Sigue estancada denuncia presentada por trabajadoras de CFE
Tras
la denuncia de tres trabajadoras de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) por supuesto hostigamiento y acoso sexual por parte de directivos
de la paraestatal, el Observatorio de Violencia Social y de Género en
el estado de Campeche pidió que todos los centros de trabajo –en
especial instancias de gobierno y empresas paraestatales– tengan un
área especializada para atender a las víctimas de este delito.
A inicios de febrero pasado Cimacnoticias difundió testimonios de
trabajadoras de la CFE que dijeron haber sido hostigadas y acosadas
sexualmente por Juan Raya Meléndez, superintendente de la Zona de
Transmisión en Campeche.
En respuesta, la CFE inició una investigación “poco transparente,
intimidante e imparcial” –según calificó en su momento el Observatorio
de Violencia Social y de Género, grupo ciudadano que acompaña a las
trabajadoras– de la que a más de un mes de haber iniciado se desconocen
los resolutivos y el curso de la indagatoria.
Ninive García Méndez, integrante del Observatorio de Violencia Social y
de Género, dijo en entrevista que para evitar que las trabajadoras sean
revictimizadas durante la investigación de casos de acoso sexual en sus
centros laborales son necesarias áreas especializadas de atención a
mujeres, en particular a las víctimas de este ilícito.
Estas áreas deberían formar parte de los Órganos Centrales de Control
Interno de cada centro de trabajo, y tendrían que ser encabezados por
una mujer debidamente capacitada para atender delitos relacionados con
la violencia de género y el ámbito laboral.
Además, todo el personal de esas áreas debería conocer a detalle los
protocolos que existen en México para la atención de víctimas de
hostigamiento y acoso sexual en el trabajo.
Asimismo, tendría que saber las normas jurídicas en materia de
violencia contra las mujeres y los convenios internacionales para
erradicar la discriminación por razón de género.
También es necesario que estas áreas cuenten con un mecanismo que
transparente las indagatorias e informe debidamente a las víctimas
sobre las etapas y los tiempos que llevará cada investigación, abundó
García Méndez.
A su vez, es importante que se deje de pensar que los casos de acoso
sexual contra las trabajadoras son del “ámbito privado”, ya que cuando
una organización civil solicita participar en una audiencia para
acompañar a las víctimas no se puede negar este derecho.
La integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género detalló
que estas áreas especializadas deberían garantizar mecanismos efectivos
e inmediatos para investigar las denuncias de las trabajadoras, incluso
cuando éstas sean en contra de directivos.
Criticó que la investigación por acoso sexual que actualmente realiza
el Órgano de Control Interno de la CFE –primera paraestatal certificada
en el “Modelo de Equidad” por el Instituto Nacional de las Mujeres
desde 2012– “no está funcionando”, porque no cuenta con todas estas
características, lo que demuestra la urgencia de establecer mecanismos
más eficientes y profesionales para atender esta situación.
Al respecto, la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo (LFT)
estableció en el artículo 47, fracción VIII, que será motivo de
recisión de contrato que el trabajador “cometa actos inmorales o de
hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el
establecimiento o lugar de trabajo”.
Sin embargo, la LFT no establece la obligación de los centros de
trabajo de generar mecanismos específicos para prevenir, investigar y
sancionar esos delitos.
Imagen retomada del sitio altonivel.impresionesaerea.net.dnacdn.com
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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