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De logro para
México, calificó Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva del
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) el mecanismo de protección
Alerta de Violencia de Género (AVG), al que consideró una eficaz
herramienta para proteger los derechos humanos de las mujeres.
La afirmación fue formulada por Arámburu al participar el pasado día 6
en el Panel Eurosocial "La igualdad de género en el corazón de la
cohesión social" durante las Jornadas Europeas de Desarrollo Social 2018
que se realizan en Bruselas.
Al feminicidio lo definió como un grave problema y dijo que la AVG lo reconoce y enfrenta, ya que es la punta del iceberg de múltiples manifestaciones de violencia contra las mujeres, que se dan de manera cotidiana y son socialmente toleradas.
El Panel Eurosocial dentro de las Jornadas Europeas de Desarrollo
Social 2018 tiene como objetivo compartir las experiencias de políticas
públicas para erradicar la discriminación de las mujeres; reúne a
funcionarias de la Comisión Europea y Agencias de Cooperación Europeas,
representantes de embajadas latinoamericanas en Bruselas, organismos
internacionales, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil.
Eternod Arámburu afirmó que avanzar hacia sociedades más cohesionadas
conlleva la prevención, atención y sanción de la violencia contra las
mujeres, y con ello su erradicación; sólo así alcanzaremos un desarrollo
sostenible con igualdad sustantiva para todas y todos. La aplicación de
la AVG toma medidas para que funcione, a pesar de los contextos
políticos y sociales, altamente complejos y dinámicos que existen en
México.
El INMUJERES solicitó el apoyo de
consultoría a Eurosocial para evaluar el funcionamiento de la AVG y su
Mecanismo, reconociendo que a pesar de los avances y esfuerzos para
reforzar las políticas públicas de prevención y atención de la violencia
contra las mujeres, ninguna de las alertas declaradas se ha concluido.
En el primer semestre de esta consultoría se identificó que las
dificultades en la efectividad del mecanismo son de índole estratégica y
metodológica.
Luego advirtió que ni los gobiernos, ni las
organizaciones de la sociedad civil ni las organizaciones
internacionales están en condiciones de erradicar el problema de la
violencia contra los mujeres por sí solos, sino que se requieren
múltiples esfuerzos sostenidos y coordinados para resolver esta
problemática, por ello el Mecanismo de Alerta de Violencia de Género,
único en el mundo, está permitiendo generar una sinergia más sólida para
dar una respuesta integral por parte del Estado Mexicano, pero,
puntualizó "se necesita mucho más".
Expuso en su intervención las ventajas, límites y potencialidades del
mecanismo de Alerta de Violencia de Género, destacó que el trabajo de
las organizaciones de mujeres y la sociedad civil han sido clave para
visibilizar, cuestionar y medir los avances y retos, denunciar y
reconocer la violencia contra las mujeres, como un gravísimo problema,
sacándolo del ámbito de lo privado a la agenda política.
En 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, considerada una de las legislaciones más integrales
de la región de América Latina y el Caribe, pues señala tres mecanismos
para aplicar la política pública nacional a fin de prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres: El Sistema
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, presidido por el Secretario de Gobernación, dándole
prioridad en la agenda nacional, un programa integral, y el Mecanismo de
Alerta de Violencia de Género en contra de las mujeres.
Eternod Arámburu destacó que la Alerta para la Violencia de Género
contra las Mujeres es un mecanismo de protección de los derechos humanos
de las mujeres para generar una reacción inmediata entre los tres
niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), y los tres poderes
de los gobiernos estatales para intervenir en corto plazo y no sustituye
a las políticas públicas, sino las complementa.
Entre los retos de la Alerta de Violencia se encuentra generar una
reacción inmediata entre las autoridades, pues en la actualidad la
mayoría de las recomendaciones y medidas de trabajo que se han generado
son de tipo estructural y requieren de un mediano o largo plazo para ser
implementadas y arrojar resultados.
Informó que el funcionamiento de la Alerta de Violencia de Género fue
definido por un reglamento de 2008, que establecía que correspondía al
Sistema Nacional resolver definitivamente, mediante votación, la
procedencia de la declaratoria de Alerta, pero las solicitudes se
politizaban y no admitieron ninguna de las investigaciones solicitadas,
por lo que el reglamente fue modificado en el 2013 para brindarle
autonomía, transparencia e imparcialidad al proceso de investigación.
