MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- A partir de la matanza de
Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el
gobierno de Estados Unidos realizó algunos informes en los que
manifiesta su sospecha sobre la complicidad del gobierno mexicano con
los cárteles de la droga y el involucramiento del Ejército en
actividades ilícitas. Como castigo, en el primero de los casos suspendió
la ayuda militar al Batallón 102 del Ejército; en el segundo evitó
definir su postura.
Los documentos que fueron desclasificados a través de la Ley de
Libertad de Información mediante solicitudes realizadas por
investigadores de la organización Archivo de Seguridad Nacional
(National Security Archive), y publicados por The Intercept, una revista
electrónica que sirve, entre otros objetivos, como una plataforma para
informar sobre los documentos publicados por Edward Snowden, revelan que
por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón 102 en
junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, de manera excepcional
Washington paralizó fondos que iban destinados al Ejército.
En el artículo titulado “Autoridades mexicanas implicadas en la
violencia, mientras siguen fluyendo los apoyos”, el investigador Jesse
Franzblau y la reportera Cora Currier mostraron un informe interno del
Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, fechado en octubre de
2014, que menciona que algunas de las 22 víctimas no murieron a causa
del supuesto enfrentamiento con el Ejército sino que fueron ejecutadas
de manera sumaria y que un oficial del Ejército mexicano y siete
soldados habían sido detenidos por los asesinatos y su encubrimiento.
A continuación, en el documento de Comando Norte se menciona: “A
medida que más datos salen a la luz, hay una mayor aceptación de que el
Ejército estuvo involucrado en actos ilícitos”.
Menciona también que si la Secretaría de la Defensa Nacional que
investigaba el caso encontraba que el comandante de la zona militar que
supervisaba al Batallón 102 era encontrado responsable de los asesinatos
de Tlatlaya y estuviera implicado en ‘una grave violación a los
derechos humanos’, entonces ‘toda la zona militar, más 10.000 miembros
del personal, no podrían ser elegidos para recibir asistencia en
seguridad por parte de Estados Unidos’.
En enero otro cable del Comando Norte informa que el Departamento de
Estado había suspendido el financiamiento de Estados Unidos a esta
unidad en espera de los resultados de la investigación.
Esta afirmación fue confirmada por una funcionaria del Departamento
de Estado quien, al ser consultada por The Intercept, señaló que cinco
individuos pertenecientes al Batallón 102 acusado de los asesinatos
extrajudiciales habían recibido entrenamiento del Comando Norte, pero
que ninguno de los capacitados había sido acusado por los asesinatos.
La funcionaria agregó: “El Gobierno de Estados Unidos no ha
proporcionado ninguna ayuda o entrenamiento a miembros del batallón 102,
y no lo hará hasta que haya evaluado los resultados de las
investigaciones relacionadas con este incidente”.
“El caso de Tlatlaya es un inusual ejemplo confirmatorio de que el
Gobierno de Estados Unidos, en efecto, está cesando los fondos dirigidos
a fuerzas de seguridad”, indica el reportaje dedicado a mostrar cómo en
la mayoría de los casos el gobierno estadunidense ignora las
violaciones a los derechos humanos cometidas en México.
El artículo menciona la legislación introducida por el senador
demócrata Patrick Leahy en 1997, conocida como la “Ley Leahy”, que
prohíbe que los Estados Unidos brinde asistencia a fuerzas de seguridad
extranjeras que se sospecha hubieran cometido alguna grave violación a
los derechos humanos.
El mismo reporte fechado en octubre de 2014 aborda también la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre en
Iguala en la que participaron distintos funcionarios públicos,
especialmente el hallazgo de los cuerpos encontrados en las fosas sobre
las que el Comando Norte señala: “(este caso plantea) alarmantes
preguntas sobre el carácter generalizado de la violencia de cárteles en
la región y su nivel de complicidad con el Gobierno”.
The Intercept preguntó a la funcionaria estadunidense sobre si el
Departamento de Estado o el de Defensa habían suspendido algún tipo de
formación o asistencia a las fuerzas de seguridad o a los órganos de
investigación en el estado de Guerrero en castigo por la desaparición de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a lo que se le respondió que desde el
otoño pasado no habían recibido ninguna solicitud de capacitaciones en
esa entidad.
