El escándalo de los actos de corrupción cometidos por la empresa
brasileña Odebrecht colocó a su socia mexicana Idesa, propiedad de la
familia del embajador de México en Estados Unidos, en una incómoda
posición ante los reflectores, aunque el funcionario se desmarca. La
historia del consorcio méxico-brasileño que dio forma a Braskem-Idesa
data de 2009. Desde entonces, gobiernos del PAN y del PRI le abren
espacios a la par que Pemex los pierde. Si en el gobierno de Carlos
Salinas de Gortari México contaba con 237 plantas petroquímicas, en el
de Felipe Calderón apenas llegaba a 67. Este reportaje se publicó
originalmente el 19 de noviembre de 2017 en la edición 2142 de la
revista Proceso bajo el título “El caso Odebrecht roza al embajador en
Washington”. A continuación se reproduce íntegro.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El escándalo de la corrupción de
Odebrecht alcanzó al embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo
Gutiérrez Fernández. Su familia es accionista mayoritaria de Grupo
Idesa, conglomerado que durante el gobierno de Felipe Calderón se asoció
con Braskem S.A., la filial petroquímica de Odebrecht.
La relación de Odebrecht con la familia del embajador del gobierno de
Enrique Peña Nieto en Washington se mantuvo fuera de los reflectores
hasta la semana pasada, cuando se conoció la muerte, el viernes 10, del
ingeniero Guillermo Gutiérrez Saldívar.
Accionista y presidente del Consejo de Administración de Grupo Idesa,
Gutiérrez Saldívar era el padre del embajador en Washington y de
Patricio Gutiérrez Fernández, delegado del Consejo de Administración de
Idesa.
Dedicada a la fabricación de plásticos y materiales sintéticos, la
empresa fue fundada en 1956 por el abuelo del embajador, Pascual
Gutiérrez Roldán, quien fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en
el gobierno de Adolfo López Mateos. La familia Gutiérrez ahora posee 26%
de las acciones y según el embajador, él no tiene ninguna participación
accionaria.
En 2009, durante la gestión de Calderón, Idesa se asoció con el
“brazo petroquímico” de Odebrecht y crearon la firma Braskem Idesa, la
gran beneficiaria del desmantelamiento del área petroquímica de Pemex a
través de la construcción de la planta Etileno XXI, el complejo
petroquímico más grande de México, ubicado en Nanchital, Veracruz.
El hermano del embajador fue el director financiero del consorcio
Braskem Idesa S.A.P.I., y en el contrato de la sociedad méxico-brasileña
con Pemex para la construcción y operación de esa planta firmó entonces
como director de Planeación y Desarrollo de Negocios de Idesa. Ahora es
el delegado del Consejo de Administración de la empresa que sigue
siendo dominada por la familia del jefe de la misión diplomática de
México en Washington.
Más allá de su relación con Braskem, la familia del embajador creó
apenas en octubre del año pasado la sociedad Idesa Petroquímica S.A. de
C.V., constituida por Grupo Idesa y Desarrollo Corporativo Idesa. En la
nueva sociedad, el padre del embajador quedó como presidente del Consejo
de Administración y su hermano, como consejero propietario.
En carta enviada a Proceso, el embajador se deslindó de cualquier
interés con la empresa familiar. Aseguró que no tiene ninguna
participación accionaria en ella y que, como funcionario, no ha
intervenido en alguna acción en beneficio de Braskem Idesa.
“Desde 1992, año en que ingresé por primera vez a la administración
pública federal, y hasta la fecha, no he tenido participación alguna ni
acciones en Grupo Idesa”, señaló en su carta fechada en Washington el
pasado miércoles 15.
Aseguró que ante un potencial conflicto de interés, “como resultado
de las actividades empresariales de mi familia y mi responsabilidad como
embajador de México en EUA, asenté esta relación como parte de mi
declaración patrimonial de intereses ante la Secretaría de la Función
Pública”.
Además, “puedo afirmar que no he intervenido en asunto alguno
relacionado con la empresa de mi familia, incluyendo cualquiera que
tenga que ver con su asociación con Braskem a través de Braskem Idesa”.
Las aseveraciones del embajador respecto de la inexistencia de un
conflicto de interés, sin embargo, son difíciles de corroborar. En todas
sus declaraciones públicas ha evitado que se conozca su situación
patrimonial.
Es más, en su última declaración, del 29 de abril de ese año, fue
claro: “No estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de
interés”.
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos establece hasta el cuarto grado de parentesco la posibilidad
de que un servidor público se beneficie en asuntos de interés personal,
familiar o de negocios.
En su carta, el embajador Gerónimo Gutiérrez precisó que su padre fue
presidente de Idesa durante 15 años y que la sociedad del grupo
mexicano con la filial brasileña de Odebrecht va a aportar la
información que les requiera la autoridad.
