Aristegui: el libre ejercicio periodístico, centro del litigio

Se defiende un contrato que debería ser modelo

Hoy, audiencia para definir si aprueban medidas cautelares

El reportaje de la Casa Blanca, punto de quiebre para nuestra salida de MVS

Es un momento clave para que los informadores nos enfrasquemos en una seria reflexión sobre cómo andan las cosas en la relación entre los periodistas y los empresarios, sobre cuál es el mejor modelo para que todos ejerzan sus derechos

Blanche Petrich

 Periódico La Jornada

Inmersa en una batalla legal que se libra en varias pistas, la periodista Carmen Aristegui sostiene que lo que ella y su equipo de trabajo están defendiendo frente a la compañía MVS y la mano que mece la cuna es el cumplimiento de un contrato que, por sus alcances, debería ser modelo en la relación entre los periodistas y los empresarios de los medios de comunicación.

No se trata, asegura, de defender solamente el espacio que se logró construir en la barra matutina del noticiario que se escuchaba hasta el 13 de marzo en el 102.5 FM del dial, sino de principios y condiciones de trabajo que aseguren la libertad de expresión de todo el gremio.

Reconoce que en la lucha por los espacios de un periodismo crítico e independiente, hay otros medios de primerísimo orden. No somos, ni mucho menos, los únicos en la pradera.

Y se pregunta: ¿Quién gana con nuestra salida del aire? ¿Quién es quien realmente no quiere que se divulgue la información que investigamos? Y algo aún más incomprensible: ¿Por qué MVS intenta aniquilar un modelo de comunicación que lejos de ser destruido debería repetirse en todo el país, en toda la industria?

Es, apunta, “un momento clave para que los informadores nos enfrasquemos en una seria reflexión sobre cómo andan las cosas en la relación entre los periodistas y los empresarios, sobre cuál es el mejor modelo para que todos –prensa, empresas y audiencias– ejerzan sus derechos para realizar y ofrecer mejores contenidos producto de un trabajo hecho en libertad, resultado del esfuerzo profesional y ético. Esa es la batalla principal, tiene que ver con los contenidos que le damos al público y la conciencia que asuma la sociedad mexicana de sus derechos”.

Pero por lo pronto, mientras varios juzgados especializados en telecomunicaciones enfrentan una avalancha de amparos de ciudadanos que reclaman a MVS y a quien resulte responsable de haberlos privado de su derecho a la información por haber sacado del aire el noticiario matutino de mayor rating en la radio nacional, este lunes Carmen Aristegui enfrenta una audiencia incidental –así se le llama en el argot jurídico–, en la cual el juez Fernando Silva García puede decidir o no otorgarle medidas cautelares a la comunicadora. Si la balanza se inclina en favor de Aristegui, los dueños de la concesionaria MVS deberían permitirle que, al menos mientras se resuelve el fondo del litigio, regrese a los micrófonos. Sólo que, no de manera casual, la empresa anunció el sábado la contratación de otro locutor, Alejandro Cacho, para conducir el espacio que antes encabezaba la popular periodista. O sea, podría responderle al juez que no puede cumplir con su orden con el alegato de imposible resolución.

Así empiezan las escaramuzas de un litigio, o serie de litigios, que implican temas tan esenciales como la relación de la prensa frente al poder político y económico, la libertad de expresión e información de los periodistas, y algo novedoso: el derecho de las audiencias.

La semana pasada un colegiado desechó una orden del juez Meza García, quien dispuso una reunión entre la quejosa y el demandado, Aristegui y MVS, con la figura arbitral representada por mutuo acuerdo en José Woldenberg.

No fue posible. Pero lo importante es que el juzgado octavo haya admitido mi recurso de amparo. El tribunal bloqueó la salida conciliatoria, pero no puso en cuestionamiento la competencia del juez para determinar una suspensión ni puso en entredicho las valoraciones del juez en cuanto a considerar a MVS como una figura de autoridad siendo una empresa concesionaria.

Cuando se juntó el hambre con las ganas de comer

En enero de 2008 la estación W, de Televisa y Grupo Prisa, censuró a Carmen Aristegui y le suspendió su programa. Un año transcurrió de travesía en el desierto. Ninguna concesionaria de radio quería aceptar a una periodista que pidiera, de entrada, un contrato que le garantizara plena libertad en su política editorial.

Pero en 2009 el dueño de MVS, Joaquín Vargas padre, quería volver a tener un espacio de noticias, que había al margen durante un tiempo. Y llamó a Aristegui.

