en necesidad,
han acentuado la vulnerabilidad de estos sujetos y es algo de lo que se
han aprovechado a manos llenas los empresarios agrícolas del valle de
San Quintín para incrementar sus ganancias.
San Quintín, agrio reflejo de una explotación generalizada
En el contexto de México como el decimoctavo país en el ranking mundial de la esclavitud,3
las condiciones de abuso y explotación laboral que viven los jornaleros
en San Quintín son sólo un reflejo y muestra de lo que sufren cerca de
dos millones de trabajadores agrícolas en los campos agrícolas de
dieciocho estados del país;4 la mayoría de estos jornaleros provienen de los estados más pobres de México (Oaxaca, Guerrero, Chiapas).
No obstante, el caso de San Quintín sirvió para mostrar la forma en que
estos sistemas de explotación, por un lado, descansan sobre las
complejas relaciones entre empresarios agrícolas y políticos estatales,
y, por otra parte, cómo se abusa de la imperiosa necesidad de laborar
del jornalero para retribuir su trabajo con un raquítico salario.5
Si estos trabajadores agrícolas pueden ser “utilizados” como mano de
obra barata y desechable es, justamente, porque las instancias
estatales no hacen que se respecte la ley federal del trabajo y, de
facto, permiten condiciones laborales inhumanas e ilegales. Esta
ausencia efectiva del cumplimiento de la ley se debe a que, en Baja
California como probablemente en otros estados del país, varios de los
empresarios agrícolas han sido y son funcionarios estatales y están
directamente relacionados al poder político. Así, en la medida en que
el dinero que debería recibir no llega al trabajador y se dirige a los
empleadores, la ausencia del ejercicio de los derechos laborales de los
jornaleros se traduce en fuertes ganancias económicas para estas
élites. El beneficio monetario derivado de esta explotación va a los
bolsillos de los propietarios de los campos, el hambre y los salarios
de miseria son para los jornaleros; no en balde estos jornaleros son de
los trabajadores peor pagados y más maltratados del país. De facto, la
complicidad entre el Estado y los empresarios no sólo promueve este
estado de cosas, sino que, además y por añadidura, supone una condición
de impunidad y fomenta la ilegalidad. Esto conduce a la lectura de que,
en los hechos y allende de los discursos y las buenas intenciones, el
Estado antepone los excesivos privilegios y prerrogativas de los
empresarios a la aplicación de la ley federal del trabajo y la defensa
de los trabajadores desprotegidos y en situación vulnerable.
La dignidad y los rostros de la resistencia
No obstante y pese al drástico escenario de las condiciones laborales
en los campos agrícolas de San Quintín, los jornaleros no sólo son
personas que viven en carne propia una explotación descarada, también
son sujetos que tienen iniciativas y realizan acciones dirigidas a
modificar sus ominosas situaciones de trabajo y de existencia. Desde
hace meses, no sólo fueron participes de un fallido proceso de
negociación con el Estado y el sector patronal, sino que también han
mostrado, mediante diversas actividades e iniciativas, su capacidad de
organización y acción social mediante varias medidas: diálogos con
instituciones estatales, movilizaciones sociales y paros laborales (en
marzo pasado), caravanas y recorridos por diversas localidades y
ciudades de Baja California y el país para difundir su lucha y crear
convergencias, visitas y encuentros con autoridades de otros estados
del país (Gobierno del Distrito Federal) e instituciones del gobierno
federal (Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaria de
Gobernación), alianzas con grupos y organizaciones laborales y étnicas
de México y Estados Unidos6
así como con albergues de religiosos, colectivos y organizaciones de
defensa de los derechos humanos y de los trabajadores. Mediante estas
acciones han generado un amplio proceso de visibilización pública y
mediática de sus demandas y condiciones de trabajo y vida, así mismo
esto ha producido un amplio respaldo ciudadano y de la sociedad civil
organizada.
Notas:1 “Valle de San Quintín un ejemplo de explotación y abusos que ocurren en 18 estados del país”. Red de Jornaleros Internos, La Jornada, 27 de marzo 2015.
2 “Frente indígena binacional se solidariza con jornaleros de San Quintín”, La Jornada, 27 de marzo 2015.
3 De acuerdo al Índice Global de Esclavitud, México es primer país de América en este rubro y tiene al menos 266 mil personas que son víctimas de esclavitud, siendo los tres principales sectores donde se presentan estas prácticas el agrícola, el minero y el turístico. “Esclavitud aún en 2015: México tiene el índice más alto en América Latina”, Animal Político, 30 de marzo del 2015.
4 De acuerdo a la Red de Jornalero Agrícola, los estados donde se presenta la explotación de jornaleros agrícolas son Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas. “Esclavitud aún en 2015: México tiene el índice más alto en América Latina”, Animal Político, 30 de marzo del 2015.
5 “Jornaleros de San Quintín: entre la explotación moderna y la resistencia social”, Contralínea, 12 de abril de 2015.
6 “Valle de San Quintín un ejemplo de explotación y abusos que ocurren en 18 estados del país”. Red de Jornaleros Internos, La Jornada, 27 de marzo 2015.
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