Trabajadoras resisten en plantón mientras JLCyA no resuelve
Las
trabajadoras de la Maquila Cartagena, en esta capital, que hace dos
años estallaron una huelga en demanda de su liquidación ante la quiebra
de la empresa, siguen a la espera de que la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje (JLCyA) resuelva su caso.
Desde junio de 2013 al menos 25 trabajadoras iniciaron un plantón afuera
de la Maquila Cartagena S.A. de C.V. –dedicada a la producción de ropa–
con una pequeña lona en un espacio de apenas cuatro metros cuadrados. A
dos años de distancia, ahora el plantón consta de una carpa de 30
metros de largo en la que hay una cama individual, una estufa eléctrica y
hasta una mesa.
Hasta ahora las mujeres siguen sin respuesta favorable por los juicios
(uno colectivo y varios individuales) que interpusieron ante la JLCyA en
contra de su patrón, Ernesto Kuri Serur.
El empresario enfrenta demandas por no firmar un contrato de trabajo
colectivo con las trabajadoras, por adeudar el pago de la última semana
que se trabajó, y por negar una liquidación justa para todo el personal.
Además, Ernesto Kuri está acusado de no reportar la contribución de las
empleadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a pesar de
retener la cuota, y por no pagar el crédito del Instituto del Fondo
Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de al menos tres
empleadas.
LA VIDA EN UN PLANTÓN
En el plantón (que se ubica en el número 1425 de Calzada de la Viga,
sobre calle Relojeros, colonia El Retoño, al oriente de la Ciudad de
México), las trabajadoras relataron cómo han sorteado los días para no
dejar sin resguardo la maquinaria que queda al interior de la empresa, y
que sobrevivió a un embargo del IMSS en agosto de 2013.
La mayoría de las mujeres que hacen guardia durante el día rebasan medio
siglo de vida, padecen enfermedades relacionadas con la edad y por su
actividad laboral, y no perciben otros ingresos.
En la noche se quedan las más jóvenes que trabajan durante el día y son
madres solteras. Dos compañeros varones, sus parejas y hasta sus hijos
se unieron a las guardias de cuatro turnos, durante las que unos
pandilleros amenazaron con quemar la lona.
Incluso un desconocido explotó intencionalmente una “paloma” cerca de su
tanque de gas, y unos vecinos se orinan a la orilla del plantón y se
justifican con el argumento de que “la calle es de todos”.
Aunque les cueste la salud y la tranquilidad, las mujeres dijeron que
“por mera justicia” no levantarán la huelga, ya que luego de casi dos
años en resistencia esperan al menos que la autoridad laboral obligue a
Kuri a pagar sus liquidaciones completas (algunas de hasta 250 mil
pesos), y tengan que recibir los 25 mil pesos que él les ofrece para
concluir los juicios laborales.
Las trabajadoras también denunciaron que sus sueldos semanales no eran
superiores a los 600 pesos, y que en la “etapa final” de la maquiladora
recibían como abono la mitad de su paga, se les cobraban los minutos que
llegaban tarde, y ellas ponían el agua, el papel y hasta algunos
botones y telas que requería el negocio. (http://www.cimacnoticias.com.mx/node/67254).
BUROCRACIA LABORAL
En entrevista, el abogado de las trabajadoras, Eduardo Díaz Reguera,
explicó que el camino legal para llegar a la resolución del caso está
plagado de obstáculos interpuestos por el propio empresario.
Tras una investigación que solicitó el litigante a organizaciones
civiles canadienses constató que desde 1976, cuando se instaló la
empresa, tuvo cuatro razones sociales diferentes para las cuales se pagó
a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) por un contrato
colectivo de protección que las trabajadoras desconocían.
No obstante, cuando la empresa cambió de razón social a Maquila
Cartagena en 2011, Kuri no pudo pagar al sindicato (como se descubrió
después) y tampoco el sueldo de sus casi 100 trabajadoras –entre
planchadoras, costureras y personal administrativo–, a quienes sólo les
dijo: “Se nos hundió el barco”.
