Afecta derechos fundamentales, afirma
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de
inconstitucionalidad contra el decreto por el que se agregó la objeción
de conciencia al artículo 10 Bis a la Ley General de Salud.
El organismo argumentó que la adición a la Ley General de Salud abre
la posibilidad de afectar derechos fundamentales como la salud,
integridad personal, seguridad jurídica, a la vida, libertades sexuales y
reproductivas, el derecho a decidir de manera libre, responsable e
informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos, y derecho al
libre desarrollo de la personalidad.
El pasado 11 de mayo el Ejecutivo federal publicó la reforma al
Artículo 10 Bis de esta norma que dice que “el personal médico y de
enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer
la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de
servicios”.
Si bien la norma establece que no podrá invocarse la objeción de
conciencia cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de
una urgencia médica y describe que el ejercicio de la objeción de
conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral, grupos
defensores de los derechos de las mujeres alertan que puede ser un
pretexto para no garantizar el derecho al aborto.
En todo el país el aborto es legal cuando es producto de una
violación sexual, en 24 estados cuando la vida de la mujer corre
peligro, en 14 cuando hay complicaciones de salud y solo en la Ciudad de
México cuando es voluntad de la mujer, sin embargo grupos feministas
alertaron que la objeción de conciencia puede usarse para impedir que el
personal médico practique la interrupción legal del embarazo.
En un comunicado la CNDH informó que dicha regulación debe de ser
dentro del estricto respeto al marco constitucional y convencional
existente, de manera que garantice plenamente el respeto y la protección
de los derechos fundamentales.
De acuerdo con el organismo, la Suprema Corte debe ser quien decida
sobre la constitucionalidad de la norma por ello presentó el recurso
producto de un proceso de diálogo y debate con organizaciones de la
sociedad civil, académicos y personas expertas en la materia y
representantes de organismos vinculados con la protección y defensa de
los derechos.
Asimismo el organismo informó que presentó una acción de
inconstitucionalidad contra la Ley General de Comunicación Social por
considerar que no establece reglas claras para la contratación de
publicidad oficial, lo cual representa riesgo para el ejercicio de la
libertad de expresión en su dimensión colectiva, así como para el
derecho de acceso a la información plural, pues la ausencia de tales
reglas genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de
comunicación.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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