Organizaciones protestan por medida
Organizaciones
de inmigrantes y mujeres en Estados Unidos rechazaron la decisión del
Fiscal General, Jeff Sessions, de derogar el asilo político de una mujer
salvadoreña que sufrió violencia familiar, medida que calificaron de
misógina, hostil y anti-inmigrante.
En una decisión poco usual, Sessions atrajo el caso y revirtió la
decisión de una corte de apelaciones migratoria que había concedido
asilo a la mujer. En Estados Unidos, las cortes migratorias son parte
del Departamento de Justicia, no del sistema judicial, por eso el Fiscal
General puede intervenir.
Sessions argumentó que “el estatus de asilo no puede proveer
reparación para cualquier mala fortuna”, y constató que tanto la
violencia familiar como la violencia por parte de pandillas criminales
“en general” no pueden ser motivo para pedir asilo. La decisión forma
parte de la política anti-inmigrante del gobierno Trump y tendrá
presumiblemente implicaciones en cientos de peticiones de asilo.
El centro de Estudios de Género y Refugiados de la Universidad de
Hastings (CGRS, por sus siglas en inglés), que también formó parte de la
defensa legal de la mujer salvadoreña, dijo que la demandante sufrió 15
años de violencia por parte de su ex marido. “La golpeó, incluso cuando
estaba embarazada, la amenazó con un cuchillo y un arma”, la víctima
buscó ayuda en instancias estatales salvadoreñas, pero sin resultados.
Fue por eso que se refugió en Estados Unidos. El asilo le fue
concedido después de que una corte decidió en un precedente en 2014 que
las sobrevivientes de violencia familiar necesitan protección, ya que
para recibir asilo político, es necesario comprobar que una persona es
perseguida o no protegida por un gobierno a causa de su raza, religión,
etnia, nacionalidad, opinión política o como parte de “otro grupo
social”.
La corte estableció que mujeres centroamericanas que no pueden escapar de matrimonios abusivos, son un grupo social.
Si ellas citan un “temor creíble” de volver a casa, ante oficiales
migratorios, se tiene que abrir su caso. Según estadísticas de Homeland
Security (el departamento de inmigración) 92 mil personas alegaron temor
al llegar en la frontera en 2016, mientras que en 2008, fueron
solamente 5 mil 100.
De las personas con “temor creíble” a persecución y tortura en su
casa, un 73 por ciento venía de El Salvador, Honduras o Guatemala, y en
81 por ciento de los casos, la policía migratoria encontró que el temor
fue fundado y refirió a las personas ante una jueza o un juez
migratorio.
El Fiscal Sessions argumentó en su reversa a la decisión de la corte
que la mujer salvadoreña no llena el criterio, porque “la simple
existencia de circunstancias en común no hace a las personas que poseen
estas características un grupo social en particular”. Para él, la
violencia en casa y la violencia de pandillas es “violencia privada”.
Declaración que provocó el furor de los grupos defensores de mujeres e
inmigrantes. “Esta decisión es un intento de regresarnos a una era en
la que los Estados no reconocían los derechos de las mujeres como
Derechos Humanos, en la que negaron una protección a las mujeres huyendo
persecución de género”, dijo Karen Musalo, directora del CGRS.
La Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes de Estados Unidos (YWCA,
por sus siglas en inglés), remarcó via Twitter que Sessions estaba
“esencialmente emitiendo una sentencia de muerte a las personas buscando
seguridad de violencia familiar y de pandillas”, y calificó esta
política como “crueldad personificada”. Las dos son las principales
razones porque ciudadanas y ciudadanos centroamericanos piden asilo.
La directora de la Red Nacional para Terminar Violencia Domestica
(NNEDV, por sus siglas en inglés), Kim Gandy, declaró que “esta decisión
desoladora pone en peligro a las ya vulnerables víctimas de violencia
familiar, que no tienen otro sitio al que acudir.”
La directora de la Coalición Nacional contra Violencia Doméstica
(NCADV, por sus siglas en inglés), instó a la administración Trump de
revertir la decisión del Fiscal: “Nuestro país tiene que defender a las
personas que se refugian de sus agresores, no importa donde nacieron o
qué estatus tengan”, dijo Ruth Glenn.
En la plataforma Change.org, existe una petición que aboga por
aclararle al Fiscal Sessions que la violencia familiar es un motivo para
asilo político, y ya reunió casi 80 mil firmas, y la organización ACLU
inició otra petición que pide a Sessions revocar su decisión.
La mujer salvadoreña que está por perder su estatus de asilo por la
decisión de Sessions se mostró irritada: “Creo que las y los jueces
migratorios están en contra de inmigrantes. Generalizan. Creen que
vinimos para trabajar, no entienden que huimos para salvar nuestras
vidas”, dijo a la organización CGRS.
Imagen retomada del portal somosmigrantes.org
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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