Ocuparon la Comisión de Feminicidio y el Ceameg
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 31 dic 07 (CIMAC).- El 2007 cierra con avances de la derecha en San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, al posicionarse el Partido Acción Nacional (PAN) en lugares estratégicos para las mujeres, antes en manos de las fracciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o de otras agrupaciones identificadas como “de izquierda”, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Espacios como la Comisión Especial de Feminicidio, encabezada durante la legislatura anterior por una feminista con trayectoria reconocida por el movimiento de mujeres, la antropóloga Marcela Lagarde, y el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres (Ceameg), cuya dirección estuvo hasta julio de este año a cargo de la también feminista Teresa Incháustegui, pasaron a manos de la fracción panista.
Desde enero de este año empezó el jaloneo en San Lázaro por la Comisión Especial de Feminicidio. La diputada de Convergencia, la feminista Martha Tagle, dio la batalla pretendiendo obtener el apoyo de sus correligionarias para disputar la presidencia, pues por su iniciativa fue que durante esta legislatura se reinstaló la comisión.
Cabe recordar que esta comisión se instaló durante la anterior legislatura luego de la presión de grupos feministas y legisladoras interesadas en el tema para visibilizar la violencia contra las mujeres que culmina en asesinatos y que se ha extendido hacia toda la República mexicana.
Por otra parte, el Ceameg continuaba sin operar, porque seguía sin definirse la integración de su Comité, el cual, según sus lineamientos, debe estar conformado por diputadas y diputados de todos los partidos políticos para garantizar la pluralidad.
El Centro tiene como finalidad servir de apoyo y auxiliar a las distintas comisiones de la Cámara para garantizar la aplicabilidad de la perspectiva de género en todas las acciones legislativas emprendidas por ésta, como es el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Realizar acciones gubernamentales que poco a poco resuelvan el problema de la inequidad en el país y el goce de los derechos de las mujeres es otra de las finalidades del Ceameg, quien deberá definir las políticas públicas y sociales necesarias para resolver la inequidad por condición de género y discriminación por edad.
Desde entonces, el PAN estuvo presionando fuertemente para que fueran sus legisladoras quienes se posicionaran en ambos lugares, pese al descontento de las feministas que, en reiteradas ocasiones, manifestaron su rechazo y pidieron que estos lugares fueran ocupados por diputadas comprometidas con el género, toda vez que Acción Nacional, señalaron, “nunca han mostrado un interés por los derechos de las mujeres”.
Ya para febrero, en una “negociación”, más que en una discusión, a decir de algunas diputadas como Elsa Conde, del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, y de la propia Tagle Martínez, de Convergencia, se decidió que quien presidiría la Comisión de Feminicidios fuera la diputada María Sofía Castro Romero.
Por ello, las diputadas feministas manifestaron su rechazo a que Acción Nacional quedara al frente de la Comisión y el Centro porque, dijeron, no se garantizaba la pluralidad en la toma de decisiones.
Además, los comités que integran dichas instancias se integraron con mayoría panista, dejando fuera a partidos como Convergencia, Alternativa y Nueva Alianza.
Para mediados de año, y de manera “inexplicable”, señalaron algunas feministas, los coordinadores de las bancadas del PAN, PRI y PRD en San Lázaro, solicitaron la renuncia de la doctora Teresa Incháustegui Romero en la dirección del Ceameg.
Aunque en un principio las legisladoras habían amenazado con renunciar en caso de que ocurriera la renuncia de Incháustegui, lo cierto es que no lo hicieron, Teresa Incháustegui fue destituida y su lugar fue ocupado por la panista María Soledad Limas Frescas.
ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS
Entre las discusiones de este año en la Cámara estuvieron las reformas a la Constitución, la paridad y el Presupuesto de Egresos de la federación.
En este último, como cada año, las diputadas “salieron al quite” para la distribución de los recursos a los programas para las mujeres.
Fue así que lograron que éstos tuvieran montos asignados para continuar funcionando, lo que les valió el reconocimiento de organizaciones civiles con trabajo en el tema, que agradecieron a Marisela Contreras, Elsa Conde, Susana Monreal, Martha Tagle y Marina Arvizu, por el “empuje” para garantizar la continuidad de algunos programas para mujeres.
No ocurrió lo mismo en el tema de la paridad, donde las reformas electorales y al Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe) “cerraron” los espacios para las mujeres al omitir el párrafo en la minuta del Senado que se refiere a que las mujeres de todos los partidos políticos tendrán una representación 50-50 en relación con los hombres.
Algunas de las iniciativas aprobadas este año, tanto en el Senado de la República como en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), fueron las reformas a los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de explotación sexual infantil, que define tipos penales de pornografía, turismo sexual infantil y lenocinio.
En el mismo tenor, la ALDF aprobó a mediados de este año un paquete de reformas al Código Penal y de Procedimientos a los mismos Códigos, en los que fijó penas de hasta 66 años de prisión a pederastas y a quienes cometan violaciones, abuso y hostigamiento sexual contra menores de 12 años de edad.
INICIATIVAS PENDIENTES
Entre otras iniciativas presentadas este año en el Congreso de la Unión se encuentran la Ley de protección a madres solteras, la Ley de Protección al sexoservicio y las reformas a la Ley General del Trabajo con perspectiva de género, que incluye reformas para el trabajo doméstico realizado mayoritariamente por mujeres, todas ellas pendientes de discusión.
En cuanto a la Ley General de Salud que propone la inclusión de un apartado sobre derechos y salud sexual y reproductiva, su discusión quedó pendiente desde la LIX legislatura y ni siquiera fue retomada este año.
