El territorio indígena del norte de Jalisco se encuentra
paralizado. Desde hace meses que las autoridades debieron haber
restituido las tierras a las comunidades wixáritari, de acuerdo al
mandato judicial. Pero esto no ha sido posible por la insuficiencia
presupuestaria del gobierno federal y la falta de cumplimiento de
atención por parte del estado.
Ante este panorama, los indígenas wixáritari de la comunidad de San
Sebastián Teponahuaxtlán decidieron retener a funcionarios del estado en
vista del cumplimiento de un plazo acordado con el gobierno del estado
para hacer frente a sus demandas de restitución de la tierra a finales
de mayo, el cual tenía como límite este 5 de junio.
Los retenidos fueron los secretarios de Infraestructura y Obra
Pública, Netzahualcóyotl Ornelas, de Educación, Francisco Ayón López, y
el de Desarrollo e Integración Social, Daviel Trujillo Cuevas. Así como
Lizana García, directora del DIF Jalisco.
La medida de presión surgió ante la demanda de que se presente el
gobernador de Jalisco. Sin embargo, autoridades estatales negaron que
haya existido retención por parte de los wixáritari y aseguraron que se
encontraban en una asamblea comunal bajo los usos y costumbres
indígenas.
Mientras tanto, el reparto de tierras y el conflicto agrario en
Huajimic no ha podido ser concluido y la disputa territorial por la
falta de claridad sobre la delimitación de las comunidades wixáritari
del norte sigue en pie.
En esta materia, los legisladores locales, tanto de Nayarit como de
Jalisco, prevén que sea el Senado de la República el que se encargue de
la disputa por el territorio en el municipio de Mezquitic, pues ambos
congresos locales han realizado sus delimitaciones integrando a las
comunidades dentro de su delimitación territorial.
Desde el 18 de abril lo había hecho el Congreso Local de Nayarit,
mientras que el Legislativo jalisciense lo aprobó hace unas semanas y
este 3 de julio se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco
el decreto que hace esta delimitación.
Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del consejo de vigilancia de
San Andrés Cohamiata, se dijo decepcionada de las reuniones que se han
tenido con los legisladores, pues al final no han resuelto el conflicto.
“Veníamos preparados y creíamos que íbamos a regresar ya con una
respuesta ante este manifiesto que habíamos hecho. Pero hoy nos
regresamos igual”, sentenció Morales Reza luego de la última reunión con
los legisladores en el Congreso del Estado de Jalisco.
Disputa territorial
La disputa por el reparto de tierras en San Sebastián Teponahuaxtlán
mantiene en paro a la localidad, fuera de cualquier lógica institucional
hasta que se resuelva su conflicto. Desde el 30 de abril pasado, los
indígenas del norte de Jalisco han paralizado la zona y tomado los pasos
por su comunidad como una medida para que las autoridades hicieran caso
a sus demandas.
El conflicto se agudizó en las últimas semanas a partir del triunfo
judicial de los wixáritari para que se les reestablecieran más de 10 mil
hectáreas de terreno, que habían sido usurpadas por ganadero de
Huajimic, un poblado municipio de La Yesca, en Nayarit.
Así lo determinó el Tribunal Unitario Agrario número 56, quien se
encargaría de hacer vales las sentencias a favor de los wixáritari de
San Sebastián Teponahuaxtlán. Pero el 23 de mayo suspendió el proceso
ante la petición de la autoridad.
Dicha solicitud se dio a raíz de la insuficiencia presupuestaria, a
decir de la Secretaría de Gobernación. Pues la restitución de la tierra a
las comunidades indígenas implica una indemnización por parte del
gobierno federal a los ganaderos de Huajimic.
Por medio de su petición al tribunal 56, la Segob pidió cuatro
semanas de plazo para “completar” el paquete de financiamiento a los
posesionarios mestizos, como se les conoce entre los wixáritari. Lo más
preocupante de la situación es que estos mismos ganaderos se han tratado
de deslindar del proceso a través de formas violentas: intimidación y
amedrentamiento de los líderes comunitarios y el grueso de la población
indígena de la zona.
Las disputas legales por esta tierra tienen más de una década en proceso.
Por lo cual las comunidades indígenas ahora ejercen presión ante un
posible intento por no restablecer las tierras, como lo sentenció
favorablemente el Tribunal Unitario Agrario 16 de Guadalajara.
Contra el voto
El cese de las funciones básicas de la comunidad no ha sido el único
medio de presión, también se acordó comunalmente la prohibición de los
procesos electorales en la zona indígena.
De tal modo que los wixáritari, alrededor de 400 indígenas desde el 30 de abril se han movilizado para vigilar que cualquier funcionario electoral o aspirante no se acerque a la zona, pues se dicen cansados de escuchar promesas ante una problemática concreta de entrega de sus tierras
En los 20 meses en que se han ejecutado las restituciones de la
tierra originaria, los wixáritari sólo han obtenido la entrega de dos
predios, aunque uno de ellos se encuentra en supuesto estado de sitio,
con vigilancia armada de parte de los ganaderos que invadieron las
tierras.
Fueron recibidos los representantes de la comunidad en la Segob la
semana pasada, el 22 de mayo. Pero la información que les fue otorgada
no aclaró el grueso de las dudas, pues la comunidad desconoce el porqué
de la detención en el proceso de restitución y, al tratarse de montos
presupuestales, no se informaron montos a entregar y determinar la
insuficiencia.
Por otro lado, las autoridades locales ya se presentaron en la zona
indígena. Pero fueron funcionarios de segundo nivel. Que en medio de las
miradas de los wixáritari, hicieron presencia para ver cómo se puede
dar solución al conflicto desde lo local
Se llegaron a acuerdos para la resolución de la entrega de tierras y
posibles rutas de acción en caso de que no se reestablezca el proceso de
entrega de los predios, poniéndose como fecha el cinco de junio como
límite o se llamaría a que se presente nadie más que el gobernador y los
escuche.
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