La victoria electoral de Donald Trump anuncia impactos graves y preocupantes en el mundo en general, pero en el caso de México resultan particularmente severos, habida cuenta de la retórica racista, específicamente antimexicana, que fue uno de los arietes de campaña del magnate neoyorquino. Independientemente de lo que Trump pueda y quiera hacer una vez instalado en la Casa Blanca, la sola noticia de su triunfo provocó un derrumbe bursátil y cambiario extremadamente negativo para nuestro país. No es para menos: sus veladas amenazas de abandonar el Tratado de Libre Comercio (TLC), su pretensión de gravar las exportaciones mexicanas con 35 por ciento, su plan de confiscar las remesas de los connacionales para financiar la construcción de la valla fronteriza y su ominosa advertencia de emprender deportaciones de millones de migrantes provocarían un cataclismo en la economía y la sociedad mexicanas.
Analistas de ambos países consideran, sin
embargo, que lo que el presidente electo ofreció como programa de
gobierno es irrealizable en su mayor parte, incluidas sus agresivas
ocurrencias contra México. Sobre el muro fronterizo se ha mencionado que
su construcción enfrentaría dificultades geográficas, legales,
políticas y económicas que llevarían al gobierno de Trump a un
atolladero de años; el decomiso de los envíos de dinero para financiar
semejante obra sería ilegal, además de muy difícil de aplicar por
razones administrativas; una salida estadunidense del TLC conllevaría
una pérdida casi inmediata de puestos de trabajo que provocaría un salto
brutal en el desempleo en ambas naciones; el impuesto a las
importaciones desde México sería, a fin de cuentas, un gravamen interno
inaceptable para innumerables empresas que han trasladado a nuestro
territorio parte de sus cadenas de producción; la deportación en masa de
indocumentados tendría un costo astronómico para el erario y
consecuencias sumamente negativas para la economía.
No sería
oportuno minimizar la seriedad de la situación; los señalamientos
referidos indican, simplemente, que en el horizonte de corto plazo no
hay catástrofe segura para nuestro país y que la voluntad de Trump será
sólo uno de los factores que determinen el rumbo del próximo gobierno
estadunidense.
Por lo que a México
respecta, esta difícil coyuntura debiera conducir al inmediato abandono
de la política económica en curso desde hace casi tres décadas, que
apostó todo a la integración con el vecino del norte, le entregó la
fuerza de trabajo de nuestra población como insumo de bajo costo y
descuidó el fortalecimiento de la producción, la investigación y el
mercado internos. Esa estrategia errónea y trágica fue acompañada por un
torpe achicamiento de las funciones, propiedades y potestades del
Estado y ello se tradujo en una constante cesión de soberanía, en una
creciente dependencia y, como se ha visto ahora, en una peligrosa
vulnerabilidad nacional.
México debe abandonar la absurda idea de
depositar sus expectativas de crecimiento en la economía del país
vecino, ir tomando distancia con respecto al TLC y fijarse como
objetivos prioritarios el impulso a un mercado interno robusto y capaz
de dar sustento a la producción propia, la soberanía alimentaria, la
dignificación del campo, la reducción de la desigualdad social, la
redistribución de la riqueza, el rescate de los recursos naturales
entregados al extranjero por la reforma energética y la consecución de
índices de desarrollo humano en lugar de tasas de competitividad.
Una
tarea impostergable es salir en defensa efectiva y resuelta de la
población mexicana que vive y trabaja al otro lado de la frontera, hoy
más amenazada que nunca en sus derechos humanos, su integridad, sus
propiedades y sus familias; cada gesto de debilidad u omisión de las
autoridades mexicanas incrementará el riesgo de que sean víctimas de
atropellos adicionales a los que ya enfrentan de manera regular. Las
instituciones deben estar preparadas para acudir a las instancias
internacionales, si es preciso, para denunciar cualquier maltrato que
sufra un ciudadano mexicano en Estados Unidos.
Finalmente, otra
lección que los miembros del grupo gobernante y la clase política
debieran extraer del reciente episodio electoral estadunidense es que
deben evitar toda intromisión en asuntos políticos de otros países,
sobre todo cuando se trata de Estados Unidos, no sólo porque es una
práctica indebida, sino porque a la larga se traduce en graves daños al
país.
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