TIEMPO DE MUJERES

Ante el silencio, la sociedad civil será vigilante: Marcela Lagarde

Sin voluntad para cumplir sentencia sobre campo algodonero

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 8 feb 10 (CIMAC).- La sentencia que el Estado mexicano recibió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso “Campo Algodonero”, es muy importante porque condena por primera vez a un Estado por asesinatos por motivos de género (feminicidio), y se convierte en un recurso para exigir los derechos humanos de las mexicanas.

En entrevista con Cimacnoticias, la especialista en violencia de género, Marcela Lagarde y de los Ríos, sostuvo que el silencio que el Estado ha guardado hasta el momento sobre sus responsabilidades, da cuenta de que “no hay voluntad para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte”

A pesar de la exacerbada violencia contra las mujeres en México, no hay nada concreto, por lo que desde la sociedad civil se dará seguimiento puntual a la sentencia, para exigir su cumplimiento añadió la ex diputada federal y presidenta de la Comisión Especial para Conocer y Dar seguimiento a los Feminicidios en la República Mexicana durante la LIX legislatura.

Cabe recordar que en la sentencia de la CoIDH, se acusa al Estado mexicano de violar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal en perjuicio de tres de las ocho víctimas de feminicidio del “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, y lo responsabiliza por no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en la entidad, documentadas desde 1993.

Si bien en su sentencia, la Corte no reconoce el término feminicidio, si reconoce que en México existen los asesinatos por motivos de género, es decir se asesina a las mujeres por el sólo hecho de serlo, Marcela Lagarde sostiene que el feminicidio es un crimen de odio contra las mujeres.

La también presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, dio a conocer que prepara un libro con uno de los peritajes elaborado por ella misma y que fue presentado durante el proceso de las audiencias del caso del “Campo Algodonero”.

Precisó que dicho peritaje está basado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará), instrumento latinoamericano que busca erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres suscrito por el Estado mexicano y usado por ello como una prueba para acusar al gobierno mexicano de omisión.

“Ya lo había suscrito, y a pesar de ello no implementó las políticas de prevención que pudieron salvarle la vida a las mujeres asesinadas en el Campo Algodonero, y a cientos de mujeres más en México”, denunció.

En nuestro país, son asesinadas mil 400 mujeres al año y en 10 años han sido asesinadas 14 mil mujeres y niñas, “es como si nos encontráramos en guerra” y eso es sólo la punta del iceberg de violaciones contra los derechos de las mujeres.

Las mexicanas padecen violaciones por incesto, acoso laboral, explotación y trata, delitos que están en torno a esos homicidios que no necesariamente se encuentran ligados directamente, sin embargo, son un acto de violencia que las mujeres de éste país vivimos.

“Cualquier mujer que le preguntes en la calle o en la escuela si se siente segura, te dirá que no. No se siente segura ni en su casa, ni en la calle. En suma México es un país peligroso para las mujeres y esto lo indica la lista de Naciones Unidas sobre seguridad humana”, enfatizó la doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

DESDIBUJAR EL FEMINICIDIO

Para Marcela Lagarde, el señalar que las mujeres asesinadas forman parte del crimen organizado es una forma más de desdibujar los asesinatos de las mujeres. El decir nuevamente “ellas se lo buscaron por involucrase” y no es de ésta forma, eso lo demostramos desde la Comisión Especial para Conocer y Dar seguimiento a los Feminicidios en la República Mexicana.

Marcela Lagarde sostiene que el feminicidio es un crimen de odio contra las mujeres, acunados en la tolerancia social y estatal alentada por la impunidad.

La impunidad es alimentada por las pésimas investigaciones, averiguaciones mal integradas, y por encargados de la persecución del crimen que desatienden las denuncias de las víctimas, así como jueces para quienes la vida de las mujeres es secundaria, o que muestran un claro sesgo descalificador y culpabilizador de las mujeres.

“La mayor parte de las mujeres son asesinadas por gente conocida, que no pertenecían a la violencia del crimen organizado, correspondía a la violencia de género. Violencia por parte de conocidos, algunos delincuentes del crimen organizado unos delincuentes eventuales, pero todas corresponden a violencia de género y de eso, es de lo que tenemos que darnos cuenta”.

Para la antropóloga, la situación se ha agravado con la salida del ejército a las calles; hay una violación constante y reiterada de los derechos humanos de las personas. La acción gubernamental “unilateral” llamada “combate a la delincuencia organizada”, ha conculcado en realidad los derechos de toda la ciudadanía.

“Sacar el ejército a las calles ha eliminado el Estado democrático de derecho, y las mujeres estamos en peores condiciones que en un Estado, que por lo menos garantizaba la civilidad, lo que genera una situación muy preocupante y lamentable”, enfatizó.