Ciudad de México. El Programa Quédate en México, que desde 2019 obliga a las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos (EU ) a esperar en México mientras resuelven sus procedimientos migratorios, expone a las mujeres y sus familias a los peores delitos: secuestro, extorsiones, violaciones, tortura y desapariciones forzadas.
Esto se dio a conocer durante la presentación del informe “En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al Programa Quédate en México”, que elaboraron Asylum Access México con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) y Washington Office on Latin America – WOLA.
De acuerdo con el informe, de enero de 2019 hasta octubre de 2020, más de 68 mil personas (se estima entre 40 y 45 por ciento mujeres) sujetas a dicho Programa han sido devueltas desde los EU hacia ciudades de la frontera norte mexicana, donde quedan expuestas al crimen organizado.
“EU nos mandó a la boca del lobo.`Si quieres vivir en esta colonia, tienes que pagarnos. Ellos nos golpearon repetidamente, nos quitaron la ropa y nos violaron. Las mujeres que tienen un poco de cuerpecito, las levantan y no las encuentran´”, es uno de los testimonios recogidos para esta investigación.
De acuerdo con la directora ejecutiva de Fundación para la Justicia,Ana Lorena Delgadillo, este acuerdo fue firmado por un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que no tenía la facultad de firmar esta política migratoria que, al mismo tiempo, es un tratado internacional. El acuerdo se hizo sin consultar al Senado de la República y sin coordinación con la Secretaría de Gobernación.
Si bien el gobierno mexicano admitió bajo esta política recibir a personas migrantes no mexicanas (quienes huyen de una situación de riesgo o violencia en su país de origen) como una medida humanitaria, no les ha garantizado acceso a servicios de salud, educación, alimentación, trabajo ni seguridad. Por el contrario, las envía a las ciudades más peligrosas del país, como Tamaulipas, donde el propio país del norte ha emitido alertas a su ciudadanía para que no viaje a ellos.
A esto se suma que México dijo que no aceptaría a mujeres embarazadas o personas con alguna vulnerabilidad, pero en la realidad se tiene documentado que Estados Unidos también ha deportado a estas mujeres sin garantizarles ningún servicio sexual o reproductivo.
Hasta mayo de 2020 cerca de mil 114 personas sujetas al programa han sido víctimas de secuestro, violación sexual, extorsión, tortura y asesinato. En total, 256 niñas y niños fueron víctimas de secuestro e intento de secuestro, según los datos recogidos en el reporte.
Sobre la situación particular de las mujeres, la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kuhner, detalló que las mujeres que están dentro de este programa han declarado a la organización que tienen miedo de salir de los albergues o los campamentos en los que viven por el miedo a ser secuestradas, como ha ocurrido en otros casos.
Por ejemplo, una joven de 18 años, embarazada, fue secuestrada. Su mamá pagó en EU más de 3 mil dólares a través de giros bancarios. “Hay muchísimas familias de madres con niñas y niños que están esperando en México, Si son los hombres quienes están trabajando fuera del albergue son las mujeres y los niños quienes se están quedando pero sin acceso a los servicios”, detalló la defensora.
Estos delitos no han sido investigados ni atendidos por las autoridades por lo que este 15 de diciembre las organizaciones presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (PGR) para que el Estado tome responsabilidad sobre los delitos que están ocurriendo en Tamaulipas. Esta denuncia incluye los pagos bancarios y otras pruebas proporcionadas a las organizaciones por las propias víctimas.
A esta acción se suman dos amparos, uno en la Suprema Corte de EU y otro en la Suprema Corte mexicana, interpuestos por las organizaciones y que impugnan este programa por la violación a derechos constitucionales en ambos países.
Estas personas podrían estar viviendo con sus familiares en EU, esperando sus procesos de asilo allá y no estar expuestas. No obstante, “Al aceptar la implementación del Programa Quédate en México, el gobierno mexicano se hizo cómplice de las políticas de crueldad desplegadas por la administración de Donald Trump, ya que el Programa también incluye a personas en especial situación de vulnerabilidad, como embarazadas, personas con condiciones médicas graves, personas indígenas no hispanohablantes, y otras, quienes no reciben protección a su integridad y vida mientras esperan en México en zonas de alto riesgo y en el contexto de la pandemia de COVID-19. El Programa Quédate en México es manifiestamente contrario a la Constitución mexicana, a la ley interna y al Derecho Internacional, pues pone en riesgo la integridad, la vida y salud de las personas migrantes y solicitantes de asilo”, dice el informe.
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