Grupos
de mujeres abren refugios y centros de atención para mujeres, niñas y
niños en situación de violencia extrema; inician con sus propios
recursos porque el Senado, los gobernadores, los congresos de los 32
estados siguen sin entender y atender sus responsabilidades. Son las
activistas que hasta la fecha han fundado 43 refugios para víctimas,
junto con un puñado de personas éticas infiltradas en el servicio
público, quienes lograron vínculos profesionales entre las instancias de
salud y desarrollo social con las organizaciones civiles para crear un
registro adecuado de defensoras civiles y de víctimas. Por si fuera
poco, la idea de las feministas de que se necesitaba una ley general
para abordar adecuadamente la violencia contra mujeres y niñas, desde la
comprensión hasta la prevención, atención y estrategias para
erradicarla, se hizo realidad cuando las activistas, filósofas y
expertas en feminismo y jurisprudencia se infiltraron, como heroínas
salvadoras del País, en el Congreso de la Unión. Crearon la ley federal
de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia; una regulación de
tal factura que no deja nada fuera y exige, con procedimientos
específicos y fechas límites, que todos los congresos locales la
aprueben y apliquen. ¿Quién sabotea la ley? Los gobernadores, algunos
legisladores y jueces estatales que se niegan a obedecer los nuevos
paradigmas jurídicos. Todos ellos viven de nuestros impuestos.
Desde
la Ciudad de México, pasando por Cancún, Morelos y Sinaloa, la gente
sale a las calles para con recursos propios construir topes frente a las
escuelas, tapar baches, sembrar árboles, poner botes de basura y
mejorar parques. Sí, porque la autoridad local está ocupada robándose el
dinero. ¿Quién los regaña? La policía que, en algunos lugares, ha
exigido que destapen el bache de nuevo o les llevarán a la cárcel. Esa
policía que vive de nuestros impuestos.
En Sinaloa, hartos de ser
señalados siempre como la cuna del crimen organizado, sin reconocer la
extraordinaria fuerza de la sociedad civil por promover la cultura de la
legalidad y por educar a niñas y niños contra la corrupción, un grupo
de jóvenes (activistas, empresarios y periodistas) aplicó metodologías
de primera para documentar la violencia cotidiana. Su nombre es
#VePorSinaloa y lograron demostrar con precisión los tipos de violencia y
el serio incremento de asesinatos dolosos (de hombres y mujeres). El
trabajo es impecable, no solamente cruzan información oficial,
investigan y explican con claridad dónde y cómo incrementa la violencia,
con propuestas concretas y factibles para que toda la sociedad se
involucre en la prevención de la violencia y en la impartición de la
justicia con reparación del daño.
¿Quién ignora esta realidad e
intenta desacreditar el impresionante trabajo de la sociedad civil? Las
autoridades locales. El llamado al gobernador Quirino Ordaz sigue sin
respuesta, él y todos los servidores públicos viven de nuestros
impuestos.
No existe un estado de la República Mexicana, de
Veracruz a Nayarit, de Chiapas a Sonora, de Baja California a Guerrero y
Yucatán, en que la sociedad civil no haya creado en la última década
nuevos paradigmas de ciudadanía, desarrollado nuevos modelos de atención
a víctimas, de protección a niñas y niños, de detección de delitos, de
compilación de información, de localización de fosas clandestinas donde
yacen miles de personas registradas como desaparecidas. Nunca antes la
Suprema Corte de Justicia había recibido tanta atención y exigencia de
la ciudadanía. Aquellos institutos de las mujeres que en realidad
funcionan son los dirigidos por mujeres apartidistas que están
preparadas y tienen grandes convicciones cívicas y éticas. Nunca como
ahora las y los periodistas no alineados al poder se han dedicado a
capacitarse para comprender cómo documentar los derechos humanos,
mientras aprenden a proteger su integridad a razón de amenazas de muerte
y ataques gubernamentales para desprestigiarles. Nunca en los últimos
40 años había visto a una sociedad tan unida al rescate de este País tan
abandonado por sus gobernantes. Nunca en estas décadas había visto a
tantos políticos tan unidos con la delincuencia organizada, encabezados
por su presidente, promotor de la corrupción como un recurso cultural
propio de los partidos políticos. Recorrer el País me ha recordado el
verdadero poder de periodistas y sociedad civil, hartos, sí, pero
inquebrantables.
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