A fin de estallar una huelga sólo por no contar con contrato colectivo,
las trabajadoras se afiliaron al Sindicato de Costureras 19 de
Septiembre, organizaron un plantón afuera de la empresa y solicitaron a
la JLCyA que resolviera el caso.
No obstante los obstáculos son tales que tras 23 meses de vivir afuera
de la empresa, las trabajadoras siguen esperando a que la Junta Local
declare legal su huelga para que el empresario se siente de inmediato a
negociar con ellas, les dé una liquidación justa, les pague los salarios
caídos, y las dé de alta nuevamente ante el IMSS, ya que les faltaba
sólo un año para pensionarse.
Luego de ser denunciado ante la Junta Local, Ernesto Kuri se negó a
firmar un contrato colectivo y a fin de que no estallara la huelga
presuntamente pagó a algunas empleadas y les prometió empleos para que
se opusieran a que sus compañeras ejercieran este derecho.
Al final, el empresario presentó dos escritos con las firmas de
trabajadoras contrarias a la huelga, por lo que la Junta llamó a las
personas que aparecían en la lista (en la que no estaba todo el
personal) e hizo el recuento de votos.
Con sólo 20 votos a favor de la huelga y 80 en contra, el defensor legal
de las trabajadoras interpuso un amparo para alegar que el padrón de
empleados que estaba usando la Junta no era un documento confiable, ya
que lo elaboró el propio empresario.
Ese mismo día (24 de septiembre de 2013), el amparo permitió que las y
los trabajadores declararan formalmente la huelga; sin embargo, un mes
después, la JLCyA suspendió este efecto porque el empresario firmó un
contrato colectivo con el Sindicato Nacional Unidad Obrera de
Trabajadores y Empleados de la Industria Textil en General de la
República Mexicana, también de protección.
El abogado objetó nuevamente la resolución, ya que el contrato colectivo
debía estar firmado antes de que estallara la huelga y no después, lo
que concedió hasta febrero de este año a las trabajadoras la oportunidad
de hacer un nuevo recuento en el que otra vez resultaron vencidas,
pero por una oposición menor.
Con otro amparo, el abogado Eduardo Díaz demostró que la Junta sigue
usando el mismo padrón que presentó el empresario, ya que los informes
del IMSS revelan que dio de baja al personal desde marzo de 2012 y no
puede aportar un padrón confiable.
Aunque la Junta concedió nuevamente el amparo no ha publicado para qué
efecto; es decir si se hará un nuevo recuento o si debe iniciar de nuevo
el proceso para declarar legal la huelga.
A decir del litigante, estas trabas benefician principalmente a Kuri,
quien gana tiempo para convencer a las trabajadoras que rechacen la
huelga y, en el caso de las denuncias individuales, acepten los 25 mil
pesos que ofrece a cambio de darles en el futuro un empleo.
Prueba de ello es que hace 15 días el empresario llegó al plantón para
pedir “perdón” a las trabajadoras, y que le permitan sacar su maquinaria
y “empezar en otro lugar”.
Con argumentos paternalistas, como que son una familia y todas necesitan
apoyarlo, el empresario pretende convencer a las mujeres para que
desistan de su lucha, aseguró Díaz.
Lo más difícil –contó el abogado– ha sido hacer ver a las empleadas que
su patrón no les está dando lo que laboralmente merecen, ya que muchas
de ellas (quienes llevaban hasta 40 años trabajando en la empresa)
sienten un gran aprecio por la familia de Kuri y por el mismo empresario
a quien “ven solo y en bancarrota”.
Sin embargo, de acuerdo con indagatorias del abogado, Kuri y su familia
son dueños de toda una cuadra sobre Calzada de la Viga; además, el
empresario tiene un taller de óptica a un lado del plantón, que está
junto a una preparatoria particular donde presuntamente da clases por la
mañana, y es probable que hasta tenga otro taller de costura.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa Cimacnoticias
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