Rocío Nahle García, coordinadora del grupo parlamentario de Morena en
la Cámara de Diputados, considera que a raíz del escándalo
internacional de Odebrecht, el prestigio de Idesa está en peligro, pues
ahí tiene su capital como empresa que vende en 30 países.
El escándalo de Odebrecht colocó a Idesa “al filo del daño colateral,
pues, al final de cuentas, quedó bailando en una pista con un socio
incómodo que hoy está en la cárcel”, dice a Proceso, en alusión a los
ejecutivos de Odebrecht ahora procesados bajo prisión en Brasil.
Ingeniera química especializada en petroquímica e integrante de la
Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Nahle cuenta que Idesa
fue invitada por el gobierno de Calderón para participar en Etileno XXI,
en tanto que otras como Alfa y Mexichem declinaron seguir en el
proyecto.
Asegura que cuando a Idesa le propusieron el proyecto, le pusieron
sobre la mesa a Braskem con un gran flujo de capital, bajo la promoción
de la entonces secretaria de Energía de Calderón, Georgina Kessel
Martínez. “Fue el propio gobierno de Calderón que promovió y presentó a
los brasileños con Idesa”, dice la legisladora, quien se entrevistó con
integrantes de la empresa mexicana.
La sociedad Braskem Idesa fue en noviembre de 2009 y en febrero de
2010 firmó con el gobierno de Calderón el contrato de Etileno XXI. La
planta entró en funcionamiento en junio de 2016, con un costo de 5 mil
millones de dólares.
En octubre de 2010, Nahle pidió información sobre la venta de gas
etano por parte de Pemex Gas y Petroquímica Básica de Pemex (PGPB) a
Braskem Idesa para Etileno XXI.
PGPB rechazó la petición de información por considerarla
“confidencial y estratégica”. A través de un recurso de impugnación, el
entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ordenó que
se entregaran los datos requeridos, pero Braskem e Idesa se ampararon
por separado para impedir que se conociera el contrato. En particular,
la fórmula a través de la cual Pemex les va a vender la materia prima
origen del polietileno, utilizado en la millonaria industria del
plástico.
Ambas empresas argumentaron que de darse a conocer, perderían su
ventaja competitiva. El dato clave es que Pemex le venderá al consorcio
el gas más barato respecto de los precios internacionales. El compromiso
que adquirió el Estado mexicano es venderle al consorcio
méxico-brasileño 66 mil barriles diarios de gas etano durante 25 años,
con la posibilidad de que la demanda de la empresa aumente y, en caso de
incumplimiento, Pemex será sancionada, aunque el monto o tipo de
castigo se mantiene en reserva.
El desmantelamiento
La llegada de Marcelo Odebrecht a México implicó algo más que grandes
negocios para los brasileños, o presuntos y millonarios sobornos a
funcionarios mexicanos. Su peor consecuencia ha sido el lento y perenne
desmantelamiento de los complejos petroquímicos mexicanos.
El contrato con Braskem Idesa, que se firmó cuando el director de
Pemex Gas y Petroquímica era Jordy Herrera, ha mermado la capacidad de
producción petroquímica de Pemex, limitándola hasta en 30 o 40%, según
cálculos de la diputada Nahle.
A la falta de insumos, que Braskem-Idesa retiene, se ha sumado la
suspensión de obra y mantenimiento de los dos principales complejos
petroquímicos propiedad del gobierno: Morelos y La Cangrejera, así como
la subasta de terrenos y maquinaria de la planta petroquímica Escolín el
próximo viernes 24, para que la iniciativa privada los transforme ahora
en zonas residenciales.
Esto es, en suma, el efecto devastador en una de las áreas de Pemex
que trajo consigo la llegada de Marcelo Odebrecht a México, según se
deriva de documentos internos de Pemex, como el contrato
Pemex-Braskem-Idesa, convocatorias de licitaciones y documentos internos
de Idesa de los cuales Proceso tiene copias.
2008, el inicio
Desde 1998, en el gobierno del priista Ernesto Zedillo, se intentó
privatizar el complejo petroquímico Morelos. Idesa fue invitada, pero el
proyecto fracasó.
A la llegada de Vicente Fox se pretendió construir una gran planta
generadora de etileno. Su nombre sería Fénix, pero también fracasó.
Felipe Calderón, quien en 2003 fungía como secretario de Energía, se
llevó la idea a su gobierno y retomó el proyecto en 2008.
Su principal invitado era Idesa, que ya tenía un largo camino en el
tema. Braskem, la empresa de Marcelo Odebrecht, aún no figuraba. De
hecho, las concursantes fueron Idesa, Mexichem, Alfa y Grupo Mexicano de
Inversionistas.
