Gema Villela Valenzuela Cimacnoticias | Ciudad de México.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDH) exigió al gobierno de Sonora y a la Secretaría de Gobernación que cesen las prácticas intimidatorias contra las personas que se oponen al gasoducto que está en construcción en el territorio de los 8 pueblos de la tribu Yaqui y frenen cualquier intento de incriminación a las indígenas que integran la organización Jamut Boo’o.
La coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (Rnddhm), Flor Goche, dijo en entrevista con Cimacnoticias que enviaron un comunicado al gobierno federal y estatal para que garanticen los derechos de la etnia Yaqui y den medidas de protección y seguridad a las mujeres que promueven los Derechos Humanos.
La Red de defensoras (con presencia en 23 estados del país e integrada por 222 mujeres defensoras y periodistas) reprobó la violencia generada en la comunidad de la Loma de Bácum y expresó su preocupación por la vida e integridad física y psicológica de las personas que viven en ese lugar, quienes han recibido amenazas de quema de sus casas si continúan en la defensa de su territorio.
Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.- La senadora y diputada constituyente Lucero Saldaña Pérez presentó ante la Asamblea Constituyente una propuesta para que en la Carta Magna capitalina se establezca el principio de paridad en diputaciones locales, en la integración de alcaldías y en el gabinete de Gobierno.
La legisladora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó la propuesta porque la paridad (igualdad) en candidaturas a diputaciones y senadurías como principio constitucional en el ámbito federal, logró aumentar la representación femenina en el Congreso de la Unión.
En este sentido la iniciativa es para que la Constitución Política de la capital del país asegure la aplicación del principio de paridad horizontal (en las presidencias municipales) y vertical (en el total de las planillas) tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, y en las alcaldías.
Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.-En el país 23 mil 605 niñas de 12 a 14 años están casadas, viven en unión libre o se encuentran separadas de su pareja, es decir, no son solteras, según un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
A su corta edad son niñas que al vivir en pareja corren varios riesgos: embarazos y partos prematuros, muerte por gestación o complicaciones en el parto, deserción escolar y la reproducción de la pobreza en su descendencia.
Ante esta realidad el 5 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio.
Esta acción legislativa pretende favorecer el desarrollo y las oportunidades de tener un proyecto de vida de 19.4 millones de niñas y adolescentes de 12 a 17 años de edad (16.2 por ciento de la población mexicana) según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Lydia Cacho Cimacnoticias | Ciudad de México.- Grupos de mujeres abren refugios y centros de atención para mujeres,
niñas y niños en situación de violencia extrema; inician con sus propios
recursos porque el senado, los gobernadores, los congresos de los 32
estados siguen sin entender y atender sus responsabilidades. Son las
activistas que hasta la fecha han fundado 43 refugios para víctimas,
junto con un puñado de personas éticas infiltradas en el servicio
púbico, quienes lograron vínculos profesionales entre las instancias de
Salud y Desarrollo Social con las organizaciones civiles para crear un
registro adecuado de defensoras civiles y de víctimas.
Por si fuera poco, la idea de las feministas de que se necesitaba una ley general para abordar adecuadamente la violencia contra mujeres y niñas, desde la comprensión hasta la prevención, atención y estrategias para erradicarla, se hizo realidad cuando las activistas, filósofas y expertas en feminismo y jurisprudencia se infiltraron, como heroínas salvadoras del país, en el Congreso de la Unión.
Crearon la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; una regulación de tal factura que no deja nada fuera y exige, con procedimientos específicos y fechas límites, que todos los congresos locales la aprueben y apliquen. ¿Quién sabotea la ley? Los gobernadores, algunos legisladores y jueces estatales que se niegan a obedecer los nuevos paradigmas jurídicos. Todos ellos viven de nuestros impuestos.
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