Víctor M. Toledo
Cuatro décadas después, el tiempo transcurre pero no pasa. El
periodista Jorge Ramos, conductor estelar de Univisión, declaró
públicamente la semana pasada en un acto de la revista Time
en Nueva York, visto en todo el mundo, la necesidad de abrir una
investigación independiente al presidente mexicano Enrique Peña Nieto,
señalado de ser responsable de diversos actos de corrupción, y
especialmente del caso de la llamada Casa Blanca, que lo
sitúa junto con su esposa en un aparente conflicto de intereses.
Aderezando este hecho, pues Jorge Ramos fue galardonado como uno de los
100 personajes más influyentes del mundo por aquella revista, el
domingo antepasado el semanario Proceso reveló la existencia
y describió con sumo detalle otra masacre, esta vez en Apatzingán,
Michoacán. Este descubrimiento, que permaneció ausente como noticia
relevante en todos los periódicos del país, se vino a situar junto con
Tlatlaya y Ayotzinapa como parte de un nuevo triángulo de la ignominia.
Tres hechos vergonzosos de violación suprema a los derechos humanos y
de complicidad de los más altos dirigentes del país. Si los militares
que asesinaron impunemente a 12 ciudadanos en Tlatlaya fueron
vanagloriados en un discurso público por el actual gobernador del
estado de México –y el procurador general de la República dio por
cerrada la investigación de los muertos y desaparecidos durante los
sucesos de Ayotzinapa–, quien fue el responsable aparente de la masacre
de Apatzingan, Alfredo Castillo, e igualmente divulgó un escenario
falso, fue recientemente respaldado y favorecido con un nuevo puesto
por el mismísimo Presidente de México.
Pero
además de los conflictos de intereses y la complicidad aparente con al
menos tres masacres, existe un tercer suceso que ubica al Presidente de
México en una situación vulnerable. La tercera línea para una posible
revocación moral de mandato es mucho más grave y seria que las dos
anteriores. Están aún pendientes de aclarar los orígenes de los fondos
millonarios utilizados en 2012 por el actual Presidente y su partido.
En el Sorianagate, monederos electrónicos por un total de 2
mil 294 millones fueron masivamente utilizados los dos días posteriores
a las elecciones. En el Monexgate, el grupo financiero Monex
emitió 100 mil monederos electrónicos que fueron utilizados por
operadores del PRI por un total de 160 millones de pesos.
En cualquier país del mundo con una mínima democracia
representativa, estas tres líneas de investigación sobre las
autoridades deberían ser aceptadas como algo normal, y ejecutadas por
las cámaras de representantes (diputados y senadores) y por el máximo
órgano judicial (Suprema Corte de Justicia) y/o por los organismos
defensores de los derechos humanos o sencillamente por ciudadanos
independientes que se organizan. En contraparte, y aunque no exista en
el país la revocación de mandato (impeachment), el Presidente
y cualquier otro funcionario público deberían estar presentando sus
renuncias como un acto elemental de congruencia y decoro.
En las semanas recientes, la sociedad civil ha imaginado iniciativas
para lograr lo anterior. Este ha sido el caso de los ciudadanos y
organizaciones que trabajan para promulgar una nueva Constitución, y
más recientemente la iniciativa que artistas, políticos e intelectuales
hicieron pública para incluir durante las votaciones del 7 de junio
próximo una boleta extra en la que los ciudadanos expresen su demanda
de que el titular del Ejecutivo renuncie (ver).
Mientras, la temperatura de la fuerza del sector más consciente,
honesto e informado del país sigue en aumento. Una energía que se
acumula y que tarde o temprano logrará que las aguas congeladas de la
ignominia se conviertan en los ansiados vapores de la democracia.
Para Carmen Aristegui, con respeto y admiración
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