La funcionaria cuestionada no confirmó si se dejó de brindar apoyo
como resultado de las investigaciones derivadas de la desaparición
forzada. En el artículo se señala que es “irregular” el criterio que usa
el Departamento de Estado para cada caso.
El texto menciona que el caso Ayotzinapa fue “sólo una de las
numerosas y recientes atrocidades en México”, pues en junio militares
mexicanos mataron a 22 personas en Tlatlaya y el pasado mes de abril una
investigación periodística (realizada por Laura Castellanos) reveló que
la policía federal había masacrado a 16 personas en Apatzingán,
Michoacán. En los tres casos las autoridades presuntamente trataron de
encubrir los asesinatos.
“En un periodo menor a un año, autoridades locales, federales y
militares se han visto involucradas en estos tres incidentes, lo que
proporciona ejemplos gráficos de la violencia patrocinada por el Estado,
convertida en algo tan común en México”, escribieron los
investigadores.
Los autores mencionaron que la cooperación de Estados Unidos para con
el gobierno mexicano –“que supone miles de millones en apoyo financiero
estadunidense para su guerra contra las drogas”– está bajo un constante
escrutinio y que los documentos obtenidos demuestran que Estados Unidos
“es muy consciente de que su apoyo se dirige hacia autoridades
mexicanas conectadas con esas violaciones”. Y pese a ello (excepto en
ocasiones muy puntuales como el de Tlatlaya) la ayuda a México sigue
fluyendo.
En el texto se menciona que desde 2008, el gobierno de Estados Unidos
ha gastado casi 3 mil millones de dólares en asistencia en seguridad
para México, y gran parte de esto es a través de la Iniciativa Mérida,
una estrategia antidrogas inspirada en el Plan Colombia, mediante la
cual los Estados Unidos canalizan miles de millones de dólares hacia la,
“a menudo brutal”, guerra antidrogas librada por México. A este apoyo
se le suma la venta directa de armas y otros equipos (México es el
principal cliente latinoamericano), que ascendieron a más de 1.15 mil
millones de dólares el año pasado.
Señala también que una gran cantidad de agencias de Estados Unidos
apoyaron al gobierno mexicano para utilizar el espionaje telefónico y el
uso de tecnología biométrica, de acuerdo con cables de la embajada. El
FBI también ha prestado asistencia para recolección en bases de datos de
huellas digitales, según archivos del gobierno mexicano.
“EE.UU. ofrece capacitación a los oficiales en veintiún estados
diferentes, incluidos suministros que van desde ‘equipos de gimnasio
hasta esposas para los entrenamientos’; y entrenamiento para ‘análisis
de inteligencia especializada’. A nivel federal, el cable apunta que
EE.UU. ha brindado formación en áreas de especialidad, que incluyen
‘artefactos explosivos, terrorismo y tráfico de drogas’”.
Desde diciembre de 2012, el Departamento de Estado –según uno de los
documentos declasificados– había financiado casi 4 millones de dólares
en “equipo básico de vigilancia encubierta”, junto con la capacitación
de las agencias de investigación federales mexicanas.
“El Departamento de Estado ha desplegado proveedores para brindar
software, equipos y otros tipos de asistencia para el Centro de Control y
Comando Nacional de México, conocido como el “Bunker”, que es utilizado
por la Policía Federal como un centro de recopilación de información y
de intercambio de inteligencia.
Las agencias de seguridad de México también están conectadas a través
de una red llamada Plataforma México —otro proyecto financiado por
Estados Unidos que une al Bunker con otras agencias federales, estatales
y locales, incluyendo los Comandos regionales y centros de control,
conocidos como C-4”. Dicho C-4 –mencionan– no funcionó para prevenir los
ataques y la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.
El artículo original puede ser consultado en
https://firstlook.org/theintercept/2015/05/08/ayotzinapa-mexico-u-s-security-aid-keeps-flowing/
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