En marzo de 2008 Braskem decide unirse a Grupo Mexicano de
Inversionistas; Mexichem y Alfa declinan seguir en la puja por la planta
de Etileno. Así, para noviembre de 2009, Braskem-Idesa presenta la
propuesta económica que se queda con el contrato millonario de gas
etano.
La Planta Etileno XXI se echó a andar en junio de 2016 con un costo
de 5 mil millones de dólares, pero en el camino, el gobierno de Felipe
Calderón se encargó de ir minando a los competidores de Braskem: las
plantas petroquímicas del gobierno.
Si en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari México contaba con 237
plantas petroquímicas, en la administración de Felipe Calderón apenas
llegaban a 67.
México contaba con cinco complejos petroquímicos: Morelos, La
Cangrejera, Pajaritos, Cosoleacaque y San Martín Texmelucan, además de
las “unidades petroquímicas” como Escolín, Tula y Camargo.
Hoy Pajaritos ya no existe luego de la explosión ocurrida en 2016,
mientras que Escolín fue una de las unidades que se dejó “morir” al
grado de que hoy, parte de sus terrenos y maquinaria, propiedad de
Pemex, están siendo subastadas.
Apenas el pasado 25 de octubre, Pemex lanzó la convocatoria para
participar en la licitación pública a todos aquellos que pretendan
utilizar los terrenos para “actividades no residenciales” o a
instituciones de crédito que funjan como fideicomisarios para usarlos
con “fines residenciales”.
La subasta incluye los terrenos de la petroquímica Escolín, ubicados
entre Poza Rica y Coatzintla, Veracruz. Una primera subasta es de 602
mil 307 metros cuadrados con una construcción de 65 mil 991 metros
cuadrados, el valor de referencia es de mil 572 millones de pesos.
La segunda subasta de los terrenos de la petroquímica Escolín son una
superficie de 30 mil 396 metros cuadrados y una construcción de tres
mil 98 metros cuadrados, su monto de venta es de 68 millones de pesos.
La presentación de documentos y aperturas económicas de los postores será el próximo viernes 24.
El presidente municipal de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez
Vallejo, envió al director general de Pemex, José Antonio González
Anaya, una carta donde le expresa su inconformidad por la subasta de los
terrenos. Le pide su cancelación y solicita se les cedan los derechos
de los poco más de 630 mil metros cuadrados para desarrollar en ellos
proyectos económicos sustentables.
Le recuerda que Poza Rica es uno de los municipios petroleros “que
más han aportado riqueza y trabajo a México”. Hasta el momento González
Anaya no ha respondido y la subasta sigue en pie.
Difícilmente, el director de Pemex dejará pasar la posibilidad de
subastar los terrenos de la petroquímica, pues implicaría dejar de
recibir poco más de mil 600 millones de pesos. Lo anterior porque a su
llegada a Pemex, en febrero de 2016, anunció recortes por 100 mil
millones de pesos como única manera de sacar adelante a la petrolera del
país.
De acuerdo con el documento que entregó a la Cámara de Diputados en
febrero de ese año, la venta de los terrenos ya los tenía en la mira.
“Se tiene identificado un conjunto de operaciones que pueden generar
ingresos adicionales al presupuesto, por ejemplo, desincorporación de
diversos activos y monetizaciones”, se lee en el documento.
En el mismo texto se estableció que los complejos petroquímicos
pasarán de 5 mil 300 millones de pesos de presupuesto a quedar en apenas
300 millones de pesos. Esto implicó “diferir o replantear inversiones”.
Para el caso del complejo petroquímico Morelos se disminuyeron 17
millones de pesos, con lo cual se suspendieron trabajos de obra civil,
suministro y puesta en operación, y en el de La Cangrejera, se
eliminaron 78 millones, lo que significó “suspender la rehabilitación de
talleres de mantenimiento”. También se planteó restarle 81 millones de
pesos a Pajaritos, pero esta finalmente explotó y salió del mercado.
Rocío Nahle sostiene que las petroquímicas están trabajando a 30%.
Desde 2010 dijo que Etileno XXI sería una competencia desleal para
Pemex, pues el gobierno terminaría retirándole el gas etano a las
petroquímicas para dárselo a Odebrecht. Y ocurrió.
El 15 de noviembre de este año, el reportero Gerardo Enríquez, del
Diario del Istmo de Coatzacoalcos, reveló que Pemex importará gas etano
de Texas o Pensilvania para surtir los complejos de La Cangrejera y
Morelos. “El producto llegará en barco procedente de Estados Unidos y se
almacenará en la Terminal Refrigerada de Pajaritos y posteriormente se
distribuirá por tubería a las plantas de polietileno de La Cangrejera y
Morelos.
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