Por Thalif Deen
La
Asamblea General de la ONU, el máximo órgano de decisión y con la
potestad de erradicar el abuso sexual en el foro mundial. Crédito:
Manuel Elias/UN photo.
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Cuando se presentaron acusaciones de acoso sexual contra un secretario
general adjunto en la Comisión Internacional de Servicio Civil, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció que el secretario
general António Guterres no tenía jurisdicción sobre un órgano creado
por la Asamblea General, que solo responde a los estados miembro.
Pero la flagrante excepción a la tan publicitada “política de
tolerancia cero al abuso y la explotación sexual” también se aplica a
muchos otros órganos de la ONU creados por el máximo órgano de decisión
del foro mundial.
Entre ellos se destaca la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (ACABQ) y la Unidad de Inspección
Conjunta, lo que constituye una burla a la lucha contra el acoso en el
foro mundial.
Las excepciones también abarcarían a algunas comisiones, juntas,
consejos y paneles, todos órganos subsidiarios de la Asamblea General.
“Me parece espantoso que tres entidades de la ONU que tienen la
responsabilidad de garantizar el efectivo funcionamiento del sistema de
la ONU pisoteen ellas mismas normas básicas, aprovechándose de una
laguna legal sin supervisión del secretario general”, opinó el embajador
Anwarul K. Chowdhury, ex secretario general adjunto, alto representante
de la ONU y presidente de ACABQ (1997-1998), al ser consultado por IPS.
Es “extremadamente urgente” que la Asamblea General, de 193 miembros, atienda esa situación sin demora.
“Al sentirse impotente frente a es abuso y mal uso a la luz de
pasadas resoluciones, la Asamblea rehuye su responsabilidad en tanto que
mayor órgano de decisión intergubernamental”, añadió Chowdhury.
La política de tolerancia cero no es un adicional optativo que
algunos empleadores pueden aplicar o no, puntualizó la directora de
política de ONU Mujeres, Purna Sen, coordinadora ejecutiva y flamante
portavoz para Discriminación y Acoso Sexual.
“Tienen que tener un alcance universal para que todo el personal pueda tener seguridad y respeto”, apuntó.
Primero cabe destacar que abuso sexual, acoso, explotación y agresión
son todas formas de violencia sexual. Hay leyes contra la violencia
sexual y todos los estados se comprometieron a ponerle fin para 2030 (en
la Agenda para 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible).
“La obligación de poner fin a la violencia sexual depende de los
estados, pero todos los actores, el sector privado, las universidades
tienen la responsabilidad de que eso ocurra”, explicó.
“La Comisión Internacional de Servicio Civil (ICSC) no puede ser una
excepción a la hora de hacer ese trabajo: la independencia no debe
conceder impunidad”, añadió.
Segundo, la idea de que puede haber lugares donde no llegue la responsabilidad no es sostenible.
“Con un gran respeto por las mujeres que gritaron hasta que las
escucharon, quisiera señalar el clamor internacional por las mujeres que
señalaron a los abusadores”, apuntó.
Campañas en las redes como la de MeToo y otros reclamos de cambios
promovidos por las mujeres por fin concentran la atención de todos. La
responsabilidad debe ser real, tanto en la ICSC como en otros ámbitos,
indicó Sen.
Por último, parece que toda excepción a las políticas de la ONU existe debido a resoluciones de la Asamblea General.
“Le corresponde, por cierto, a la Asamblea General revisar y cambiar la situación”, acotó.
La necesidad de independencia no puede triunfar sobre la necesidad de
seguridad y respeto en el ámbito laboral, donde el abuso de poder y la
desigualdad de género se vuelven obsoletas, apuntó.
“Creo que el presidente de la Asamblea General, con su liderazgo
confiable, debe tomar medidas en consulta con el secretario general,
para presentar una resolución que supere la falta de jurisdicción y de
control que genera ese abuso sin ninguna supervisión superior”, explicó
Chowdhury.
“La independencia de una entidad de la ONU no debe significar
impunidad para menospreciar normas que representan valores centrales de
la ONU”, subrayó.
Por su parte, Ian Richards, presidente del Comité Coordinador de los
Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Internacionales del Sistema de
la ONU (CCISUA), con 60.000 miembros, dijo a IPS: “Esperamos que todas
las partes del sistema de la ONU tengan políticas y estructuras
implementadas para evitar el acoso sexual, de acuerdo con la promesa de
tolerancia cero del secretario general”.
“Eso permite que nuestros sindicatos ayuden a las víctimas a defender
sus derechos individuales a tener un lugar de trabajo sin acoso y a
lograr justicia cuando se violan sus derechos”, añadió.
“Pero actualmente no podemos asistir al personal que trabaja en
organismos como el ICSC, el ACABQ y la Unidad de Inspección Conjunta, a
pesar de que también tienen contratos con la ONU y son designados por el
secretario general”, apuntó.
El ICSC tratará el tema en su 87 sesión, que tendrá lugar en julio,
en Bonn, donde discutirá la diversidad en el lugar de trabajo, acotó.
La portavoz del presidente de la Asamblea General, Brenden Varma,
dijo a IPS: “Le corresponde a los estados miembro tomar la iniciativa,
no al presidente. De su parte, mantiene su posición firme contra todas
las formas de acoso y abuso sexual”.
El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, informó el 1 de mayo que en
los tres primeros meses del año, hubo 54 denuncias procedentes de todas
las entidades de la ONU y sus asociados.
Pero muchas no se pudieron verificar y están en la etapa de evaluación preliminar, apuntó.
De esas 54, 14 proceden de las operaciones de mantenimiento de la paz
y 18 de agencias, fondos y programas; 21 se relacionan con asociados y
una con un integrante de una fuerza ajena al foro mundial.
Y de esas 54, 14 son por abuso sexual, 34 por explotación sexual y tres de naturaleza desconocida.
Las denuncias afectan a 66 víctimas, 13 niñas menores y 16 de edades desconocidas.
Dos acusaciones fueron corroboradas por una investigación, dos no
fueron corroboradas, 21 están en distintas etapas de investigación, 27
en evaluación preliminar y se revisa el resultado de otra más.
Con más de 95.000 civiles y 90.000 oficiales uniformados en la ONU,
el abuso y la explotación sexual no reflejan la conducta de la mayoría
de las mujeres y hombres que trabajan para la organización, puntualizó
Dujarric.
“Pero cada acusación que involucra a nuestro personal socava nuestros
valores y principios, y el sacrificio de quienes sirven con orgullo y
profesionalismo en algunos de los lugares más peligrosos del mundo”,
reconoció.
“Por esa razón, combatir este flagelo y ayudar y empoderar a quienes
se vieron afectados por esos actos atroces, siguen siendo prioridades
para el secretario general en 2018”, subrayó.
En una reunión con el secretario general, el 3 de mayo en Londres,
los directores ejecutivos de agencias de la ONU, reiteraron su “firme
compromiso de defender la tolerancia cero al acoso sexual, fortalecer
los esfuerzos de prevención y respuesta centrados en las víctimas y
promover un ambiente laboral seguro e inclusivo”.
Además, se comprometieron a ofrecer mecanismos como líneas
telefónicas de ayuda para que el personal denuncie hechos de acoso y
reciba apoyo y a crear una base de datos para no recontratar a personas
que cometieron abusos.
Y también se comprometieron a implementar procedimientos acelerados
para recibir, procesar y atender las denuncias, contratar investigadores
especializados, incluidas mujeres, aplicar una capacitación
obligatoria, ofrecer pautas para directivos, armonizar las políticas e
implementar encuestas de percepción entre el personal para conocer sus
experiencias.
Traducción: Verónica Firme
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