La Redacción
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| Familiares de los 43 marchan por el 1 de Mayo en la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO, D.F. (apro).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), que asesora a las autoridades gubernamentales y a los padres de
los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, presentó hoy los
resultados de la tercera etapa de su trabajo en el país con cuatro
recomendaciones puntuales:
Reactivar inmediatamente la búsqueda de los estudiantes, reclasificar
el delito a desaparición forzada, acceso al cuartel del 27 Batallón,
para entrevistar a los soldados e integrar en un solo expediente las 13
causas penales abiertas sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de
septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, con el fin de mantener la
conexidad de los delitos, permitir el acceso a la justicia de las
víctimas y evitar la pérdida de evidencia.
En conferencia de prensa, Carlos Beristáin y Claudia Paz,
argumentaron que por lo menos se tiene una docena de quejas de los
procesos por tortura, tratos crueles y alteraciones al debido proceso,
los cuales fueron presentados ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Con base en “numerosos testimonios y cruces de información”, el grupo
de expertos dio a conocer también que la noche del 26 de septiembre los
estudiantes llegaron a Iguala después del evento que presidió la
presidenta del DIF y esposa del entonces alcalde y que el ataque se dio
en otro lugar. Las autoridades, aseguraron, sabían desde un inicio de
que se trataba de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que se
encontraban en acciones de boteo y toma de autobuses.
A petición de los familiares y las autoridades, el GIEI gestionó un
encuentro entre un numeroso grupo de familiares de los normalistas y
Enrique Galindo, Comisionado General de la Policía Federal. Éste se
llevó a cabo el 5 de mayo pasado, y acordaron continuar con el proceso
de búsqueda hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas
desaparecidos.
También se propuso a la PGR realizar nuevas diligencias para
completar la investigación del expediente, debido a que muchas de ellas
se encuentran pendientes.
Los integrantes del GIEI continúan sus gestiones para entrevistarse
directamente con los miembros del 27 batallón de infantería del
ejército, destacamentado en Iguala, Guerrero; así como con agentes
federales, con el fin de completar información fuera del ámbito
judicial, sin embargo a mes y medio de haber hecho esta solicitud, aún
no se tiene respuesta.
Después de un examen de la investigación, el GIEI externó su
preocupación por la dispersión de los procesos y de la consignación de
presuntos responsables vinculados al caso de la desaparición de los 43
normalistas.
Explicaron que existen más de 13 causas penales radicadas en seis
juzgados de distintas ciudades del país: Matamoros, Tamaulipas; Iguala,
Guerrero; Cuernavaca, Morelos; Toluca, Estado de México y Guadalajara,
Jalisco, mientras que los presuntos responsables se encuentran en
prisiones de Tepic, Nayarit; Jalisco y el Estado de México.
Por ello, sugirieron que se unifique la investigación para que no se
pierda la visión integral de los hechos; no se dificulte el encuentro
entre los consignados, sus familias y sus representantes legales;
acortar distancias y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia y
evitar situaciones de inseguridad, además de que se garantiza que
existe un adecuado acercamiento al proceso.
El GIEI, dijeron, considera fundamental esta medida con el fin de
evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el
patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos
cometidos, lo que considera que es clave para determinar la
responsabilidad del modus operandi.
Por último, pidieron que se reclasifique el delito a desaparición
forzada y que se investiguen otros: “se configura el delito de
desaparición forzada, no de secuestro, aunque también se presentaron
otras graves violaciones de derechos humanos y delitos como tortura en
el caso de Julio César Mondragón Fontes; así como tentativas de
homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia y abuso de
autoridad; uso no adecuado de la fuerza, además de lesiones y amenazas,
sufridas por los normalistas sobrevivientes”.
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