Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
El
titular del Ejecutivo federal tiene como sello distintivo de su
gobierno un permanente desfasamiento con los tiempos que marcan los
reclamos ciudadanos y su tardía respuesta no sólo para abordar las
exigencias sino para enviar a los demandantes un elemental acuse de
recibo.
Y la tardanza le
costó mucho, muchísimo, a Enrique Peña en el caso de los 43
desaparecidos de Ayotzinapa, caso que marcó un antes y un después de su
gobierno, y en el que tardó más de una semana en reaccionar y lo hizo
endilgando toda la responsabilidad a Ángel Aguirre, su socio político.
Circunstancia que explica por qué no es molestado ni siquiera con un
citatorio ministerial.
En
el caso de las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, la reacción
presidencial brilló por su ausencia. Primero el Ejército alteró la
escena del crimen y el mexiquense Eruviel Ávila cerró filas con el alto
mando hasta que medios extranjeros obligaron a sus pares mexicanos a
informar del tema.
Valga
lo anterior para subrayar que Peña Nieto propone, acertadamente, que
“Frente a los desafíos del crimen organizado y los reclamos sociales que
demandan terminar con la violencia y la inseguridad, durante los
últimos dos años de esta gestión es posible, entre sociedad y gobierno,
impulsar una política de Estado en materia de seguridad cuya vigencia
sea transexenal”.
Lo hizo
Enrique Peña en respuesta a planteamientos de María Elena Morera
–presidenta de Causa Común y antes de México Unido contra la
Delincuencia, organismo al que nunca entregó cuentas del manejo de los
recursos económicos–, en los que describió un panorama crítico de la
inseguridad, donde septiembre fue el más violento con EPN, y “el país se
acerca a los momentos más violentos del sexenio pasado”.
Sexenio,
por cierto, en el que Morera colocó a familiares en la Secretaría de
Seguridad Pública que encabezó el ahora muy enriquecido Genaro García
Luna, proveedor del gobierno que jura “Mover a México”.
El
Consejo Nacional de Seguridad “practica la unanimidad del inmovilismo.
Lo que predomina es sálvese quien pueda, porque los municipios le
quieren delegar sus funciones y responsabilidades de seguridad a los
estados, y los estados a la Federación. Y la Federación preside, pero
sólo en el discurso”; denunció Morera Mitre.
Frente
a la “delegación perversa de responsabilidades”, la señora María
propuso que “los gobiernos, partidos, organizaciones empresariales,
académicas y sociedad civil acordemos un pacto por una política de
Estado en materia de seguridad” pública.
En
respuesta, Peña defendió su última estrategia de concentrarse en los 50
municipios donde se produce el 42 por ciento de los delitos. Y repitió
la letanía de priistas y panistas a partir de 1994: “La participación
del gobierno de la república es subsidiaria, es en apoyo y en respaldo.
No puede ser permanente, porque no hay capacidad suficiente”.
La
tendencia del repunte delictivo data de septiembre de 2015 y hasta
ahora lo reconoce el abogado y administrador de empresas, aunque también
exige como disco rayado que a su gobierno se le reconozcan los avances
en seguridad pública. Reconozcámoslo, pues, antes de que sea demasiado
tarde y se generalice la alarmante pero comprensible práctica de hacerse
justicia por propia mano.
No
es tarde para materializar el discurso de lo transexenal, uno de los
favoritos de Felipe Calderón, y ver más allá de la coyuntura y los
negocios de un gobierno. Negocios que no florecerán sin más y mejor
seguridad pública.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario