Evaluación
de políticas de desarrollo social revela que las carencias sociales con
mayores porcentajes en la población son: el acceso a la seguridad
social, a la alimentación y a los servicios básicos en la vivienda
Redacción Animal Político
Durante los últimos años, los programas federales de protección
social destinados a la población más vulnerable no han logrado
solucionar los problemas para los cuales fueron destinados pues
presentan deficiencias de cobertura, fragmentación y vacíos
estructurales.
De acuerdo con la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
los programas enfocados a la alimentación, educación, salud, trabajo,
seguridad social y vivienda han sido insuficientes para reducir las
desigualdades que imperan en el país.
El CONEVAL analizó tres dimensiones de dichos programas: acceso,
disponibilidad y calidad a lo largo de diez años en los que también
realizó investigaciones sobre cumplimiento de los derechos sociales y de
las condiciones que enfrentan algunos grupos discriminados.
Como resultado se encontró que a pesar de la implementación de
programas sociales que buscan beneficiar a la sociedad las cifras en
temas como la pobreza son negativas.
Entre 2008 y 2016, la pobreza aumentó en 3.9 millones de personas
como resultado de las altas carencias de acceso a la seguridad social y a
la alimentación, de acuerdo con el estudio.
En 2016, las carencias sociales con mayores porcentajes en la
población fueron el acceso a la seguridad social (55.8 %), a la
alimentación (20.1 %) y a los servicios básicos en la vivienda (19.3 %),
lo cual revela la importancia de atender el acceso efectivo e integral
de los derechos sociales de los ciudadanos, que están estrechamente
relacionado con las prestaciones que se reciben en los empleos formales.
Aunque se han registrado avances en los indicadores de carencias con
relación a años anteriores, todavía existen retos para impulsar una
política de desarrollo social con objetivos claros y concretos, la cual
pueda “establecer pisos mínimos de acceso a bienes o servicios”, plantea
el estudio.
Entre sus principales hallazgos la evaluación detectó que a pesar de
que actualmente la protección social impulsada por el gobierno federal
es más amplia que hace 20 años, ésta se encuentra fragmentada, es decir,
no existe una igualdad de condiciones con relación a la distribución y
la cobertura de los programas sociales. El desigual nivel de acceso y
calidad da como resultado una baja efectividad, además de que “tanto la
coordinación como la complementariedad entre entidades y dependencias
para entregar los beneficios a la población vulnerable y en condición de
pobreza son débiles”.
Son al menos seis temas los que resalta la evaluación con relación a
la vulnerabilidad de las personas para gozar de sus derechos sociales.
Alimentación
El estudio señala que en 2016 la carencia de acceso a la
alimentación estaba presente en 24.6 millones de personas en todo el
país.
Los hogares con ingresos más bajos destinaron el 50.6 % de su gasto
en alimentos y bebidas, mientras que las personas en el ingresos más
altos invirtieron el 25.2 %.
“Si a los ingresos bajos se agrega el factor del alza en los precios
de los alimentos, la situación empeora. Estas variaciones generan
cambios drásticos en el consumo alimenticio de los hogares, sobre todo
en alimentos de alta calidad nutricia”, argumenta el CONEVAL.
Explica que en México el derecho a la alimentación encuentra mayores
dificultades en las dimensiones de accesibilidad y calidad, a pesar de
que en materia de disponibilidad se cuenta con una oferta adecuada de
alimentos. Esto se debe a una producción interna insuficiente y al grado
de apertura comercial que ha propiciado completar la oferta doméstica
mediante el comercio exterior.
Por ello las personas con ingresos más bajos son las que presentan
mayores obstáculos para acceder a los alimentos adecuados debido a que
no cuentan con los recursos económicos suficientes para comprarlos.
Las personas indígenas son las más afectadas en términos de
inseguridad alimentaria moderada o severa, lo cual deviene de las
condiciones de exclusión social, política y económica que atraviesan
estructuralmente.
A pesar de que se han implementado programas a nivel nacional para
combatir este problema, el estudio argumenta que el consumo de alimentos
“no significa que se tenga una buena alimentación, ya que a pesar de
que en las zonas urbanas la dieta está más diversificada que en las
zonas rurales, se consumen más alimentos no recomendables que producen
efectos como el sobrepeso y la obesidad”.
El CONEVAL crear programas sociales que ayuden a “mejorar el acceso
físico y económico a suficientes alimentos saludables y culturalmente
aceptables para las personas en situación de pobreza tanto en zonas
rurales como urbanas”.
Educación
Para el ciclo 2016-2017 la tasa neta de escolarización alcanzó el
98.4 % para primaria y 86.2 % para secundaria, sin embargo el acceso
efectivo a este derecho está determinado entre otros factores por la
condición económica de las personas, resalta el estudio.
La gratuidad de la educación pública obligatoria no ha sido
suficiente, por lo cual es necesario que los programas sociales sean
vistos como una opción para garantizar que toda la población,
particularmente la más pobre, pueda solventar los costos de la
educación.
Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH) 2016 identificaron a poco más de 1 millón de personas entre 3 y
17 años que viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de
bienestar mínimo (LBM) y no asisten a la educación básica.
En tanto, la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) de 2015 registró a
casi 700 mil niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela por
carencias económicas, de los cuales 490 mil son adolescentes.
La recomendación del CONEVAL para la crisis en materia de educación
es contar con una oferta de servicios educativos disponibles para todos
los niveles de educación obligatorios, la cual contemple instituciones
suficientes, infraestructura de calidad y materiales adecuados, además
de contar con planes, programas y prácticas apropiadas.
También será necesario que estos servicios sean accesibles de acuerdo
con sus características particulares, sin importar el lugar de
residencia, la condición económica, la pertenencia étnica y la condición
de discapacidad.
Se requieren programas que sean de calidad y en los que se utilicen
los medios y procesos idóneos para garantizar el máximo logro de
aprendizaje, exponen.
Servicios de salud
En 2016, 24 millones de personas presentaban carencia en cuanto al
acceso a los servicios de salud, esto se debe a que el paquete de
beneficios otorgados en instituciones de salud es insuficiente en cuanto
al contenido y extensión para quienes carecen de acceso a una
institución de seguridad social.
Señalan que las condiciones actuales del sector “obstaculizan la
cobertura universal y dificultan la utilización de los servicios por
parte de la población, en particular de los más vulnerables”.
Para disminuir la cifra de personas sin acceso a los servicios de
salud en el país, los gobiernos federal y estatal crearon programas no
contributivos como el Seguro Popular, que hoy cuenta con alrededor de
55.6 millones de afiliados y una limitación de su cobertura a 1,621
enfermedades.
Pese a este esfuerzo, el sector salud no ha logrado revertir la
heterogeneidad y disparidad en la calidad de atención entre el régimen
contributivo.
Para solucionar la carencia con relación a los servicios de salud el
CONEVAL plantea la creación de un sistema de protección social universal
con acceso más igualitario entre los diversos grupos de población, que
propicie la igualdad de oportunidades.
Dicho sistema deberá permitir la afiliación de los ciudadanos a
servicios de salud de calidad y efectividad lo cual garantizaría “una
atención equitativa y una adecuada promoción del cuidado de la salud,
prevención de enfermedades y tratamiento de patologías”.
Trabajo
El Informe de Evaluación 2018 señala que actualmente la población
desocupada se mantiene en 3.3 % y resalta que a pesar del bajo índice de
desocupación, para el sector que posee un trabajo “persisten
situaciones de precariedad laboral por falta de seguridad social,
incertidumbre en cuanto a la duración del empleo, bajos ingresos y
ausencia de prestaciones.
En 2016, el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) ejerció mil 564
millones de pesos y logró la inserción laboral de 317,706 personas,
situación que contribuyó a aminorar el nivel de desocupación; sin
embargo esta disminución no significa que se tenga mayor acceso a este
derecho, ya que de la población ocupada un porcentaje alto continúa en
la informalidad laboral.
En 2017 se registró a un 57 % de personas con un empleo informal,
siendo los jóvenes los que registran mayores dificultades para
incorporarse a empleos formales. El año pasado, más de la mitad de los
jóvenes ocupados se encontraban en empleos informales.
Esta situación propicia menores probabilidades de tener una pensión
al fin de la vida laboral. El panorama es más grave en los grupos de
trabajadores con mayores afectaciones como los jóvenes, las mujeres y
los indígenas.
La recomendación obtenida tras la evaluación plantea que es
indispensable reducir la informalidad laboral y diseñar estrategias o
programas específicos de formalización para los grupos más afectados.
Sumado a esto se requiere “mejorar el cumplimiento de las obligaciones
patronales en materia de capacitación para reducir la inestabilidad
laboral”.
Seguridad social
En 2016, 68.4 millones de personas tenían carencia por acceso a la
seguridad social, la cual no solo contempla el acceso a los servicios de
salud sino también a los programas o “el conjunto de políticas públicas
que buscan incidir en los riesgos que afectan el nivel de vida de la
población”.
Desde 2004 se implementaron programas federales como el Sistema de
Protección Social en Salud (Seguro Popular), las Estancias Infantiles
para Apoyar a Madres Trabajadoras y el programa “70 y Más”, mientras que
a nivel estatal, en todo el país, se crearon iniciativas para cubrir
riesgos asociados con salud, vejez, cuidado de niños (guarderías) y
vivienda.
A pesar de esto el problema persistió pues el sistema de seguridad
social tiene una baja cobertura en la población de menores ingresos y en
contraparte ofrece mayores beneficios para quienes tienen mejores
condiciones laborales y de salario.
El estudio concluye que la protección o seguridad social en la
actualidad no beneficia a todos los mexicanos; ofrece acceso y calidad
desigual de los programas sociales, y no cuenta con instrumentos
eficaces dirigidos a la población vulnerable.
La recomendación es este rubro es “contemplar la creación de un
sistema de protección social universal que garanticen el ejercicio
efectivo de los derechos sociales a lo largo del ciclo de vida” de las
personas.
Vivienda
En 2016 el 12 % del total de la población del país carecía de calidad
y espacios para una vivienda, prevaleciendo así la desigualdad en
diversas regiones del país, incluidas las ciudades.
Este problema está relacionado directamente con la falta de dinero,
ya que de acuerdo con la evaluación la población en situación de pobreza
“tiene mayores dificultades pues su condición no les permite acceder a
créditos hipotecarios públicos o privados para adquirir una vivienda”.
Aunado a esto, aquellas personas que no son poseedoras de alguna
vivienda tienen mayores dificultades de desarrollo social pues
difícilmente acceden a servicios públicos básicos.
En términos de calidad constructiva y de diseño, detalla el CONEVAL,
el hacinamiento prevalece en 8.4 % de las viviendas habitadas en el país
y 5.6 % de las viviendas en México presentan carencia por calidad de
materiales de techos, pisos, y muros.
En este sentido, el CONEVAL recomienda “reducir el rezago de vivienda
que prevalece en el país con énfasis en la población de escasos
recursos, comunidades indígenas, en el entorno rural y en las entidades
federativas ubicadas en el sur del territorio nacional”.
De manera general y con base en los resultados de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, el CONEVAL recomienda:
- Continuar con estrategias coordinadas entre dependencias y órdenes de gobierno dedicadas a reducir la pobreza multidimensional.
- Que las políticas públicas de desarrollo social se centren en el acceso efectivo a los derechos y permita cerrar las brechas económicas y sociales.
- Implementar un esquema de protección social universal que propicie reducir las brechas más urgentes y promueva una mayor igualdad a los accesos básicos para toda la población.
Con esto se espera que se generen las condiciones idóneas para crear
un ambiente de mayor igualdad de oportunidades entre todos los
mexicanos.
El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social puede consultarse aquí.
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