Aleida Calleja
La aprobación de estos legisladores fue en la época en la que aún no
entraba a la competencia ImagenTV y los ratings aún no eran tan
desfavorables para Televisa.
Estos
dos temas han acaparado la atención pública en las últimas semanas, en
ambos hay sendas responsabilidades del poder legislativo y del poder
ejecutivo. Veamos.
Sobre las llamadas narcoseries tanto TV Azteca
como Imagen TV las transmitieron antes de sus noticieros estelares, con
la entrada de esta última televisora se incentivó la competencia para
luchar por las audiencias y vieron en esta estrategia una forma de
ganarlas. Estas series se pasan en horarios en los que la niñez y
adolescencia están expuestos a la televisión abierta, la diferencia con
la TV de paga y de las OTT como Netflix, entre otras, o internet es que
en éstas pueden habilitarse los controles parentales para restringir su
acceso a los menores de edad, mientras que en la abierta no, por lo que
los menores están expuestos a contenidos de violencia que amenazan su
desarrollo y contravienen la Ley General para los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes y varios artículos de la Ley Federal de
Radiodifusión y Telecomunicaciones (LFTR).
El problema central es
el horario en que las televisoras transmiten dichas series, porque
afectan directamente a la niñez, una parte de la población con mayor
vulnerabilidad que requiere de medidas especiales por parte de las
agencias estatales para su protección.
Habrá que recordar que en
su momento varias instancias alertamos del desacierto que implicaba que
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) se
fragmentara la tutela de los derechos de las audiencias entre el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de
Gobernación (SEGOB). Hoy, están a la luz las consecuencias.
En
noviembre del 2015, la SEGOB publicó nuevos lineamientos de
clasificación de los horarios de contenidos audiovisuales vulnerando los
derechos de la infancia al pasar a la clasificación B programas con
escenas de violencia, sexo implícito, consumo de alcohol o tabaco desde
la cuatro de la tarde en lugar de que se pasaran después de las ocho de
la noche, aún a sabiendas que en los horarios de antes de las ocho de la
noche una buena parte de la infancia en México ve la televisión
abierta, pues de acuerdo al estudio del IFT de marzo del 2015 reveló que
la audiencia infantil mira la TV hasta las diez de la noche.
Sin
embargo, pese a las denuncias que en su momento hicieron varias
organizaciones y especialistas sobre los lineamientos de la SEGOB, que
hasta donde se sabe ni siquiera consultó al IFT al respecto, tanto Lía
Limón como Zoé Robledo ambos presidentes de las comisiones de Radio,
Televisión y Cinematografía en diputados y senadores respectivamente,
los avalaron[1].
La
aprobación de estos legisladores fue en la época en la que aún no
entraba a la competencia ImagenTV y los ratings aún no eran tan
desfavorables para Televisa. Por eso llama poderosamente la atención que
el último día de octubre estos congresistas emitieran un comunicado,
ahora sí, “preocupados” por las audiencias infantiles expuestas a las
narcoseries y llamen a la SEGOB y al IFT a tomar cartas en el asunto
para remover esos contenidos a otros horarios.
¿Por qué cuando
tuvieron la oportunidad de legislar en la materia no lo hicieron? ¿nos
podría explicar el senador Robledo porqué en la discusión de la LFTR no
hizo nada por evitar que la SEGOB siguiera contando con la facultad de
vigilar los contenidos audiovisuales? ¿Nos podrían explicar esos
legisladores las razones fundadas y motivadas de porqué avalaron los
lineamientos de SEGOB en contra de la niñez en diciembre de 2015 y casi
un año después los denostan? Ya en la preocupación por las audiencias
podrían bien estos presidentes de las comisiones de RTC preguntarle
formalmente porque a más de un año de la consulta pública respectiva el
IFT aún no emite los Lineamientos Generales de Derechos de las
Audiencias, como también legislar en la materia para componer el
entuerto de que la SEGOB siga teniendo injerencia en la regulación de
contenidos, pues históricamente ha sido omisa frente a los derechos de
las audiencias, especialmente de la niñez.
El pasado 2 de
noviembre la periodista Miriam Posada público que fuentes de Televisión
Azteca aseguraron que Televisa ha iniciado una campaña de presión para
que la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de SEGOB,
encabezada por Andrés Chao, prohíba la transmisión de las narcoseries,
con la intención de que Televisa detenga el desplome de su audiencia[2].
Esperemos que estos legisladores estén haciendo sus reclamos por una
genuina preocupación por la niñez de este país y no por otros motivos.
Red Compartida
El
viernes 4 de noviembre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), anunció que el consorcio formado por Rivada Networks y Spectrum
Fortier quedó fuera del proceso de licitación por no cumplir cabalmente
con la garantía de seriedad por mil millones de pesos, por lo que sólo
quedo en la recta final el consorcio Altán, en el que participan las
empresas mexicanas Axtel y Megacable.
Declan Ganley, presidente
ejecutivo de Rivada Networks, emitió mensajes a través de Twitter
acusando a la SCT de haber privilegiado indebidamente a su competidor,
puesto que habían cumplido con todos los requisitos establecidos en la
licitación, aunque lo cierto es que la empresa no entregó en tiempo y
forma la garantía de seriedad.
Este conflicto puede poner en vilo
al proyecto más importante de este gobierno federal en materia de banda
ancha y conectividad, que requiere de una inversión de 7 mil 500
millones de dólares en una de las bandas más preciadas para el servicio
de banda ancha móvil, la banda del 700 Mhz, pues Ganley ya anunció que
impugnarán la decisión ante tribunales con lo cual se retrasaría más
este proyecto, que de suyo ya tiene un retraso de dos años y que debería
de conectar a por lo menos el 70 por ciento de los hogares en México.
Aunque la impugnación legal puede no proceder por la nueva Ley de
Amparo,
este es un nuevo episodio más del conflictivo camino que
ha tenido la creación de la Red Compartida y es grave porque pone en
riesgo su viabilidad. Por lo pronto la SCT anunció que el proceso
continuará y darán el fallo el 17 de noviembre para determinar si Altán
desplegará la red.
Revés a Aristegui
El día
de ayer el empresario Joaquín Vargas emitió desplegados en periódicos
para dar a conocer que ganó el litigio contra la periodista Carmen
Aristegui por el prólogo del libro sobre la casa blanca, la acusa de
haber mentido y dañado su honor, pero el triunfo de Vargas aún tiene que
esperar pues es posible recurrir esta decisión por parte de la
periodista ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperemos que
esta instancia finalmente se decida a atraer el caso para ir al fondo
del asunto. Lamentable me parece la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, lo comentaremos en mi próxima
colaboración.
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