Salvador García Soto
(Foto: ESPECIAL)
Mucho se ha hablado del poder absoluto de los gobernadores de los estados en los últimos años. Incluso, para ironizar sobre el autoritarismo que enraizó en algunas entidades de la República, a partir del debilitamiento y acotamiento del presidencialismo iniciado en el año 2000, se les llamó “virreyes” a los mandatarios estatales. Pero ahora, en plena época electoral, surgen denuncias y señalamientos sobre acciones e injerencias de algunos gobernadores en campañas políticas más allá de sus estados.
Apuntalando intereses y proyectos políticos, a veces personales y a veces de grupo, varios mandatarios locales han metido las manos en los procesos electorales en curso no sólo en sus entidades, que sería lo común, sino en otros estados de la República a donde mandan apoyos económicos y políticos —operadores, estructuras y recursos materiales— para los candidatos de sus partidos.
En Oaxaca, por ejemplo, se afirma que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, apoyó recientemente con recursos económicos a los 11 candidatos del PRI a diputados locales. Fuentes del PRI estatal aseguran que el dinero de Chiapas fue enviado por el gobernador a través de Eviel Pérez Magaña, senador priísta de Oaxaca, quien se reunió con los abanderados Beatriz Rodríguez Casanova, Gabriela Olvera, Yarid Tanos, Antonio Amaro Cancino, Heliodoro Díaz, Carlos Sarabia y Cándido Cueto, entre otros, a los que entregó cantidades que van de los 500 mil y un millón de pesos “como apoyo del gobernador Velasco a sus campañas”, dijo Eviel.
Al mandatario de Puebla, Rafael Moreno Valle, el dirigente nacional del PRI, César Camacho, lo acusa de desplegar su estructura para apoyar a candidatos del PAN en varios estados. “El gobernador poblano ha estado siendo sujeto no sólo de denuncias políticas sino algunos señalamientos jurídicos. El PRI ha registrado y ha hecho pública la presencia de operadores inevitablemente involucrados con el gobernador poblano al menos en Querétaro, en Veracruz, en San Luis Potosí, en Jalisco y Colima. De tal forma que queremos que no sólo actúe conforme a la ley, también conforme a la ética política, que respete las jurisdicciones y que en Puebla se conduzca con rectitud y con sensibilidad social”, dijo Camacho el pasado 26 de abril durante un acto de campaña en Puebla.
En el PRD también hay casos de extraterritorialidad de gobernadores. Al de Morelos, Graco Ramírez, lo señalan, por ejemplo, de estar enviando recursos económicos para apoyar las campañas del PRD en algunos estados, principalmente en Michoacán y Guerrero, donde se habla de apoyos a Silvano Aureoles y a Beatriz Mojica. Qué tan “generosa” será la ayuda de Graco a su partido —en aras quizás de construirse una candidatura presidencial en 2018— que entre los perredistas ya le llaman “el nuevo Aguirre del PRD”, en alusión al papel de financiero del partido que alguna vez jugó el depuesto Ángel Aguirre Rivero y que hoy le atribuyen al mandatario morelense.
No son los únicos casos de mandatarios que buscan extender su poder y su influencia política más allá de los límites de sus estados. Algunos buscan construir, a fuerza de dinero, lealtades y redes para apuntalar aspiraciones presidenciales; otros simplemente pagan favores y se creen en la obligación de “ayudar” a sus partidos, pero seguro ninguno de ellos lo hace de su bolsillo y más bien se muestran generosos con el dinero de los contribuyentes de sus estados. Hasta hora en todos los casos son denuncias y señalamientos públicos y periodísticos, la pregunta es si en algún momento se denunciarán legalmente estas injerencias que suponen un desvío descarado de recursos públicos.
NOTAS INDISCRETAS… Trabajadores de la presa hidroeléctrica Chicoasén II, que construye la CFE en Chiapas, denuncian que los trabajos en esa megaobra podrían cerrarse parcialmente en los próximos días debido a la presencia de “agitadores del DF” que mantienen bloqueados los caminos de acceso al proyecto desde hace una semana por disputar el contrato colectivo de trabajo. Se refieren a los líderes Mercedes Lara, Jorge Alberto Cortés y María de Jesús Olvera —ésta última dirigente de la CTM en Chiapas—, quienes encabezan un grupo de 40 personas que exigen les otorguen el contrato de trabajo que hoy tiene el SUTERM. La tensión en la zona crece y el cierre de la obra afecta a 700 familias de la región, además de a proveedores y prestadores de servicios. ¿Será Chicoasén II una reedición de la fracasada Parota en Guerrero o alguien en el gobierno federal tomará cartas en el asunto?... Los dados mandan Serpiente. Mal tiro.
sgarciasoto@hotmail.com
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