No evitan violencia, y no garantizan salud y justicia a las mujeres
Las
mujeres y niñas de América Latina (AL) están altamente expuestas a ser
víctimas de violencia sexual en el ámbito público y privado, y pese a
ello los Estados les siguen negando los servicios de salud sexual y
reproductiva, tales como el acceso a las pastillas de anticoncepción de
emergencia (PAE) y el aborto en caso de violación.
Lo anterior lo expone la organización internacional Centro de Derechos
Reproductivos (CDR) en tres publicaciones en las que aborda los casos
de Ecuador, Perú y Honduras, naciones que al mismo tiempo que no
realizan las acciones necesarias para prevenir la violencia sexual,
tampoco garantizan que cuando las mujeres son víctimas de estos delitos
accederán tanto a servicios de salud que les permitan prevenir
embarazos no deseados, como a la justicia y la reparación del daño.
Aunque en esta ocasión se enfoca en esos tres países, CDR sostiene que
la denegación de servicios de salud sexual y reproductiva es algo que
se repite en toda AL.
De acuerdo con la organización, la violencia sexual es una forma de
discriminación y es una violación a los Derechos Humanos (DH), de la
cual al menos una de cada tres mujeres en el mundo es víctima.
Entre el 5 y 40 por ciento de las adolescentes mujeres en Chile, Costa
Rica, Panamá y Perú declararon haber sufrido al menos un episodio de
abuso sexual al interior de su institución educativa.
En las escuelas ecuatorianas, en 2006, se identificó en una encuesta
que una de cada cuatro estudiantes fueron abusadas sexualmente y de
ellas, el 37 por ciento identificó a sus profesores (hombres) como los
perpetradores.
Frente a los casos de delitos sexuales denunciados en Ecuador durante
2007 y 2009, sólo en el 3 por ciento se identificaron y sancionaron a
los responsables.
Como ejemplo de la falta de prevención de la violencia sexual en las
escuelas, está el caso de Paola, una adolescente de 16 años de edad
víctima de abuso y acoso sexual por parte del vicerrector del colegio
público donde estudiaba desde que tenía 12 años.
Ella aseguró haber quedado embarazada y ser presionada para abortar con la ayuda del médico del colegio.
El 12 de diciembre de 2002, Paola ingirió una alta cantidad de fósforo
blanco con el propósito de suicidarse y luego se fue a su colegio,
donde no se le proporcionó el cuidado médico inmediato que requería,
por lo que murió ese mismo día por una intoxicación.
La familia de Paola denunció los hechos antes las autoridades
competentes, pero ninguno de los mecanismos ha sido efectivo, por lo
que el CDR presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que aún no ha emitido su resolución.
Perú –el otro país analizado por CDR– registra una de las tasas de
violencia sexual contra las mujeres más altas en Sudamérica. En los
últimos 10 años se presentaron 63 mil 545 denuncias por violación de la
libertad sexual, en los que las víctimas son sobre todo mujeres,
adolescentes y niñas.
En el país el aborto sólo está permitido cuando la vida o la salud de
la mujer están en riesgo, pero no en el caso de violación. A esta
restricción se sumó que en 2009 el Tribunal Constitucional prohibió la
distribución de la PAE en los servicios de salud pública.
Uno de los casos presentados por el CDR ante instancias internacionales
es el de una joven (cuyo nombre se reserva), quien presentó un embarazo
cuando tenía 13 años de edad debido a las repetidas violaciones que
sufrió por parte de un hombre mayor.
Ella intentó suicidarse saltando al vacío desde el techo de la casa de
un vecino y sufrió una lesión en la médula espinal. Trasladada a un
hospital público, los médicos recomendaron una intervención quirúrgica
urgente para evitar que se consolidara el daño por la caída.
No obstante, la cirugía no se realizó cuando se confirmó el embarazo de
la niña. Pese a que se solicitó formalmente un aborto terapéutico a la
dirección del hospital, la intervención fue negada.
Sólo cuando la niña sufrió un aborto espontáneo, casi tres meses
después de la lesión, fue operada pero la intervención quirúrgica no
impidió que quedara parapléjica.
El caso de L.C. fue presentado en 2009 ante el Comité de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Dos años después, el Comité de la CEDAW determinó que el Estado peruano
era responsable internacionalmente de violar diversas obligaciones
asumidas, y estableció que la prohibición o limitación de los servicios
de salud reproductiva están íntimamente relacionados con la visión
estereotipada de la función reproductiva de la mujer.
Cada tres horas se recibe el reporte de una violación sexual en
Honduras; sólo en 2013 un total de 2 mil 851 casos fueron denunciados,
documentó el CDR.
Pese a esta violencia exacerbada, actualmente las leyes y políticas
públicas en Honduras criminalizan de forma absoluta el aborto, al igual
que prohíben la distribución, uso y venta de la PAE.
Conforme al derecho internacional de los DH, tales medidas que
restringen el ejercicio de los derechos reproductivos son violaciones a
las garantías fundamentales.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario