6/12/2018

Los periodistas pal café. . .

Ernesto Javier Cordero Arroyo se hizo de la presidencia del senado el primero de septiembre del año pasado, merced a una infame alianza práctica del calderonismo (que aún se aferraba a la aventura, luego naufragante, de Margarita Zavala Gómez del Campo) con el priísmo peñista.
La imposición de Cordero no fue apoyada por 33 de los 38 senadores del partido de blanco y azul. En favor del golpe corderista estuvieron, desde luego, Javier Lozano Alarcón (quien luego brincaría a la vocería de José Antonio Meade), Roberto Gil Zuarth (quien después obtendría licencia para dejar la senaduría), Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega (https://goo.gl/ZoiJpE ). El calderonismo, sin atenuantes.
Ayer siguió el juego de entendidos entre ese grupo sin futuro en Acción Nacional, cuando acudió a la Procuraduría General de la República el mismo Cordero a denunciar a su presunto compañero de partido Ricardo Anaya Cortés (a propósito de esas candidaturas, Felipe Calderón no pudo habilitar a Cordero para la sucesión presidencial, pues en las elecciones internas del PAN el delfín ovejuno, que había dejado la Secretaría de Hacienda, fue derrotado por Josefina Vázquez Mota).
Es una auténtica jugada sucia la maquinación de Enrique (Peña Nieto), Felipe y Margarita, ejecutada por Cordero, actuario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), nacido 50 años atrás en Ciudad de México. A un día del debate, ya en la definitoria hora política del vulgar ladrón (como calificó a Anaya el abanderado del PRI, José Antonio Meade, clasificado a la vez por Anaya como mosquita muerta), Cordero (es decir, FelYMarCo) se presta para ser el instrumento de denuncia contra el panista al que pretenderán desbarrancar esta noche de martes en Mérida, acaso con algún tipo de citatorio o implicación judicial respecto al caso de la nave industrial queretana y las decenas de millones de lavados pesos que le significaron al entrampado Anaya.
En realidad, la alianza Peña-FelYMarCo ni siquiera presentó novedades en la PGR: Cordero reconoció que su excitación a la PGR para que actúe contra Anaya y conexos se sustenta en que hay evidencia periodística de que hay una discrepancia muy importante entre los ingresos reportados y el patrimonio de Ricardo Anaya y su familia. Creo que ya hay demasiada evidencia que no se puede soslayar.
A partir de esa denuncia aventurera, Meade y el PRI tendrán en la capital de Yucatán la oportunidad de restregar en la cara al robótico Anaya los señalamientos de uno de sus presuntos correligionarios en una red y en un esquema de lavado de dinero y de tráfico de influencias. En esta columna se ha sostenido que hay suficientes indicios de comportamiento delictivo en las andanzas inmobiliarias del empresario Manuel Barreiro y el ahora candidato Anaya, pero no son vocaciones quijotescas de justicia las que animan a Cordero y compañía, sino una estratagema de Estado que busca desbancar a Anaya del segundo lugar de la contienda presidencial, para aupar al tecnócrata cuasi priísta, Meade, en ese segundo escalón para desde ahí intentar el golpe final, fraudulento, contra López Obrador.
Y, rayando en la desesperación, el rey del tráfico de influencias judiciales, Diego Fernández de Cevallos, dijo ayer en entrevista de radio con Fernanda Familiar: Lo cierto es que, para nosotros, cualquier opción será mejor, o menos mala, que entregar el país a un orate, a un enfermo, a un sicópata, a un iluminado, a alguien que se le tiene que tratar como dios porque los demás son súbditos. Además, el colérico asociado político a Carlos Salinas de Gortari aceptó que no descarta ningún tipo de acuerdo (con otro candidato, que no podría ser sino Antonio Meade: acotación metiche de Astillero), para evitar que al multiadjetival López Obrador se le entregue el país. Así lo dijo: Si esto es pactar con el PRI, o con el gobierno, para que no llegue López Obrador, habrá que ver. Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

El debate en Mérida, hoy por la noche, abrirá con esta lectura en cuanto a posibilidades de ganar la elección del 1º de julio, de acuerdo a Expertis, una consultora de análisis de datos dedicada a predecir los resultados electorales: Andrés Manuel López Obrador, 67 por ciento; Ricardo Anaya, 23.1 por ciento, y José Antonio Meade, 9.9 por ciento. El Bronco Rodríguez prácticamente no tiene ninguna. En la víspera, el candidato de Morena adelantó que irá como un moderno Kalimán, con la divisa serenidad y paciencia. Hizo un llamado a la reconciliación desde la amplia ventaja que le dan la mayoría de las encuestas. No todos creen en ellas: “Estructuras matan encuestas’, dice el presidente del Partido Revolucionario Institucional, René Juárez Cisneros. La preocupación en el war room del lopezobradorismo es la compra de votos. Después de numerosas denuncias, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que iniciará una investigación. Los resultados habrá que esperarlos para una fecha posterior al 1º de julio. Por otro lado, anoche anunció Ernesto Cordero que presentó una denuncia penal en contra de Ricardo Anaya por lavado de dinero.
Antad
En tiempos difíciles como los que vivimos, las familias concentran su gasto en alimentación. Eso explica que en mayo las tiendas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) registraran un aumento en sus ventas de 5.6 por ciento, en términos nominales, a tiendas iguales, considerando todas aquellas que tienen más de un año de operación. Así, las ventas acumuladas al quinto mes de 2018 ascendieron a 680 mil millones de pesos. Otros sectores no muestran el mismo dinamismo. La venta de automóviles nuevos registra un descenso a lo largo del año, así como también los bienes raíces de valor mayor a millón y medio de pesos. Las noticias de la devaluación y las altas tasas de interés han metido el freno a la clientela.
Celebrando
Recientemente fue visto el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya celebrando con sus antiguos compañeros de clase de la Universidad de Harvard. Fue un acto que reunió a varias generaciones de egresados, incluyendo al ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Figura en la lista de los personajes que hacen donativos importantes cada año al famoso centro de estudios. ¿Por qué tan contento Lozoya, cuando aparentemente tiene varios fierros en la lumbre? La respuesta la dio el diario The New York Times: el gobierno mexicano posee la evidencia suficiente para fincar responsabilidades a ex funcionarios de Pemex involucradros en el caso de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht, pero no lo ha hecho para evitar afectar los intereses de su partido y candidato presidencial. Lozoya figura en el caso como el funcionario que presuntamente recibió dinero a cambio de asignar contratos a la compañía, según el diario neoyorquino.
En marzo de este año, la Coca Cola (Femsa) había cerrado su centro de distribución en Ciudad Altamirano, Guerrero, después de que un grupo armado lo atacó a balazos. Ahora es Pepsi Cola (Pepsico) la que clausura su planta y liquida a 70 trabajadores por los problemas de inseguridad en Tierra Caliente. Termina el sexenio y queda como tarea pendiente devolverle la paz a aquella región.

El financiamiento puede servir para dos cosas: elevar el patrimonio de un país, de una empresa o de una persona, o simplemente para el gasto improductivo y el derroche.
La deuda pública mexicana a lo largo de este sexenio presentó un aumento acelerado, y el grave problema es que se utilizó de manera improductiva, es decir, se derrochó y el costo lo pagaremos todos los mexicanos.
Con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda del gobierno pasó de representar 22.1 por ciento del producto interno bruto en 2007 a 47.3 por ciento en 2017. Es decir, en términos porcentuales más que se duplicó frente a la producción del país durante la década pasada.
Lo anterior no sería tan grave si ese dinero se hubiera utilizado en inversión productiva, como en el caso de la construcción de puentes, carreteras, escuelas, telecomunicaciones, hospitales y producción de hidrocarburos, ya que los intereses se podrían pagar con la creciente riqueza generada.
Sin embargo, los nuevos recursos contratados se utilizaron en forma ineficiente vía gasto corriente, publicidad y actos de corrupción. En estas condiciones, los nuevos pasivos no generaron bienestar a la población ni riqueza alguna.
El crecimiento de la deuda en el país durante el sexenio nos debilita ante los vaivenes financieros en el mundo. Si se deprecia el peso, si Estados Unidos sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, si se presenta una crisis internacional o si se da una caída en los precios de los hidrocarburos, México no tendrá las condiciones financieras adecuadas para enfrentar ese tipo de problemas.

