México es un país cuya pobreza
es el resultado de políticas económicas y fiscales fallidas, que
favorecen la concentración del ingreso y privilegian a unos cuantos.
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Según Cuentas Nacionales, mientras en 1976 los salarios representaban 43.5 por ciento del Ingreso Nacional, para 2015 ya solo eran el 28.2 por ciento;
en cambio las utilidades crecieron de 52.9 por ciento a 68.3 por ciento
(véase gráfica anexa). Estas cifras expresan de manera elocuente
quienes han sido favorecidos con las reformas estructurales neoliberales
impuestas desde mediados de los años ochenta.
Si bien es cierto que México requería instrumentar políticas que le
permitieran participar en el proceso de globalización, es falso que las
decisiones tomadas por los gobiernos priistas en los ochenta, y que
mantuvieron los gobiernos panistas de principio de siglo, eran las
únicas o las más convenientes.
La experiencia internacional muestra que países como India,
China y Brasil, lograron competir internacionalmente mediante políticas
económicas y sociales muy diferentes a las de México. Hubo
mayor intervención estatal, los salarios mejoraron, se ampliaron las
oportunidades para el desarrollo de capacidades de la fuerza de trabajo,
a través de mayor oferta pública educativa, etc.
Ello trajo consigo una reducción sustancial de la pobreza en esos países. En cambio en México el gobierno le apostó a “vender” la fuerza de trabajo nacional barata
y a permitir la entrada indiscriminada del capital, sin proteger la
planta productiva. No sorprende entonces que en nuestro país prevalezca
la pobreza y la falta de crecimiento económico.
Por eso los temas del último debate presidencial de este martes 12
son relevantes: 1) crecimiento económico, pobreza y desigualdad; 2)
educación, ciencia y tecnología y 3) salud, desarrollo sustentable y
cambio climático (1).
El debate entre los candidatos estará guiado por preguntas
que se definieron a partir de un proceso, poco claro, de participación
ciudadana. Llaman la atención las del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), donde se aglutina un buen número de empresarios
consentidos por el sistema.
Las preguntas en realidad están dirigidas a Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
candidato de la coalición Juntos haremos historia (Morena, PT y PES),
ya que las respuestas son claras cuando se trata de los otros candidatos
a la presidencia, Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente y
José Antonio Meade (PAN, PRD y MC), de la coalición Todos por México
(PRI, Verde y PANAL).
Los del CCE saben que los dos últimos candidatos no cambiarán en nada
el rumbo de la política económica y, por tanto, que (de ganar algunos
de ellos) seguirán siendo los consentidos del sistema. Pero el temor del CCE al triunfo de AMLO me parece infundado,
ya que lo que se conoce de su estrategia económica y social no modifica
sustancialmente las bases del funcionamiento económico del país, sino
que se enfoca a la erradicación de la corrupción y a un mejor manejo de
las finanzas públicas, promoviendo la inversión pública.
Los empresarios agrupados en el CCE tienen incertidumbre en tres
áreas específicas: ¿Cuál será el peso de la participación del estado
contra la “libre” competencia?, ¿cuál será la estrategia para promover
el empleo de calidad? y ¿qué hará AMLO con la reforma educativa?
En lo que respecta al primer tema, los empresarios envían mensajes
claros de lo que desean: 1) mayor inversión pública, pero con
participación de la iniciativa privada; 2) permitir el nombramiento de
un consejo fiscal “independiente”, que decida las prioridades del gasto
público, para tratar de imponer lo que desean los empresarios al próximo
presidente. Vaya propuesta.
Con los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, la inversión pública ha sufrido una fuerte contracción.
De representar por varias décadas 6 por ciento o 7 por ciento del PIB,
se ha redujo con la finalidad de mantener un superávit fiscal y así
tener la aprobación de las calificadoras internacionales. En este sexenio el recorte ha sido el más fuerte, particularmente, con José Antonio Meade como Secretario de Hacienda.
De esta forma, la inversión pública bajó, en 2017, a 2.6 por ciento
del PIB y se proyecta que este año alcance solo 2.4 por ciento. Si
tomamos en cuenta que se estima que la corrupción le cuesta al país 9
por ciento y que la evasión fiscal ronda el 3 por ciento, es muy claro
que si AMLO ataca estos dos problemas, habrá recursos disponibles para incrementar la inversión pública.
Pero para ello, se requiere que los empresarios acepten pagar lo que
les corresponde en materia de impuestos y dejen de ser cómplices del
entramado de corrupción que prevalece en el país.
En cuanto al empleo, es claro que si se pagan mejores salarios y se
inscribe a los trabajadores en la seguridad social, habrá efectos
multiplicadores en el mercado interno, favoreciendo la actividad
económica, ya que habrá mayores oportunidades para el desarrollo de
negocios.
Por otra parte, los empresarios se equivocan al culpar a los maestros de la tragedia educativa que vive el país.
Para mejorar la educación se necesita que aumenten los salarios de los
profesores y se mejore la infraestructura educativa, se reduzca la
pobreza, que asciende a 80 por ciento de la población total del país, y
que los menores de edad puedan ir a la escuela sin sentir hambre, algo
que los empresarios no han tenido la capacidad de comprender o han
preferido ignorar, porque es más fácil culpar a los maestros, que
contribuir a que se reduzca la pobreza y la desigualdad.
Fuente:
FUENTE: UNITÉ con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI,
extraído de “La Jornada”, 22 de julio de 2013,
http://www.jornada.unam.mx/2013/07/22/economia/023o1eco, y Boletín
INEGI,
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_09_06.pdf
1. Me parece aberrante que hayan
agrupado el tema de salud con el de desarrollo sustentable y cambio
climático, porque las estrategias que se requieren seguir son de
naturaleza muy distinta; pero en fin, estamos en México donde, como dice
Julio Boltvinik, “si las cosas se pueden hacer mal, para qué hacerlas
bien”.
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