Como resultado se han presentado 44 solicitudes, de las cuales se han
declarado 13 Alertas, mientras nueve se encuentran en trámite.
Explicó que las solicitudes las pueden presentar organismos de derechos
humanos nacionales e internacionales y organismos de la sociedad civil
legalmente constituidas. La solicitud se hace a través del INMUJERES,
encargado de comunicarlo a la Comisión para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, se tramita la solicitud y se confirma el
grupo de trabajo que investiga la situación de violencia en particular y
general, e implementa medidas provisionales de seguridad y justicia.
También incluye un estudio legislativo en su informe de la situación de
violencia con el fin de proponer acciones que permitan contrarrestar el
estado de emergencia. Las medidas incorporadas son de prevención,
seguridad y justicia.
Los casos en que
proceden las solicitudes de declaratoria son dos: cuando existan delitos
del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la
seguridad de las mujeres, que perturben la paz social en un territorio
determinado y la sociedad así lo reclame y cuando exista un agravio
comparado; es decir, un ordenamiento jurídico vigente o política pública
que transgrede los derechos humanos de las mujeres.
Consideró necesario que la implementación de dichas medidas funcione a
pesar de los contextos políticos y sociales, altamente complejos y
dinámicos que existen en el país, y que se dé respuesta en dos niveles;
es decir, a nivel global que determine el accionar del mecanismo y al
momento de intervenir en un caso específico.
En la actualidad, el funcionamiento y los criterios de aplicación del
mecanismo de Alerta han venido definiendo y modificándose sobre la
marcha. Así como que se definan los recursos estatales y federales para
generar las diferentes etapas del procedimiento, y se determinen los
factores para dar por concluida la aplicación del mecanismo.
El garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de
violencia ha representado un enorme reto para México, un enorme desafío
no sólo por su gran extensión territorial de casi dos millones de
kilómetros cuadrados, al estar constituida por 32 estados al ser que
conforman una República federal, donde cada una de ellas cuenta con sus
propias leyes, instituciones y recursos, además de la gran diversidad
cultural con 68 pueblos indígenas, por lo que incorporar la perspectiva
territorial para mejorar y fortalecer la articulación entre el nivel
federal y estatal, ha sido fundamental.
Marcela Eternod explicó que en México, gracias a que existe una mayor
disponibilidad de información estadística sobre el fenómeno de la
violencia contra las mujeres sabemos que se presenta en distintos
ámbitos, en las distintas etapas de la vida de las mujeres donde se
entrelazan múltiples tipos de violencia.
Agregó que hay
diferentes dinámicas sociales y, por lo tanto, la violencia contra las
mujeres no ocurre de la misma manera en todo el territorio mexicano,
porque tiene características diferentes que responden a contextos
diferentes, lo que exige soluciones específicas a cada realidad.
Establecer la perspectiva de género como estrategia transversal en el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 fue fundamental, y en este marco
se elaboró en 2013 el Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no discriminación contra las Mujeres, el PROIGUALDAD, de
cumplimiento obligatorio y que incide en los tres poderes; ejecutivo,
legislativo y judicial, y los tres órdenes de gobierno; federal, estatal
y municipal, e incluye a organismos autónomos y a organizaciones de la
sociedad civil.
Abundó que al reconocer
que la violencia contra las mujeres es un problema multidimensional, el
PROIGUALDAD incluye 50 líneas de acción en materia de violencia contra
las mujeres y acceso a la justicia, con indicadores precisos a los que
se da puntualmente seguimiento para hacer los ajustes necesarios para su
cumplimiento.
En este contexto, el gobierno
federal y el INMUJERES han firmado convenios de colaboración con los
gobiernos de las 32 entidades federativas, y se impulsa una agenda de
trabajo conjunta para que las mujeres tengan las mismas oportunidades
que los hombres para cuidar la salud, estudiar, acceder a recursos
económicos, al empleo, al trabajo remunerado, a participar en la toma de
decisiones y a vivir una vida libre de violencia.
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