PRI y aliados ignoran todas las propuestas de senadores de oposición
Aspecto del salón de sesiones del Senado de la República durante la discusión del dictamen acerca de la ley de seguridad interiorFoto José Antonio López
Durante horas, senadores de PAN, PT-Morena y PRD insistieron en que se escucharan las voces de decenas de organismos nacionales e internacionales preocupados por los efectos de la ley de seguridad interior, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero PRI y aliados los ignoraron y todo estaba listo para que esta madrugada la norma se aprobara en lo general.
Una legislación que, expusieron en tribuna senadores de oposición, es una regresión, ya que militariza al país y posibilita violaciones a derechos humanos al someter a la población civil a la autoridad castrense.
Los militares podrán realizar investigaciones, allanar domicilios, intervenir comunicaciones y llevar a cabo detenciones sin mediación de la autoridad judicial.
“No queremos una nueva guerra sucia en el proceso electoral de 2018. No queremos a las fuerzas armadas en nuestras vidas ni en los asuntos políticos de la nación”, dijo el senador Alejandro Encinas.
La aprobación de esta leyconstituye el último eslabón en la construcción de un Estado policiaco-militar, subordinado a Estados Unidos, recalcó el coordinador de PT-Morena, Manuel Bartlett.
Maratónica discusión
El debate se inició cerca de las tres de la tarde del jueves y se tiene previsto que la minuta sea aprobada en lo general y lo particular entre las ocho y las nueve de la mañana de este viernes, hora en que se regresará a la Cámara de Diputados, ya que se hicieron varios cambios.
La maratónica discusión confrontó a la bancada del PAN ante el pleno. En principio se presentaron siete votos particulares y se registraron más de 40 oradores para la discusión en lo general.
De entrada, los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Defensa Nacional, senadores Cristina Díaz (PRI) y Fernando Torres Graciano (PAN), respectivamente, justificaron la reforma y sostuvieron que es falso que se militarice el país. Aseguraron que se escucharon todas las voces, tanto de organismos internacionales como de defensores de derechos humanos nacionales, académicos y gobernadores.
¡Que quede claro: no se militarizan las calles; al contrario, se pone orden!, dijo a gritos, al final de su discurso, la senadora Díaz.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, senador Benjamín Robles Montoya (PT-Morena), rechazó que haya habido un debate amplio sobre la minuta e insistió en que en el dictamen no se menciona la preocupación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ni de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La senadora Angélica de la Peña (PRD) advirtió que erasimulaciónydemagogiasostener que se escucharon las voces críticas y presentó las recomendaciones y sentencias de la CIDH por violaciones a garantías fundamentales de civiles cometidas por militares.
De la Peña propuso una moción suspensiva para regresar el dictamen a comisiones y abrir un debate amplio, planteamiento que fue rechazado con 69 votos en favor y 39 en contra.
La senadora Laura Angélica Rojas (PAN) preguntó si realmente se podían desestimar las preocupaciones, reiteradas ayer por siete expertos de la ONU y dos organismos de Estado, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
¿De verdad creen que esos organismos, integrados por expertos, están equivocados?, preguntó, y dijo que al principio el Ejército participaba en 10 estados para combatir el crimen organizado y ahora está en 28. Otro panista, Víctor Hermosillo, alertó sobre latentación peligrosade abusar del poder que se dará a las fuerzas armadas.
En respuesta, Javier Lozano dijo queno tienen vergüenzay que esa postura es por seguir la línea desu ambicioso líder, Ricardo Anaya.
A la minuta se le hicieron 10 cambios elaborados por Cristina Díaz y Fernando Torres. Éste explicó que se modificó el artículo 8para que quede muy claro que por ningún motivo se podrá hacer uso de las fuerzas armadas para contener una protesta social o de contendido político electoral.
También se modificó el artículo 10 para precisar que la aplicación supletoria de la Ley de Seguridad Nacional y Seguridad Pública se hará en el ámbito de sus respectivas competencias. Y el artículo 16, que obliga a la Secretaría de Gobernación a notificar a los gobernadores en caso de que el Ejecutivo federal decida enviar tropas a su estado ante una amenaza a la seguridad interior.
Se introdujo también un artículo transitorio que obliga a estados o municipios que soliciten apoyo de las fuerzas armadas a presentar, en un plazo de 180 días, un programa de fortalecimiento de sus corporaciones policiacas.
Cambios insuficientes
Los cambios fueron considerados insuficientes. La senadora Dolores Padierna (PT-Morena) advirtió que se mantienen todas las disposiciones que permiten que las fuerzas armadas permanezcan de forma permanente en alguna entidad, sin controles y sin tener que justificar posibles violaciones a derechos humanos, ya que toda la información sobre operativos se reserva por considerarla de seguridad nacional.
La ley de seguridad interior se discutió durante horas en un salón de sesiones casi vacío, ya que legisladores de PRI y PVEM se ausentaban en forma constante, lo que obligó a legisladores de PT-Morena a exigir varias veces que se verificara el quórum.
La senadora Layda Sansores denunció incluso que algunos priístas comían y bebían tranquilamente fuera del salón de sesiones en lugar de seguir el debate de la ley.Muchos aquí no pasan el alcoholímetro, afirmó.
Sin embargo, el presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero, pidió que se abriera el tablero electrónico durante 90 minutos para que los ausentes regresaran al salón a votar y la sesión siguiera, aun sin quórum.
Falla intento opositor de cerrar el paso a la controvertida legislación
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 4
El inicio del proceso electoral 2018 paralizó a la Cámara de Diputados, que ayer fue utilizada por los partidos políticos como terreno de disputa y propaganda. Al prevalecer los desacuerdos, al cierre de esta edición continuaba en receso en espera de la minuta de la ley de seguridad interior, que se prevé será enviada esta mañana por el Senado.