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 31 dic 07 (CIMAC).- El 2007 cierra con avances de la derecha en San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, al posicionarse el Partido Acción Nacional (PAN) en lugares estratégicos para las mujeres, antes en manos de las fracciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o de otras agrupaciones identificadas como “de izquierda”, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Espacios como la Comisión Especial de Feminicidio, encabezada durante la legislatura anterior por una feminista con trayectoria reconocida por el movimiento de mujeres, la antropóloga Marcela Lagarde, y el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres (Ceameg), cuya dirección estuvo hasta julio de este año a cargo de la también feminista Teresa Incháustegui, pasaron a manos de la fracción panista.
Desde enero de este año empezó el jaloneo en San Lázaro por la Comisión Especial de Feminicidio. La diputada de Convergencia, la feminista Martha Tagle, dio la batalla pretendiendo obtener el apoyo de sus correligionarias para disputar la presidencia, pues por su iniciativa fue que durante esta legislatura se reinstaló la comisión.
Cabe recordar que esta comisión se instaló durante la anterior legislatura luego de la presión de grupos feministas y legisladoras interesadas en el tema para visibilizar la violencia contra las mujeres que culmina en asesinatos y que se ha extendido hacia toda la República mexicana.
Por otra parte, el Ceameg continuaba sin operar, porque seguía sin definirse la integración de su Comité, el cual, según sus lineamientos, debe estar conformado por diputadas y diputados de todos los partidos políticos para garantizar la pluralidad.
El Centro tiene como finalidad servir de apoyo y auxiliar a las distintas comisiones de la Cámara para garantizar la aplicabilidad de la perspectiva de género en todas las acciones legislativas emprendidas por ésta, como es el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Realizar acciones gubernamentales que poco a poco resuelvan el problema de la inequidad en el país y el goce de los derechos de las mujeres es otra de las finalidades del Ceameg, quien deberá definir las políticas públicas y sociales necesarias para resolver la inequidad por condición de género y discriminación por edad.
Desde entonces, el PAN estuvo presionando fuertemente para que fueran sus legisladoras quienes se posicionaran en ambos lugares, pese al descontento de las feministas que, en reiteradas ocasiones, manifestaron su rechazo y pidieron que estos lugares fueran ocupados por diputadas comprometidas con el género, toda vez que Acción Nacional, señalaron, “nunca han mostrado un interés por los derechos de las mujeres”.
Ya para febrero, en una “negociación”, más que en una discusión, a decir de algunas diputadas como Elsa Conde, del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, y de la propia Tagle Martínez, de Convergencia, se decidió que quien presidiría la Comisión de Feminicidios fuera la diputada María Sofía Castro Romero.
Por ello, las diputadas feministas manifestaron su rechazo a que Acción Nacional quedara al frente de la Comisión y el Centro porque, dijeron, no se garantizaba la pluralidad en la toma de decisiones.
Además, los comités que integran dichas instancias se integraron con mayoría panista, dejando fuera a partidos como Convergencia, Alternativa y Nueva Alianza.
Para mediados de año, y de manera “inexplicable”, señalaron algunas feministas, los coordinadores de las bancadas del PAN, PRI y PRD en San Lázaro, solicitaron la renuncia de la doctora Teresa Incháustegui Romero en la dirección del Ceameg.
Aunque en un principio las legisladoras habían amenazado con renunciar en caso de que ocurriera la renuncia de Incháustegui, lo cierto es que no lo hicieron, Teresa Incháustegui fue destituida y su lugar fue ocupado por la panista María Soledad Limas Frescas.
ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS
Entre las discusiones de este año en la Cámara estuvieron las reformas a la Constitución, la paridad y el Presupuesto de Egresos de la federación.
En este último, como cada año, las diputadas “salieron al quite” para la distribución de los recursos a los programas para las mujeres.
Fue así que lograron que éstos tuvieran montos asignados para continuar funcionando, lo que les valió el reconocimiento de organizaciones civiles con trabajo en el tema, que agradecieron a Marisela Contreras, Elsa Conde, Susana Monreal, Martha Tagle y Marina Arvizu, por el “empuje” para garantizar la continuidad de algunos programas para mujeres.
No ocurrió lo mismo en el tema de la paridad, donde las reformas electorales y al Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe) “cerraron” los espacios para las mujeres al omitir el párrafo en la minuta del Senado que se refiere a que las mujeres de todos los partidos políticos tendrán una representación 50-50 en relación con los hombres.
Algunas de las iniciativas aprobadas este año, tanto en el Senado de la República como en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), fueron las reformas a los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de explotación sexual infantil, que define tipos penales de pornografía, turismo sexual infantil y lenocinio.
En el mismo tenor, la ALDF aprobó a mediados de este año un paquete de reformas al Código Penal y de Procedimientos a los mismos Códigos, en los que fijó penas de hasta 66 años de prisión a pederastas y a quienes cometan violaciones, abuso y hostigamiento sexual contra menores de 12 años de edad.
INICIATIVAS PENDIENTES
Entre otras iniciativas presentadas este año en el Congreso de la Unión se encuentran la Ley de protección a madres solteras, la Ley de Protección al sexoservicio y las reformas a la Ley General del Trabajo con perspectiva de género, que incluye reformas para el trabajo doméstico realizado mayoritariamente por mujeres, todas ellas pendientes de discusión.
En cuanto a la Ley General de Salud que propone la inclusión de un apartado sobre derechos y salud sexual y reproductiva, su discusión quedó pendiente desde la LIX legislatura y ni siquiera fue retomada este año.
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