Los gobiernos federal y en los estados no impulsan políticas públicas enfocadas ni acciones afirmativas, para acabar con el empleo precario al que acceden las mujeres.
Así lo señaló la investigadora especializada en Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Flérida Guzmán Gallangos, al participar en el conversatorio “Condiciones laborales de las mujeres y economía de cuidado”, al que convocó la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Red de Mujeres Sindicalistas.
A decir de la experta en economía y género, no basta con que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) haya promovido desde su llegada a la Presidencia una política para transversalizar el enfoque de género, cuyos resultados podrían ser de largo aliento.
Observó que es necesario que se exija a los centros de trabajo (del sector privado, gubernamental, de organizaciones civiles y del hogar) que implementen acciones afirmativas, para que las condiciones laborales de las mujeres no sean precarias como es –sin grandes cambios desde hace muchos años– la situación actual de las trabajadoras.
Para demostrar esta precariedad, Guzmán Gallangos analizó la información correspondiente a los segundos trimestres desde 2005 a 2014, que recoge la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Tras sus hallazgos, la investigadora explicó que 50 por ciento de las trabajadoras de 15 años de edad y más gana como máximo dos salarios mínimos, sin que las cifras varíen desde 2005.
A esto se suma que 61 por ciento de la población femenina ocupada no cuenta con servicios de salud, y quienes sí tienen este beneficio no es como parte de una prestación, sino porque se registraron en el Seguro Popular o el programa federal Prospera.
Además, 29 por ciento de las mujeres laboran en el sector informal –que incluye el agropecuario–, lo que conlleva a condiciones de precariedad por la falta regulación y ausencia total de las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo.
Y las trabajadoras que tienen una ocupación parcial o están desempleadas con deseos de ocuparse suman una tasa de 14 por ciento, en comparación con la de los varones que es de 8 por ciento.
Si bien la precariedad laboral es generalizada para toda la población trabajadora, las mujeres enfrentan mayores desventajas, ya que ellas laboran menos horas remuneradas que los varones y ganan en promedio por cada hora 19 pesos, mientras que ellos perciben hasta 22 pesos.
Como parte de las conclusiones, Flérida Guzmán puntualizó que si bien el marco internacional en materia laboral y para la igualdad entre mujeres y hombres ha sido una plataforma para reconocer derechos femeninos en el trabajo, es necesario que se actualicen porque los procesos económicos de ahora suponen nuevos desafíos para la población femenina que “rebasan” estas normativas.
Por ejemplo, el artículo 11 (sobre empleo) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) –así como los diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– no establecen que los empleos de las mujeres no deben ser precarios, que los salarios no sólo sean igual al de los varones, sino que sean decentes y justos, y que haya mayor claridad sobre los tiempos de descanso.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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