John M. Ackerman
Como
el piloto del vuelo 9525 de Germanwings que estrelló intencionalmente
su avión en los Alpes franceses con 150 pasajeros a bordo, Enrique Peña
Nieto ha soltado la palanca de mando y se prepara para saltar de la
aeronave justo antes de que el régimen estalle en llamas. Todo parece
indicar que nos encontramos inmersos en un camino sin retorno de
fragmentación y autodestrucción del régimen de simulación democrática.
Lo que sigue será un proceso de brutal consolidación autoritaria o el
surgimiento de una amplia alianza popular para el rescate de la patria.
Solamente un gobierno totalmente inepto sin ninguna estrategia de
combate al crimen organizado permitiría que un pequeño destacamento de
narcotraficantes de tercera tirara del cielo de Jalisco un helicóptero
militar fuertemente armado y comandado por el grupo de élite más
poderoso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sólo un gobierno bajo
el control de los funcionarios más sádicos y corruptos permitiría la
repetición una y otra vez de masacres criminales como las de Tlatlaya,
Ayotzinapa y ahora Apatzingán. Y solamente un gobierno sin ninguna
vergüenza o responsabilidad hacia la población utilizaría su poder
para acumular casas de lujo, con los casos más recientes involucrando a
Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Enrique Miranda, así como para forrar
los bolsillos de sus amigos contratistas, ahora se suma el caso OHL al
del Grupo Higa.
Cada día más comunicadores son asesinados, secuestrados y
silenciados. La semana pasada en Veracruz el periodista Armando Saldaña
Morales fue ejecutado con cuatro balazos en la cabeza y
Bernardo Javier Cano fue privado de su libertad en Iguala, Guerrero.
Mientras, cada mañana se vuelve más pesado e insoportable el silencio
generado por la ausencia de Carmen Aristegui.
La brutal represión este sábado a los jornaleros en pie de lucha en
San Quintín, Baja California, constituye una elocuente estampa de la
total descomposición del sistema político en manos de un grupo de
personas sin ética alguna. Los trabajadores agrícolas no demandan más
que un salario digno, prestaciones básicas y algunos días de descanso.
La respuesta, evidentemente coordinada entre los gobiernos estatales y
federal, fue entrar por la fuerza al campamento de trabajadores triquis
para violentar y atemorizar a la población. El gobierno despótico
demostró que ha perdido cualquier capacidad de autorregulación o de
consideración para los derechos humanos.
El régimen está desesperado. Los videos difundidos la semana pasada
de candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cometiendo
delitos electorales a plena luz del día con el fin de acarrear votos
evidencian un alto nivel de preocupación. En Naucalpan, el candidato a
diputado federal por el PRI, David Sánchez, ofrece mil pesos por cada
voto en su favor (véase: http://ow.ly/MLUjq
) y en Zacatecas el también candidato a diputado federal por el PRI,
Benjamín Medrano, abiertamente condiciona la entrega de ayudas
gubernamentales al apoyo electoral por el partido en el poder (véase: http://ow.ly/MLUwb ).
Ambas acciones violan flagrantemente la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que castiga con cárcel a quien
solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensao
amenace con suspender los beneficios de programas socialesa cambio de apoyo electoral. El nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, tiene la obligación legal de investigar de oficio y a fondo estos abiertos atropellos. Y aunque es difícil imaginar que lo hiciera, el funcionario peñista también tendría que encabezar personalmente una cruzada pública en contra de estas prácticas fraudulentas.
Otra acción desesperada del gobierno que viola flagrantemente el
marco legal es la colocación de la seguridad pública bajo mando militar
en cada vez más estados. Hace un par de meses Peña Nieto designó al
general Felipe Gurrola Ramírez nuevo comisionado para la seguridad en
Michoacán y la semana pasada nombró al general Gustavo González
coordinador de la Operación Jalisco. Al colocar fuerzas civiles de
seguridad pública bajo el mando directo de las fuerzas armadas se viola
frontalmente el artículo 129 de la Constitución, que señala que
en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. No sería nada exagerado suponer que algunos actores en el gobierno quisieran imponer un gobierno militar en todo el país.
La enorme crisis que hoy vive el Estado mexicano constituye una
oportunidad de oro para la acción social. La autodestrucción del
régimen de simulación desnuda cada vez más claramente el carácter
inepto, sádico, corrupto, cínico y represor del sistema vigente. Pero
la tempestad apenas inicia y hay que discernir con mucho cuidado la
naturaleza de la coyuntura que se avecina. Avancemos con pies de plomo,
sin sectarismos y con la más amplia apertura a todas las expresiones de
resistencia social y política.
Twitter: @JohnMAckerman
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