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Impiden protesta en Los Pinos contra feminicidios en Juárez.
Foto: Octavio Gómez
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MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones sociales y familiares de
víctimas de feminicidio denunciaron un “estado de emergencia” ante el
incremento de violencia contra mujeres, por ello responsabilizaron al
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de obstaculizar
las declaratorias de alerta de género en entidades como Estado de
México, Morelos y Guanajuato.
En rueda de prensa para anunciar una estrategia conjunta de 13 ONG y
redes de defensa de derechos humanos, campaña a la que se sumó el padre
Alejandro Solalinde, los activistas exigieron una reunión con Osorio
Chong para “que expliqué por qué no se emiten las alertas de género y
qué está haciendo para proteger y garantizar los derechos de las
mujeres”.
En presencia de madres de mujeres que han sido asesinadas en
distintas entidades, los defensores señalaron que darán 100 zapatos
rojos femeninos a la Segob, como parte de sus actividades de protesta.
También informaron que entre 2012 y 2013, al menos 3 mil 892 mujeres
han sido asesinadas, de los que sólo 613 casos fueron investigados como
feminicidios.
Los activistas calificaron la respuesta del Estado mexicano a este
problema como “insuficiente, omisa y negligente”, incluso para
prevenirla, ya que de las 104 mil 470 denuncias por violencia familiar,
sólo se emitieron 29 mil 776 órdenes de protección para las víctimas.
Luego de apuntar que en sólo cuatro entidades federativas, el
Distrito Federal, Campeche, Chiapas y Veracruz, se concentra cerca de
90% de las órdenes de protección, María de la Luz Estrada, del
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), recordó que el
presidente del Sistema para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres es el secretario Osorio Chong, “y si no funciona, se debe a
quien está al frente de esa coordinación, hay que decirlo para no diluir
responsabilidades”.
Al señalar que Osorio Chong ha frenado las declaratorias de alerta de
género en Guanajuato, Morelos y Estado de México, apuntó que en la
última entidad “la actitud es una constante violación de los amparos
ganados por la sociedad civil, y eso no ocurre sin el consentimiento del
secretario”.
Estrada recordó que desde que la entidad era gobernada por Enrique
Peña Nieto, el OCNF detectó un preocupante incremento de los
feminicidios, y de ahí la solicitud de alerta de violencia de género,
asunto que se litiga desde 2010.
La violencia contra las mujeres ha provocado que organizaciones
civiles hayan solicitado alertas también en Oaxaca, Nuevo León, Hidalgo,
Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Guanajuato y Baja
California.
“Estamos ante una emergencia nacional por los feminicidios y lo que
se hace es ocultar la información y simular que se está haciendo algo,
cuando se están asesinado a mujeres y sometiendo a las familias a un
viacrucis en busca de justicia”, apuntó la defensora.
De acuerdo con los datos de las ONG, en el Estado de México de 2005 a
2010 se contabilizaron 900 asesinatos de mujeres, en tanto que de 2011
al 2013 fueron 840, y de éstos sólo 145 fueron considerados
feminicidios, mientras que en 2014 se reportó desaparecidas a 400
menores de 12 años.
En Guanajuato ocurrieron 73 feminicidios sólo en 2013, y un año
después se sumaron 90 más; en tanto que en Morelos, de 2000 a 2013 hubo
530 homicidios y sólo en 2014 se sumaron 103 más.
En un mensaje videograbado Solalinde, director del albergue Hermanos
en le Camino de Ixtepec, Oaxaca, llamó a frenar el “desastre
humanitario”, “la ola de feminicidios y malos tratos” y promover las
alertas de género.
En su representación, Manuel Arellano explicó que de acuerdo con
estimaciones de defensores de migrantes, “cada año desaparecen en
promedio mil migrantes, y de éstos el 30% son mujeres, además de que se
han detectado casos de niñas de entre 12 y 14 años secuestradas, quienes
no estaban acompañadas de adultos”.
Rodolfo Domínguez, de Justicia, Derechos Humanos y Género, informó
que como parte de las acciones para mantener vivas las demandas, las ONG
vigilarán el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso del homicidio de Mariana Lima
Buendía, ocurrido en 2010 en el Estado de México.
El activista recordó que el fallo ordena a la PGJEM la reapertura del
caso y que se emitan lineamientos para la realización de las
investigaciones.
Al recordar que el homicida de Mariana, Julio César Hernández
Ballinas, es un agente ministerial que fue protegido por sus superiores y
luego ascendido a comandante en Chimalhuacán, el activista resaltó que
parte de la sentencia de la SCJN ordena castigar penal y
administrativamente a al menos 20 agentes del MP, cuatro subprocuradores
y dos exprocuradores.
“Hasta ahora no nos hemos reunido con el procurador (Alejandro Gómez
Sánchez), que es el encargado de cumplir la sentencia, pero estaremos
muy vigilantes de que se cumpla porque no estamos dispuestos a aceptar
más simulaciones”, señaló Domínguez, representante de Irinea Buendía,
madre de Mariana.
Fernando Ríos, coordinador de la Red de Organismos Civiles de
Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, consideró que
“hay una negación de la realidad por parte del Estado mexicano, y lo que
vemos es que los gobernantes de todos los partidos tienen la misma
actitud de omisión y negligencia hacia los feminicidios”.
En la campaña también participan la Alianza por los Derechos de las
Mujeres en el Estado de México, Amnistía Internacional, Católicas por el
Derecho a Decidir, Centro Fray Francisco de Vitoria, Feminicidios Nunca
más, así como Académicas en Acción Crítica Permanente y las redes de
Organizaciones Feministas del Estado de México y de los Derechos de la
Infancia en México
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