By Nancy Flores / @Nancy_Contra
A
los órganos de inteligencia del Estado mexicano les alarman los niveles
de corrupción que ha alcanzado nuestro país. No se trata de simples
percepciones del problema, sino de un trabajo exhaustivo que ha
involucrado a la inteligencia civil y militar, y que ha revelado una
crisis generalizada tanto en el ámbito público como en el privado.
Según
se desprende de las evaluaciones consultadas, la gravedad del flagelo
ha aumentado en estos últimos años: fines del sexenio de Felipe Calderón
y lo que va del de Enrique Peña Nieto. A la par, ha aumentado la
percepción social de que aquí reina tanto la corrupción como la
impunidad.
Entre los casos que más han contribuido a esta idea generalizada están la propia casa blanca
de Angélica Rivera, esposa del presidente; así como el descarado
peculado en el que habrían incurrido gobernadores de los partidos
Revolucionario Institucional –Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, César
Duarte en Chihuahua y Roberto Borge en Quintana Roo–, Acción Nacional
–Guillermo Padrés en Sonora– y de la Revolución Democrática.
Según
el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) –los dos órganos de inteligencia que dan la cara
en las evaluaciones consultadas– el tema no es menor: la seguridad
nacional está en grave riesgo. Además, la corrupción es uno de los
principales alicientes para el descontrolado lavado de dinero.
Durante años, el gobierno ha sido ciego y sordo
ante este problema. Pero éste parece haberse desbordado, según se
desprende de las más recientes alertas generadas por los órganos de
inteligencia del país.
Tan sólo en la Agenda Nacional de Riesgos –documento ultraconfidencial al que Contralínea
tuvo acceso y en el que participan el Cisen y los órganos de
inteligencia militar– figura como una de las 10 peores amenazas a la
seguridad nacional.
Además, la Primera evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo,
elaborada por la UIF, señala sus efectos potenciadores de otros
ilícitos, de tal suerte que el daño que hace la corrupción al país es
incalculable.
Y es que ésta posibilita los crímenes que mantienen a
México en estado de catástrofe humanitaria. Ejemplo de ello es la
protección a la mafia y a los violadores de los derechos humanos, misma
que depende de su capacidad corruptora. Son los sobornos los que doblan a militares y policías; a jueces, magistrados y ministros, que acaban torciendo la ley a favor de empresarios, narcotraficantes, estafadores, asesinos, violadores.
En el sector empresarial se ha institucionalizado el llamado diezmo,
esa cuota que, sin inmutarse, paga la iniciativa privada –nacional y
extranjera– para ganar licitaciones públicas en los tres niveles de
gobierno. También están los contratistas “amigos” que cobran favores.
En
su evaluación, la UIF de plano admite que en los últimos años se ha
registrado un retroceso en el tema. “Si bien no se tiene un diagnóstico
preciso de la magnitud de la corrupción en México, los estudios que
miden la percepción de este fenómeno realizados por diversos organismos
internacionales y organizaciones de la sociedad civil ubican a nuestro
país en los sitios más desfavorables a nivel mundial e incluso mostrando
un retroceso en los últimos años”.
El órgano de inteligencia en
materia financiera trata de matizar la alerta: “es posible que ello se
deba al aumento de la mayor exposición pública de los actos de
corrupción y una mayor transparencia en los procesos”.
No
obstante, admite que esta percepción revela que “los esfuerzos
anticorrupción que el Estado mexicano ha realizado en su estructura
legal e institucional, muchos promovidos por su adhesión a las tres
Convenciones Internacionales Anticorrupción de la Organización de las
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, no se han traducido en
la instrumentación de políticas públicas integrales y efectivas para
mitigar este flagelo”. En este contexto, es previsible que el Sistema
Nacional Anticorrupción tampoco funcione, como no servirá la Ley 3 de 3, que nadie obedece.
Según
la UIF, “la percepción de la corrupción que reina en un gran sector de
la población es un elemento que pudiera vulnerar fuertemente nuestro
sistema de prevención y combate a los flagelos [de lavado de dinero
y financiamiento al terrorismo], ya que constituye un facilitador para
la comisión de delitos, sin que ello impida la represión de éstos, por
lo que se concluye entonces que la vulnerabilidad es ALTA” (sic).
Y
es que el beneficiario de los actos corruptos (sean sobornos, cohechos,
fraudes, peculado, evasión de impuestos, etcétera) necesariamente busca
ocultar que el origen de sus ingresos es un ilícito. Así que acaba lavando el dinero sucio obtenido gracias a la posición que ocupaba en un determinado momento.
En
cuanto al impacto de la corrupción, la UIF indica que las
consecuencias sociales y políticas se consideran de un alto grado, para
las económicas se tiene un grado medio, mientras que las financieras se
encuentran en un grado bajo. En términos generales, ubica al flagelo con
un impacto general alto.
A la Unidad de Inteligencia Financiera
también le preocupan los niveles de impunidad. Respecto del caso de los
delitos del fuero común, detalla que las cifras totales reportadas en el Censo nacional de procuración de justicia estatal 2015
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que, en
promedio el 53.9 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas
fueron determinadas y 39.9 por ciento quedaron pendientes de concluir,
durante 2012 a 2014.
“En cuanto a los delitos del fuero federal
se destaca que se observa una disminución continua en el porcentaje de
consignaciones con y sin detenido, pues pasaron de 36.7 a 25.2 por
ciento entre 2012 y 2014. Por tales motivos se concluye que existe una
falta de certeza jurídica y una alta percepción de impunidad, por lo que
la vulnerabilidad en este sentido es ALTA” (sic).
En su
evaluación, la UIF agrega que, en relación al impacto de este factor en
los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
financiamiento al terrorismo, las consecuencias sociales y políticas se
consideran de un alto grado, mientras que las económicas se encuentran
en un grado bajo, “por lo que se tiene un impacto ALTO” (sic).
Es
hora de que la corrupción se combata en serio y se procese a quienes
han incurrido en ella sin importar su investidura o su posición
económico-empresarial.
Nancy Flores
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