“Se juntó el hambre y las ganas de comer. Cuando nos encontramos de nuevo acordamos condiciones muy de avanzada. Un contrato que otorgaba a la directora del noticiario el control editorial, autonomía, un ombudsman y una figura arbitral para dirimir conflictos. Pusimos en blanco sobre negro los valores fundamentales para ambos.”

“Me solicitaron que esa investigación –de la Casa Blanca– no saliera”, expresa la comunicadora en la charla con La JornadaFoto Víctor Camacho

–¿Hay otros contratos parecidos en la industria de la radio y la televisión?

–Lo desconozco. Me encantaría que existieran otros que permitieran a todos los periodistas poner con todas sus letras el significado de la libertad editorial, al tiempo de mantener una relación seria, profesional, moderna, con las empresas de comunicación.

“Por eso me sorprende y duele que lo que hicimos, que no es moneda común en los medios de comunicación, ahora se quiera dinamitar. El nuestro es, no quiero hablar en pasado, un programa exitoso, de buen rating.”

La casa de la primera dama

–En este proceso, el momento en que sale el reportaje de la Casa Blanca de Las Lomas –Sierra Gorda 150, valuada en 7 millones de dólares– como propiedad de la esposa del presidente Peña Nieto parece ser un punto de quiebre.

–Lo es. Ya lo he dicho: el reportaje no se transmitió en primera instancia en el noticiario de MVS, porque cuando nosotros estábamos aún con la investigación en curso –habíamos hecho consultas en la Presidencia, en la Secretaría de la Función Pública– ellos nos pidieron comprensión.

“Esa información no nos la entregó nadie. Nace de la curiosidad periodística de Rafael Cabrera, quien hojeó Hola en un supermercado y vio el reportaje de la esposa del Presidente diciendo que ese sería su hogar cuando salieran de Los Pinos.

“Fue una conversación difícil. Me solicitaron que esa investigación no saliera en el noticiario. Alegaron lo que yo sé que es cierto: su vulnerabilidad ante el poder político, porque son empresarios que dependen mucho del ámbito gubernamental para sus negocios, sus concesiones, la 2.5, lo que es el negocio principal de MVS.

“Los empresarios en México, en particular los de las concesiones, han estado históricamente bajo el yugo y condicionamiento del gobierno, que sigue afectando la libertad de expresión y los contenidos de la radio y la televisión.

“Les planteo que no podía aceptar censura y menos en un reportaje de esa naturaleza, que la sociedad tenía derecho a saber eso y que no la íbamos a meter en un cajón. Para no generar ruptura con ellos, la salida para nosotros es que la divulgaríamos de otra manera. No nos comprometimos a no hablar de ello en MVS, sino que la estación no fuera la señal de origen del reportaje. Salió en La Jornada y Proceso un domingo.

–¿Anticipaba lo que pasó después?

–Obviamente esto está en el trasfondo de lo que está pasando ahora. La escalada que llevó a nuestra salida –Mexicoleaks y el pretexto del uso de la marca, el despido de los dos reporteros y la imposición de los lineamientos fue en la misma semana. Y ello pasó entre un puente y Semana Santa.

Entre la caja de cristal y la opacidad

Carmen Aristegui lo ve en perspectiva. Esta no es la primera ocasión en que los concesionarios de la comunicación se ven doblegados por el poder político. Este capítulo de construcción autoritaria no es el primero que vivimos con MVS. En el primer capítulo vimos lo insólito: oír a un empresario de medios de comunicación como Joaquín Vargas decir que fue sometido para sacar del aire a una periodista en febrero de 2011. No es la primera vez que esta compañía, y otras que no lo dicen, fue sometida para actuar en contra de sus periodistas.

–Fue su primer despido, cuando reprodujo versiones sobre el presunto alcoholismo del entonces presidente Felipe Calderón.

–Sí, ese tipo de operación que involucró en ese momento al gobierno de Felipe Calderón, a un empresario y a una periodista, nos retrata de cuerpo entero la situación que se está viendo ahora en este caso.

En aquella ocasión Joaquín Vargas fue una caja de cristal y asumió con valentía el costo de decir lo que pasó. Reconoció que Los Pinos le dijo que si recontrataba a la periodista, a su proyecto empresarial se lo llevaba la chingada. Ese capítulo no podemos olvidarlo.

–Ahora, ¿cómo se da esta operación con los hijos de Vargas?

–Se da totalmente opaca, pero tiene ingredientes similares. No es la misma ecuación política. No es lo mismo Calderón de salida que Enrique Peña con casi cuatro años de presidencia enfrente.