Ayer, tras aprobar 35 dictámenes sin lectura ni discusión, los partidos de oposición: PAN, Morena, PRD y MC exigieron que, al agotarse los temas sobre los cuales había consenso, se votara de inmediato la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Acto que marca el final de cada periodo legislativo.
Así, la oposición a los aliados PRI-PVEM-Panal intentó cerrar el paso a la citada ley, clausurando la sesión. Ese fue el tema medular que frenó la continuidad de los debates. De por medio estaba la recepción de la minuta, uno de los dilemas políticos más debatidos en los años recientes. Y todo esto se agravó para el priísmo porque algunos de sus diputados se retiraron de San Lázaro, con el argumento de que tenían programados vuelos a sus estados.
La presión de los opositores a la norma –a pesar de que parte de PAN y PRD la avalaron la semana anterior– no surtió efecto en la vicepresidenta de la mesa directiva, quien sustituyó por un momento a Jorge Carlos Ramírez Marín, pues ésta optó por decretar un receso en los trabajos del pleno desde las 18:24 horas. Esa decisión se extendió hasta la madrugada de este viernes.
Rocío Nahle (Morena) exigió, con base en el reglamento de la Cámara de Diputados,que pase en forma inmediata a la votación de la Permanente, porque es lo que aplica en este momento.
Clemente Castañeda (MC) se sumó la demanda de que se aprobará la integración de la Permanente:En la mañana, cuando tuvimos la reunión de coordinadores, el acuerdo fue muy claro. Vamos a discutir aquellos dictámenes que tengan consenso, y una vez que éstos se agoten, pasaremos al último punto que tiene pendiente este pleno, la votación de la Comisión Permanente.
Con una posición de amenaza, Marko Cortés (PAN) dijo:Sería una irresponsabilidad para con el país si en este momento, si en este momento, presidenta, que todavía hay quórum de la asamblea no se nombra la Comisión Permanente.
En defensa de la posición de PRI, César Camacho adelantó que la ley de seguridad interior será aprobada en las horas por venir, asíque el clima, iba a decir pre electoral, hoy inician las precampañas, pero ya no parece que el prefijo pre electoral quede, el clima electoral parece inundarlo todo y hay una constante de que el partido que ha estado por trabajar y sesionar somos nosotros, desde el uno de septiembre, ayer mismo y hoy también; entonces, quien ha mantenido una actitud o quienes han tenido una actitud reacia a sesionar de manera ordinaria y generar los acuerdos respectivos o hacer el intento de considerar, no somos nosotros.
Antes, el pleno aprobó cambios al Código Civil Federal para que en la reparación del daño moral se considere hecho ilícito de quien comunique, por conducto de cualquier medio tradicional o electrónico, un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien”.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 4
Integrantes de dos grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cinco relatores especiales del organismo llamaron al Estado mexicano a no aprobar la ley de seguridad interior.
En un hecho sin precedente, los expertos de la ONU emitieron ayer por la mañana un posicionamiento conjunto en el que advierten que la experiencia de la década reciente demuestra que la presencia de militares en labores de seguridad ha dejado una sistemática y generalizada serie de abusos, traducida en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, entre otras violaciones, la mayoría de ellas en la impunidad.
Señalan que la ley daría a las fuerzas armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad,lo que podría debilitar la protección de los derechos humanos; además de que pondría barreras a la rendición de cuentas. Llaman a reforzar el papel de las policías civiles y a abrir a un diálogo público en el que se incluya a todas las voces.
Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos e internacionales.
El documento, fechado en Ginebra, Suiza, es firmado por los expertos de los grupos de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Detención Arbitraria; así como por los relatores especiales sobre derecho a la privacidad, Joe Cannataci; situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst; ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard; promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff; y promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye.
El creciente papel de las fuerzas armadas, en ausencia de mecanismos de control y rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se les asignó un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad.
Indican que la ONU ha recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las fuerzas armadas a las tareas propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y otras formas de malos tratos.
Manifiestan su preocupación porque la legislación, que anoche se discutía en el Senado, otorgue a las fuerzas armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles.
La minutano prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al catalogar de seguridad nacional toda la información resultante de la aplicación de la ley, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.
Además, consideran, es un proyecto ambiguo en ciertos puntos y contiene una definiciónexcesivamente laxade las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta.
Susana González G.
Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 24
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ganó dos amparos en favor de los consumidores contra las empresas de telecomunicaciones Iusacell y Nextel, por deficiencias en el servicio de telefonía móvil y cobros indebidos, respectivamente, que aplicaron a sus clientes desde hace cinco años.
Con el fallo se podrán beneficiar 9.9 millones de consumidores, de los cuales 5.4 millones corresponden a Iusacell y los restantes 3.5 millones a Nextel, informó la dependencia. Como ambas empresas fueron recientemente adquiridas por la compañía estadunidense AT&T, corresponderá a ésta encargarse de la resolución de estos litigios, puntualizó.
Profeco promovió ante tribunales una demanda colectiva, es decir, una acción en la que representa a varios consumidores afectados, contra Iusacell y las compañías con las que operaba bajo distintos nombres por deficiencia en los servicios de telefonía móvil, pero perdió en dos instancias judiciales.
El tercer tribunal unitario en materias civil y administrativa del primer circuito determinó ilegalmente que las empresas de Iusacell estaban absueltas. Por ello, en 2013 la Profeco promovió amparo directo que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó.
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 3
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