Así lo denunció María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –que integra 43 organizaciones civiles–, al informar que la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong manifestó que no había sido consultada sobre una reforma a la LGAMVLV, que se planteó en la Cámara de Diputados, por lo que “impidió” que las y los legisladores debatieran el dictamen respectivo.
Al finalizar 2014, diputadas de la Comisión de Igualdad de Género presentaron una iniciativa de reforma a esa legislación en diversas cuestiones, entre ellas la operatividad de la AVG.
La iniciativa proponía modificar el nombre de AVG a Alerta por Violencia contra las Mujeres, que igualmente procedería cuando exista violencia estructural en contra de las mujeres y niñas y por “agravio comparado” (cuando una legislación violenta derechos de las mujeres).
Se planteaba que las solicitudes serían analizadas por un grupo de trabajo interinstitucional (integrado por la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, una representante en México de ONU-Mujeres, otra del Poder Judicial de la Federación, una más de alguna universidad, la titular del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos), y un Comité de Expertas (elegidas por convocatoria pública).
Una vez admitida la solicitud, se turnaría inmediatamente al Comité de Expertas, que dispondría de 45 días naturales prorrogables por el mismo periodo y por una sola ocasión, para integrar una investigación sobre los hechos y emitir un informe y sus recomendaciones.
Corresponderá a la Segob (en un plazo de 15 días hábiles improrrogables) declarar o negar la Alerta por Violencia contra las Mujeres, la cual deberá fundar y motivar su resolución, considerando de manera integral el informe y las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertas. (Cimacnoticias 11 de diciembre de 2014).
Sin embargo, el dictamen de reforma fue aprobado por la Comisión de Igualdad de Género, pero no llegó a ser discutido en el pleno de la Cámara de Diputados.
Es de mencionar que previo a que terminara el periodo ordinario de sesiones –último de la actual Legislatura federal–, el OCNF mandó una carta a Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para pedirle que el dictamen fuera aprobado “como una forma de garantizar las obligaciones asumidas por el Estado mexicano al ratificar los diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos”.
En la misiva el OCNF señaló que la LGAMVLV, si bien ha sido un paso más para la erradicación de la violencia de género, “ha sido insuficiente para hacer frente a la grave situación de violencia género, en particular, la feminicida”, y expuso que la iniciativa responde a las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), emitidas al Estado mexicano en 2012.
A decir de María de la Luz Estrada, fue la misma Segob la que bloqueó que la iniciativa fuera discutida, pues se niega a que la AVG se vuelva realmente accesible. Recordó que no es la primera vez que las organizaciones son convocadas a trabajar en propuestas que finalmente no son retomadas por la dependencia federal, tal y como ocurrió en la reforma al Reglamento de la LGAMVLV.
El 29 de junio de 2012 –cuando ya se había negado la AVG en los estados de México, Guanajuato y Nuevo León–, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –dependiente de Segob– instaló un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de reforma al Reglamento creado en 2008, y con ello fortalecer y garantizar el funcionamiento para decretar y aplicar la AVG.
Por más de un año, mientras organismos internacionales reportaban que cada día morían seis mujeres como consecuencia de la violencia, se atoró la reforma al Reglamento.
El 25 de noviembre de 2013 finalmente se reformó el Reglamento de la LGAMVLV, pero especialistas, académicos y activistas denunciaron que muchas de las propuestas habían quedado fuera de esa normatividad, y aseguraron que el reglamento restringía aún más la AVG, dilata el proceso para su declaratoria y excluye del trámite a los grupos civiles.
Desde que se reformó el Reglamento se ha solicitado la activación de la AVG en Guanajuato (por tercera ocasión), Morelos, Michoacán, Colima y Baja California, y si bien se han emitido recomendaciones a los gobiernos estatales, hasta ahora el mecanismo no se ha decretado.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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