Legisladoras panistas objetaron la iniciativa de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia

Esta ley obliga al Estado a impedir directamente todo tipo de agresiones a niñas, jóvenes y ancianas. Garantizaría la seguridad e integridad de víctimas de violación y ataques de género.

La jornada,
ANDREA BECERRIL

El Senado aprobó ayer en lo general la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, primera de esta legislatura, que obliga al Estado Mexicano a intervenir de manera directa para impedir todo tipo de agresiones a niñas, jóvenes y ancianas, además de garantizar la seguridad e integridad de las víctimas de violación y ataques de género mediante "órdenes de protección y la intervención policial correspondiente".

Se trata de una ley trabajada en la anterior legislatura, aprobada en primera instancia en el Senado en abril de 2005, modificada luego en la Cámara de Diputados y que está a punto de ser enviada al Ejecutivo para su promulgación. Sin embargo, la discusión continuará el martes, toda vez que el PAN objetó y se reservó 19 artículos.

Los coordinadores del PRD y el PRI, Carlos Navarrete y Manlio Fabio Beltrones, respectivamente, cabildearon fuerte a fin de que la ley pudiera ayer aprobarse, por lo menos en lo general, dada la férrea oposición de senadoras del PAN, en especial de la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, la regiomontana Blanca Judith Díaz Delgado, quien inclusive planteó retirar el dictamen.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia tipifica los "delitos contra la seguridad de las víctimas", en el caso de conductas omisivas de las autoridades encargadas de cumplir las órdenes de protección y plantea inclusive la reparación del daño por ilícitos relacionados con la discriminación, la violencia sexual y familiar, así como el feminicidio, a través de indemnizaciones por daño moral y material.

Una parte central que se incorporó en San Lázaro a la ley fue la alerta de género, similar a las alertas por fenómenos naturales como sismos o huracanes, y que consiste en establecer una serie de acciones en los tres niveles de gobierno, en casos como los asesinatos seriales de mujeres en Ciudad Juárez.

Este es uno de los muchos puntos objetados por la panista Díaz Delgado, a quién se liga con grupos ultraconservadores y que se le recuerda por haber impulsado en el Congreso de Nuevo León una reforma a la Constitución local, para que en unos de sus artículos estableciera el respeto a la vida "desde el momento mismo de la concepción''.

Ayer, después de que se desechó su moción para retirar el dictamen, Díaz Delgado argumentó en tribuna que le "preocupa" que una ley general establezca las bases de coordinación, pero excluya de la misma a dos niveles de gobierno. Aludió a la inconstitucionalidad de varias partes de la ley.

''¡Quiero ver que un violador solicite amparo!''

Sentadas en el área de invitados, las ex diputadas Marcela Lagarde, Angélica de la Peña y Malú Micher ­quiénes impulsaron en San Lázaro los cambios a la legislación que ayer se discutió­ explicaban a senadores y senadoras de todos los partidos el alcance real de la legislación.

En tribuna, el perredista Pablo Gómez planteó que ya es hora de que México cumpla con los convenios internacionales que ha signado, al incluir en su legislación medidas para evitar la violencia de género. "Algunos se oponen a que se diga qué hacer a estados y municipios, pero un tratado lo dice y debe ser obedecido".

El perredista insistió: "Esta ley obliga al Estado en su totalidad a organizarse de tal manera que se defienda el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Reducir el asunto a los códigos penales es la mejor forma de no resolver nada. Debemos llevar a las entidades públicas a coordinarse para aplicar las medidas necesarias, así cuando una mujer pida auxilio porque alguien está a punto de golpearla, la autoridad ya no podrá decirle que regrese una vez que ya la hayan agredido".

El senador Gómez Alvarez advirtió asimismo que la autoridad que debe encabezar las acciones contra la violencia de género es la Secretaría de Gobernación, no el Instituto Nacional de la Mujer, como pretendían los panistas.

La senadora del PRI Amira Gómez Tueme argumentó también en favor de la ley ante el pleno. Señaló que el Congreso tiene la responsabilidad de contribuir para que los acuerdos internacionales tengan resultados concretos en pro de las mujeres y niñas mexicanas. "Ni las costumbres, ni la cultura, ni la tradición pueden utilizarse para negar derechos humanos y nada puede justificar la violencia contra las mujeres".

Igualmente, la senadora del Verde Ecologista, Ludivina Menchaca, se manifestó en favor de la legislación. Sin embargo, PRI y PAN sólo lograron que se aprobara en lo general. Al final, tanto Navarrete como Beltrones acudieron a la galería de invitados para platicar con las diputadas Lagarde, De la Peña y Micher y sostener que se hará todo lo posible por lograr los consensos, a fin de que el martes se apruebe también en lo particular la ley.

Ante la preocupación de las panistas de que puede haber amparos contra la ley, Micher exclamó: "¡Quiero ver que un violador o un golpeador de mujeres solicite amparo!"

Mujeres por la democracia condena y repudia la objeción del PAN en la iniciativa de ésta ley y ejercerá presión mediante todos los recursos legales para obligar a esta fracción parlamentaria a no dilatar ni entorpecer y mucho menos impedir que ésta ley se apruebe. Es inconcebible incluso que la misma presidenta de la Comisión de Equidad y Género Blanca Judith Díaz Delgado haya pensado en retirar el dictamen aludiendo inconstitucionalidad en 19 de los artículos propuestos. Se requiere de esta ley para combatir y detener efectivamente la violencia de género.

Hilda Venegas
Abogada perito criminalista.