El mundo al revés
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Foto: Misael Valtierra/ Cuartoscuro
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Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por sus detractores por su lapidaria frase: “Al diablo con sus instituciones” emitida en el 2006. Se trató de lo que se denomina un acto fallido; es decir, de una expresión que no pasó por el matiz de la razón para modular qué decir y cómo decirlo.
Se trató, pues, de una frase animada por la convicción del nuevamente
candidato presidencial. Y la verdad tiene toda la razón. El diseño
institucional en México está hecho para garantizar las asimetrías
económicas, sociales y culturales. Peor aún su confección ha hecho de la
corrupción una política pública en su modalidad, por ejemplo, de
conflicto de interés. Si se quiere realmente hacer un cambio debe
avanzarse en dos rutas de manera paralela, la primera en una
reingeniería constitucional que modifique las pautas del ejercicio del
poder y la segunda en una reforma fáctica del comportamiento de los
servidores públicos mediante los instrumentos más eficaces del
desarrollo tecnológico.
De manera enunciativa deben modificarse la Constitución y las leyes, de modo tal que:
Primero. Se garantice una efectiva división de
poderes y se acote a su mínima expresión la figura de los organismos
públicos autónomos que han sido una pretendida forma remedial que no ha
arrojado mayores cambios al país, salvo los altísimos ingresos que se
destinan a esas instituciones que bien podrían destinarse a rubros
sociales que se han dejado fuera de la atención pública por las propias
necesidades de reproducción del poder que se mantienen intactas hasta la
fecha.
Segundo. Se optimice la educación pública
internalizando elementos básicos de conciencia crítica y no sólo
adiestramiento formal, se fortalezca sustancialmente a las instituciones
de salud para los más amplios sectores de la población y, por el
contrario, se eliminen privilegios como los que gozan los expresidentes
de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en
activo y en retiro, los titulares de los organismos públicos autónomos,
los directivos de las instituciones financieras y bancarias del Estado
que se reflejan no sólo en sueldos por arriba en promedio a la media de
los países de Europa occidental donde, sobra decir, el costo de la vida
es inmensamente mayor que en México. También en seguros de gastos
médicos mayores con cargo al pueblo, viáticos excesivos conforme a los
estándares internacionales, tan sólo por mencionar algunos ejemplos.
¿Alguien recuerda, por ejemplo, a Alonso Lujambio y su tratamiento
médico con cargo al erario en el mejor hospital de Estados Unidos sin
renunciar a su cargo de secretario de Educación Pública?
Tercero. Se transforme la relación entre el Estado y
los empresarios en materia de adquisiciones. Se ha vendido como
“práctica democrática” las “licitaciones públicas” que en los hechos es
una versión un poco más compleja que las asignaciones directas. La mayor
parte de la sociedad ignora que las famosas licitaciones son retratos
hablados hechos en contubernio entre la autoridad y muchos empresarios
que venden servicios a las instituciones públicas con sobreprecios que
van a los bolsillos de algunos en perjuicio del interés público. Por lo
anterior se debe crear una figura legal diferente que incentive la
competencia y los mejores precios con calidad.
Cuarto. El Estado debe asumir su rol con la
legitimidad de la que hoy carece y eliminar las agrupaciones de “la
sociedad civil” como figuras de “acompañamiento” en una suerte de
vertiente “legitimadora” que en la práctica busca privatizar la toma de
decisiones que le corresponde a las instituciones públicas, con el
conflicto de interés y la puesta en práctica de filias y fobias que ello
significa. Bienvenidas las organizaciones de la sociedad civil pero con
los mismos derechos y obligaciones que cualquier persona con ciudadanía
mexicana. En los últimos años algunas de esas organizaciones actúan
como “aval” de decisiones de los titulares del poder público ante la
erosión de credibilidad y, por ende, legitimidad de ellos que- se
supone- deberían ser garantes del interés comunitario, pero son
exactamente al contrario.
Quinto. La “honestidad” debe transformarse en
mecanismos verificables a la luz de las mejores prácticas
internacionales adoptando para ello las herramientas de acceso y
permanencia en los puestos públicos no sólo por criterios de idoneidad
curricular, sino mediante la aprobación de exámenes toxicológicos y de
control de confianza retomando, como ejemplo, los que realiza la DEA
americana a sus agentes y directivos o las principales empresas
trasnacionales preocupadas y ocupadas en ganar lo más posible con los
mejores perfiles. Paradójicamente en México el dinero público se
entiende como tierra de nadie razón por la cual cualquiera puede acceder
a los cargos sin mayores requisitos que buenas relaciones reproduciendo
con ello la corrupción y la impunidad tan nuestra. En la medida en que
el dinero público se perciba como el dinero que la comunidad debe
ejercer un escrupuloso escrutinio las cosas empezarán a cambiar.
Sexto. Ojalá y sea cierto el “pacto” entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente Enrique Peña Nieto traducido en
cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley que hasta ahora ha
sido violentada un día y otra también por el actual gobierno
cuya corrupción e impunidad es la más alta del México contemporáneo. Si
es el caso, por vez primera la expresión popular en las urnas y la
definición de quién gana la elección podrían transitar por el mismo
sendero.
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