La definición

Luis Javier Garrido
La Jornada.

El gobierno ilegítimo de Felipe Calderón no oculta ya a un año de su imposición que uno de sus objetivos centrales es el desmantelamiento total de la Constitución Mexicana de 1917, y lo que está aconteciendo en el campo es un ejemplo claro.

1. El año de 2008 se ha iniciado con el gobierno calderonista de facto empeñado en imponer las políticas que exigen algunos poderes trasnacionales y la mafia mexicana coludida con ellos, y así anuncia que no cederá en su propósito de proseguir la privatización de Pemex y de la CFE, de desmantelar al IMSS y al ISSSTE, de cancelar derechos históricos de los trabajadores y de imponer otros programas neoliberales, por lo que con profundo fanatismo y una enorme irresponsabilidad histórica se ha negado a renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) que desgrava las importaciones de maíz, frijol, leche y otros productos, sin darse cabal cuenta de la responsabilidad histórica que está contrayendo.

2. La respuesta de las organizaciones sociales y democráticas ante la cerrazón de los fanáticos panistas y priístas que gobiernan al país ha sido en este caso unánime y han definido un plan de lucha que en lo inmediato supone a) múltiples acciones de resistencia civil, pero también b) una defensa por la vía jurídica, que a fin de cuentas es no sólo de los derechos fundamentales de los campesinos mexicanos, sino del orden constitucional mismo.

3. Los abogados de las organizaciones campesinas de varios estados han empezado la lucha por la vía legal e interpondrán en breve, según anunciaba La Jornada el miércoles 2, una serie de amparos sobre la base de que este capítulo violenta principios centrales de la Constitución, consignados en los artículos 1, 3, 14, 16, 25 y 133, y que ésta debe en todo caso prevalecer.

4. La ficción institucional que vive el país sobre la vigencia de la Constitución y el orden jurídico entra de esta manera en uno de sus momentos de crisis con la disputa por el capítulo agropecuario del TLCAN, pues las organizaciones que lo impugnan lo hacen con la Constitución en la mano, con la convicción de que su puesta en vigencia este primero de enero es violatoria del orden de derecho que formalmente existe en México y de que el Poder Judicial no tiene otra alternativa que darles la razón y otorgarles la protección de la justicia, aunque a sabiendas de que la legalidad en México está rota al haber decidido la mafia en el poder imponer un modelo de dominación por sobre las leyes escritas.

5. El gobierno neoliberal de facto de Felipe Calderón que, contra la razón y el derecho –y con profundo servilismo hacia las fuerzas trasnacionales–, se ha negado a renegociar este capítulo –a pesar del derecho que le asiste a México para ello conforme al propio TLCAN–, una vez más está dispuesto a pasar en los hechos por encima de la Constitución como ha hecho a lo largo de estos meses, en la expectativa de que el Poder Judicial sometido a la mafia en el poder (que él formalmente representa) le haga una vez más la faena sucia y falle en contra de las organizaciones campesinas o, al menos, como ha hecho en las últimas ocasiones eluda su responsabilidad y trate de evitar comprometerse (como trató de hacer infructuosamente en los casos de las elecciones presidenciales de 2006 o del gobernador de Puebla), lo que ahora se ve aún más difícil.

6. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está, por consiguiente, ante una responsabilidad histórica, pues se trata no únicamente de fallar en un caso concreto sobre la violación de los derechos fundamentales de los campesinos, sino dirimir una vez más si un tratado internacional puede estar por encima de la Constitución, si México ha de tener una soberanía alimentaria y si aún está en vigor el principio de la rectoría del Estado: es decir, si los sustentos de la Constitución de 1917 aún están vigentes y, en consecuencia, si hay en el México actual todavía la posibilidad de tener un Poder Judicial autónomo que someta al Ejecutivo a la legalidad, como le ordena lo haga el texto constitucional. En otras palabras, si hay en México aún la vía para dirimir las cuestiones fundamentales por la vía del derecho o si todo ha de resolverse en el futuro por la vía de los hechos.

7. El gobierno panista ilegítimo confía en que como en tantos otros momentos críticos de los últimos años en los que se ha buscado imponer medidas fundamentales del modelo neoliberal cancelando derechos históricos de los mexicanos, en esta ocasión por medio de una vasta campaña de desinformación que ya se está orquestando y con el ofrecimiento de algunas medidas paliativas ridículas se va a lograr detener las inconformidades. Los medios, minimizando la situación, insisten ya, por lo mismo, en que sólo son grupos minoritarios de campesinos los que se inconforman de manera pasajera y en que los efectos de los principios que se ponen en vigor no serán tan catastróficos como muchos suponen.

8. La mafia oligárquica en el poder no parece haber medido, sin embargo, las consecuencias de sus políticas, pues si la puesta en vigencia del capítulo agropecuario del TLCAN en este año de 2008 lleva a un verdadero exterminio del pueblo campesino de México –que es uno de los objetivos expresos del TLCAN y de las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional–, muy probablemente decretará también en los hechos el fin de la vigencia de la Constitución Política de 1917, lo que es algo muy distinto, pues el país iría hacia un vacío jurídico.
9. En un país en el que el propio gobierno sometido a poderes trasnacionales violenta la Constitución que protestó guardar y hacer guardar, e instaura un orden de facto sustentado en la ilegalidad, se abre la vía a un quiebre histórico.

10. Lo que está aconteciendo es de enorme gravedad, pues México es un país de fundamentos agrarios, y si se va hacia la ilegalidad total, como lo está haciendo el gobierno pelele calderonista, no se está dejando más vía a los mexicanos que la de la insurrección popular.