En materia de combate al robo de combustibles, el gobierno de Enrique Peña Nieto concluirá tal como lo hicieron sus dos antecesores: con el fracaso total y el negocio del huachicol en jauja. Para dar idea de qué se trata, en los primeros cuatro meses de 2018 el número de tomas clandestinas se incrementó casi 50 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2017, pero la venta de gasolinas y diésel robados no deja de crecer.
A principios de mayo del año pasado, tras el choque de la policía y el Ejército con huachicoleros, en el que resultaron asesinados cuatro militares y seis civiles en Palmarito Tochapan, Puebla, el inquilino de Los Pinos ordenó un plan integral contra el robo de combustibles, cuyo diseño y ejecución involucró a los altos mandos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Hacienda, así como de la Procuraduría General de la República, Petróleos Mexicanos (Pemex) y gobiernos estatales y municipales.
A partir del plan integral de Peña Nieto (el cual, dicho sea de paso, también Fox y Calderón pusieron en acción en sus respectivos gobiernos, con idénticos resultados, es decir, nulos), el robo, distribución y comercialización de combustibles se ha incrementado de manera sostenida.
A estas alturas, en 22 de las 32 entidades de la República –incluida la CDMX–, dicho negocio ha crecido de forma constante, aunque en mayor proporción el ilícito se registra en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y estado de México, que concentran 70 por ciento de tomas clandestinas.
De acuerdo con información de Pemex, en 2017 se reportaron 10 mil 363 tomas clandestinas y 5 mil 176 en los primeros cuatro meses de 2018. De mantenerse ese ritmo, el presente año podría cerrar con un récord: 15 mil 528, 50 por ciento más que el previo.
Se trata de un jugosísimo negocio que no podría echar raíces ni crecer –especialmente en las proporciones que se anotan– sin dos elementos fundamentales del sistema político y económico prevaleciente en el país: la corrupción y la impunidad, que permiten el libre accionar de los bandidos y el reparto proporcional de las ganancias con las presuntas autoridades, a sabiendas de que aquí nunca pasa nada.
Tal crecimiento ha sido la constante desde al menos 2003, cuando el entonces inquilino de Los Pinos, Vicente Fox, puso en marcha su plan integral, el cual también involucraba a las instituciones mencionadas líneas arriba.¿Qué sucedió con ese plan integral? De pocas decenas (alrededor de siete) de tomas clandestinas registradas, el sexenio cerró, oficialmente, con 204 de ellas y pujante el negocio del huachicol.
A Los Pinos llegó Felipe Calderón, quien puso en marcha su propio plan integral. Con él en la residencia oficial, el mercado ilícito de combustibles creció vertiginosamente. De acuerdo con reportes de Pemex, inició su gobierno con 204 tomas heredadas por Fox y, al concluir su sexenio, el número se había elevado a mil 744 (incremento de 755 por ciento en el periodo), y el negocio del huachicol cada día más rendidor.


Ocho organizaciones defensoras de derechos humanos (DH) presentaron ayer ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Holanda, una demanda para investigar las posibles responsabilidades de integrantes del Ejército Mexicano en los graves abusos cometidos contra la población civil durante la primera fase del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCh), entre 2008 y 2010, abusos que, a juicio de los demandantes, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Hacia un nuevo proyecto educativo nacional
Las elecciones del primero de julio constituyen una coyuntura que no debe desperdiciarse para dar inicio a un tercer gran proyecto educativo del México independiente. El primer paso es incrementar significativamente los recursos destinados a la formación inicial y continuada de los maestros, así como para llevar a las aulas a los 37 millones de jóvenes que son el bono demográfico que el país no puede perder.

El pasado 4 de junio, el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito, con sede en Tamaulipas, emitió sentencia en torno a los amparos en revisión, 203/2017 al 206/2017, promovidos por quienes fueron acusados como artífices de los hechos que dieron sentido a la llamada verdad histórica, y a los cuales se les deberá reponer el procedimiento y realizar nuevos peritajes de organismos independientes para identificar la existencia de actos de tortura...

“Si existiesen esos tres departamentos a mi nombre, se los regalo al señor Meade”, contestó Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a uno de los recurrentes ataques que le lanzaron los otros candidatos durante el segundo de eso que algunos llaman debate. Pocos días después cené con un distinguido panista, al que aprecio y respeto, y entre muchas otras, me dijo dos cosas: me contó cómo cambió (para mal) la personalidad y el trato de Felipe Calderón ya en el poder, y me dijo que, si algo sabemos de López Obrador es que eso no le pasará: es ajeno al mareo del poder por el poder; y, sobre el tema de este artículo, no les cabe en la cabeza que a López Obrador no le interese la riqueza material. Y mientras no entiendan eso, van a seguir dándose de topes con la realidad.

AMLO ha planteado, a lo largo de su campaña, abrir las puertas de la educacion superior a los jóvenes que cuenten con bachillerato, aboliendo el examen de ingreso a las universidades. Más aún, a lo largo de su campaña ya ha abierto 19 escuelas universitarias, con un enfoque estrechamente vinculado al entorno socioeconómico de los estudiantes. Por ejemplo, el pasado marzo fueron abiertas en Veracruz cuatro de esas escuelas, en el contexto de la conmemoración de la expropiación petrolera. Los programas inaugurados son los de ingeniería en procesos petroleros (Poza Rica), ingeniería química de la industria petrolera (Coatzacoalcos), ingeniería administrativa de la industria petrolera (Minatitlán) e ingeniería en energías renovables (Río Blanco).

“Me llama la atención que a unos días de la elección la CNTE reinicie sus movilizaciones cuando estamos a un paso de acceder al gobierno”, escribió en un tuit un candidato a diputado por Morena en Ciudad de México, usualmente proclive a la confrontación social.

La semana pasada Ricardo Anaya, aspirante presidencial por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, afirmó que el candidato puntero, Andrés Manuel López Obrador, ya pactó con el PRI: impunidad a corruptos a cambio de que la presidencia de Peña Nieto se incline a su favor en el proceso electoral en curso.

Algunas de las ideas de Claudia Sheinbaum para enfrentar los retos que vive la capital del país se encuentran en el documento titulado: Innovación y Esperanza para la Ciudad de México, que presentó en agosto de 2017 como un material para ser discutido por los habitantes de esta metrópoli.

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