Miguel Carbonell
Algo deben estar haciendo muy mal los partidos y los candidatos, cuando los principales protagonistas de las campañas electorales son las autoridades encargadas de organizar los comicios. Si contamos los titulares de la prensa y el espacio en los medios de comunicación (o incluso las caricaturas de nuestros periódicos), es más la atención que se les pone a las discusiones del Consejo General del INE y a las sentencias del TEPJF, que a las propuestas (¿las hay?) de campaña de los partidos y candidatos.
De hecho, una parte no menor del debate político actual tiene que ver con la actitud beligerantemente ilegal del Partido Verde, esa suerte de franquicia familiar, diseñada desde el principio como un mecanismo político para recaudar dinero e influencia a favor de un pequeño grupo de personas (primero una familia y luego un grupo un poco más extenso). Las multas impuestas al Partido Verde han sido cuantiosas y todo parece indicar que se verán incrementadas en las próximas semanas. Además, decenas de miles de ciudadanos han reunido firmas y las han presentado ante la autoridad electoral pidiendo que se le retire el registro al Partido Verde. En las columnas de opinión se le ha llamado “partido canalla” en repetidas ocasiones, entre otros calificativos igualmente representativos de su mala imagen entre la “comentocracia”. Incluso en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se organizó una mesa redonda con especialistas en la que se discutió si procedía o no dejarlo sin registro.
Es lamentable que en vez de estar discutiendo sobre los problemas que en verdad afectan a la gente, como la inseguridad, los bajos salarios, la falta de crecimiento económico, el alto precio de la gasolina, el ruinoso estado de nuestras calles y carreteras, el mal funcionamiento del Metro en el caso del DF (o la falta de un buen transporte colectivo en la mayoría de las ciudades del país), etcétera, tengamos que estar pendientes de las trapacerías de los partidos. Parece que no hemos avanzado nada y que los miles de millones de pesos que destinamos cada año a los asuntos electorales son la peor inversión de nuestra historia. La gente está cada vez más harta del bajísimo nivel de quienes aspiran a representarnos. La clase política que nos gobierna está repleta de profundos fracasados.
En Sonora, por ejemplo, se tienen graves problemas que merecerían propuestas sensatas y viables por parte de los aspirantes a la gubernatura, pero lo que ha dominado las campañas han sido las descalificaciones de unos y otros, así como las denuncias de actividades ilícitas de los dos candidatos punteros. En Nuevo León y Jalisco nos hemos enterado de la forma bastante “curiosa” y nada limpia en que actúan los familiares de los gobernantes, así como del enorme poder adquisitivo que uno tiene cuando accede a la gubernatura. En Michoacán afloran fotos de algún candidato con personajes de dudosa reputación. Y así por el estilo.
En fin: parece que estamos sumidos en un grave atolladero. Y no se ve que haya en el horizonte una opción política que pueda revertir el profundo desánimo que invade a una parte de la población. Se está fecundando el terreno para la aparición de opciones populistas o extrasistémicas, que podrían borrar de un plumazo a los partidos tradicionales y propiciar una severa regresión autoritaria. Tampoco en ese escenario saldremos bien librados. Estamos fritos.
Investigador del IIJ-UNAM.
@MiguelCarbonell
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