Desde la perspectiva de los derechos humanos, la educación es, entre otras cosas, un medio para que las personas desarrollen todas sus capacidades y potencialidades, y tengan acceso a la herencia cultural de la humanidad. Como atinadamente ha sido descrita, es un derecho multiplicador, pues contribuye a ejercer otros derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales. La educación no es por tanto una mercancía ni un servicio. Como servicio, la educación tiene la finalidad de crear
capital humano. Ahora bien, el capital se compra o se vende, las personas no. Como mercancía, la educación se abandona a merced de las fuerzas del mercado, de las leyes de la oferta y la demanda. Como derecho, es un bien público que el Estado está obligado a respetar, proteger y garantizar.
Dadas las diferentes formas de violencia que se viven hoy en México, donde el crimen organizado ha puesto en jaque a las autoridades, y en el que ciertos grupos de la población se encuentran cada vez más en situaciones de vulnerabilidad –como acabamos de ver con el infame asesinato de 15 jóvenes que asistían a una fiesta en la Ciudad de Juárez, Chihuahua–, resulta oportuna la visita del relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación, Vernor Muñoz Villalobos. En una apretada agenda, tiene planeado reunirse entre el 8 y el 18 de este mes con representantes del gobierno, de las organizaciones civiles y del sector académico. Visitará también algunas escuelas primarias y secundarias, así como universidades públicas en Chiapas, Nuevo León y el Distrito Federal.
El experto de la ONU, de nacionalidad costarricense, pero nacido en esta capital, como lo reconoció él mismo en días pasados, expresó al llegar especial interés y afecto por nuestro país, así como voluntad para contribuir desde su mandato al cumplimiento del derecho a la educación. Para intercambiar opiniones e información sobre su visita, ya desde el lunes pasado se reunió con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Educación Pública. En esa reunión señaló que a partir de su investigación y de la información que recabe, elaborará un informe que deberá ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el próximo junio, en el que se harán recomendaciones puntuales al gobierno de México.
El martes 9 el experto sostuvo un encuentro con el doctor José Narro, rector de la UNAM. Posteriormente se reunió con estudiantes, académicos y representantes de organizaciones civiles en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, donde, entre otras cosas, dijo que con su informe desea dar un mensaje muy claro: la educación es un derecho humano fundamental, puerta de realización de otros derechos, y el Estado está obligado a garantizarlo a todas las personas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de discriminación. Enfatizó la importancia de devolver a la educación sus verdaderos fines, que no son los de resolver los problemas de los empleadores, sino los de satisfacer las necesidades humanas de las personas. La educación, subrayó, no resuelve por sí misma el problema de la violencia, si no se supera este modelo de sociedad, caracterizada por ser superflua, consumista, deshumanizada y desigual.
El relator especial tiene además como misión recabar información sobre la calidad de la educación, especialmente para los niños y las niñas de comunidades indígenas, migrantes y otros grupos económica y socialmente desfavorecidos. A este propósito, ya algunas organizaciones civiles y expertos del sector académico han hecho saber al relator que en México alrededor de 400 mil niños de entre seis y 11 años de edad no reciben ninguna atención educativa, y que, de éstos, la mayoría son niños trabajadores, hijos de jornaleros agrícolas migrantes. También se le ha proporcionado información sobre las altas tasas de analfabetismo que se dan entre la población indígena, lo que demuestra problemas, como el que en las zonas habitadas por estos pueblos no se cuenta con suficientes escuelas, y que éstas son generalmente de multigrado. Se le reiteró que la educación bilingüe e intercultural sigue sin recibir los apoyos indispensables para convertirse en una realidad, por lo que los indígenas siguen sufriendo de discriminación y exclusión. No ha habido además un cambio sustancial en la concepción paternalista y autoritaria de muchas autoridades del gobierno hacia ellos, y no existe un real interés por rescatar la riqueza cultural de estos pueblos.
En un encuentro convocado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el relator pudo dialogar con expertos del sector académico y social, quienes le manifestaron que mientras los derechos humanos no sigan siendo una prioridad para las elites gobernantes, y la educación no sea concebida como un derecho fundamental, el modelo educativo no logrará la calidad que se requiere para hacer frente a los retos que vive el país. Teniendo en cuenta que la discriminación y la violencia contra las mujeres sigue manifestándose en todos los estratos sociales y en todo el país, se subrayó la importancia de tranversalizar la perspectiva de género en todos los niveles, y se le invitó a poner especial atención en temas como la educación sexual, la educación en derechos humanos y las telesecundarias, pues en ellas se atiende a la población rural e indígena en el nivel prescolar.
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