Exige liberación inmediata para las otomíes
Declara AI “presas de conciencia” a Teresa y Alberta
Por Paulina Rivas Ayala
México, DF, 11 feb 10 (CIMAC).- Amnistía Internacional (AI) exigió al Estado mexicano la “inmediata liberación” de Alberta Alcántara y Teresa González, otomíes presas por el presunto “secuestro” de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y quienes esperan una probable sentencia de 40 años de prisión a petición de la Procuraduría General de la República (PGR).
En conferencia de prensa, el director ejecutivo de AI México, Alberto Herrera Aragón, declaró a las dos mujeres “presas de conciencia” luego de una investigación que concluyó que “no hay ni un solo elemento probatorio que demuestre la comisión de delito por Alberta y Teresa”.
Recordó que Teresa, Alberta y Jacinta Francisco Marcial fueron detenidas el tres de agosto de 2006, luego de que seis elementos de la AFI denunciaron que habían sido secuestrados en el tianguis de Santiago Mexquititlán el 26 de marzo de ese mismo año.
En un primer momento, el juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, las condenó a 21 años de prisión y 91 mil pesos de multa por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Alberta también está acusada de posesión de drogas.
En septiembre pasado, Jacinta obtuvo su libertad luego de que el magistrado del tribunal unitario de distrito, Hans Eduardo López Muñoz ordenó la reposición del proceso penal por las múltiples contradicciones en los testimonios de los AFI.
La liberación de Jacinta, expuso Herrera Aragón representaba la esperanza de que el Estado mexicano asumiera la lección y lo absurdo de su detención no se repitiera con otros nombres y rostros”.
Sin embargo, Alberta y Teresa acusadas por las mismas pruebas y elementos, siguen presas desde hace tres años en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José el Alto, Querétaro. Y en 30 días hábiles, contados a partir del 3 de febrero, día de la última audiencia del segundo proceso penal, esperan la nueva sentencia.
Cabe recordar que en dicha audiencia Omar Aguilar Hernández representante de la PGR ratificó las conclusiones acusatorias presentadas el 25 de noviembre por esa institución y en las que solicita al juez Pedraza Longi una pena de 40 años de prisión para ambas mujeres.
En nuestro país, indicó Herrera Aragón, hay muchos indígenas que enfrentan procesos injustos en razón de su identidad, tal es el caso de Alberta y Teresa, quienes además son mujeres y viven en situación de pobreza, condición que las hace más vulnerables.
En su oportunidad, Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), dijo que el nombramiento de Alberta y Teresa como presas de conciencia, avala la exigencia de justicia de las organizaciones civiles que se han sumado para denunciar la injusticia y las irregularidades del caso.
Acusó a la PGR de erigirse como una institución que no garantiza los derechos de las personas y por el contrario los vulnera pues en lugar de sancionar a los agentes implicados en un “evidente abuso de autoridad” pide una pena de 40 años para Alberta y Teresa a pesar de las contradicciones e irregularidades del primer proceso penal.
En su oportunidad, Gabriel Alcántara, hermano de Alberta y pareja sentimental de Teresa, narró que el 26 de marzo de 2006 los agentes llegaron armados, con ropa de civil y trataron de robar las mercancías de los tianguistas. Ellas fueron de compras y “pasaron a visitarme al puesto, Alberta notó los abusos de los AFI y les exigió que se identificaran”
Los agentes fueron a investigar el paradero de una mujer a la que apodaban “la güera” que vendía droga y productos pirata en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Alberta fue acusada de ser esta mujer cuyas características eran ser alta, pecosa y rubia cuando ella es morena, de baja estatura y sin pecas.
Alberta fue detenida cuando regresaba de Amealco en donde trabajaba en una fábrica de ropa y a Teresa cuando estaba en su casa en donde se dedicaba a coser muñecas de tela.
Gabriel narró a Cimacnoticias que los tres años que ellas llevan en prisión has sido desgastantes para la familia pues trabajan en el campo y no cuentan con recursos económicos para siquiera visitarlas cada domingo y jueves en el Cereso pues el viaje cuesta alrededor de quinientos pesos.
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