Francisco López Bárcenas
Tres candidatos a la Presidencia
de la República han aceptado que sus representantes debatan este lunes
sus propuestas sobre derechos indígenas. Así, a las seis de la tarde de
este día, se encontrarán en el Museo Nacional de Antropología Adelfo
Regino Montes, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jesús Fuentes Blanco, de las
coaliciones Juntos Haremos Historia, Por México al Frente y Todos por
México, respectivamente.
Xóchitl Gálvez fue comisionada para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas en el sexenio de Vicente Fox; Adelfo Regino tomó notoriedad en
los Acuerdos de San Andrés y fue secretario de Asuntos Indígenas de
Oaxaca en el gobierno de Gabino Cué; Jesús Fuentes preside el consejo
consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI). Los dos primeros se conocen, saben de sus posturas en
la materia y seguro han intervenido en el diseño de las propuestas de
campaña de los candidatos que representan; el tercero es un novato en
estas lides, un incursionador en los sótanos del indigenismo de la
derecha.
Atenidos a eso, a lo que han dicho los candidatos y lo que circula en
los medios, es probable que el anunciado debate resulte un diálogo de
sordos, en el que cada quien diga lo que quiere sin importar lo que su
adversario exprese. Puede suceder, por ejemplo, que por enésima vez
escuchemos que los indígenas son pobres, que el Estado tiene una deuda
histórica con ellos y que en años recientes el presupuesto para
atenderlos ha aumentado, pero ha sido insuficiente para satisfacer sus
carencias. Junto con ello, corremos el riesgo de escuchar que la muerte
del Instituto Nacional Indigenista y la creación de la CDI fue correcta,
pero se operó mal, y por eso no ha dado los resultados que se esperaban
de ella, que hay que rectificar para que funcione. Si esto sucede, otra
vez nos habrían dado gato por liebre, pues no habrían ido al fondo de
los problemas que aquejan a los pueblos indígenas. Y estos quedarían sin
saber lo que los candidatos piensan de ellos.
Considero que una presentación pública de este tipo no tiene sentido,
por eso expongo las que a mi juicio son algunas preocupaciones actuales
de los pueblos indígenas. La primera tiene que ver con su condición de
colonias internas. Cuando en los diálogos de San Andrés se hablaba de
entablar una nueva relación entre los pueblos indígenas, el Estado y la
sociedad se partía de reconocer esta relación colonial. Los
representantes de los candidatos a presidente de la República que han
dicho que cumplirán los Acuerdos de San Andrés, podrían decirnos cuál es
la postura de sus representados al respecto. Es importante, porque a
partir de ella se puede desprender la idea de autonomía que piensan
reconocerles y la forma de operarla. En los Acuerdos de San Andrés
consta el compromiso del Estado de reconocer la autonomía
en el ámbito que los pueblos hagan valer, lo cual implica que pueda ser comunitaria, municipal o de pueblo, pero hasta ahora ha quedado sólo en la primera, que es una manera de pulverizarla.
Una segunda preocupación tiene que ver con la condición de
sujetos de derecho público de los pueblos indígenas, las facultades que
es necesario reconocerles, así como las competencias y los mecanismos
para que sus derechos puedan ser ejercidos plenamente. Políticos de todo
tipo reconocen que los pueblos indígenas deben ser sujetos de derecho
público, pero nada hacen por concretizar estos pendientes, con lo cual
no pasan de la demagogia; al contrario, cuando ejercen algunas
competencias, como la de seguridad mediante las policías comunitarias,
los tachan de delincuentes. Tema toral es el de la defensa del
patrimonio de los pueblos indígenas: su territorio, sus recursos
naturales, su patrimonio biocultural, todos asediados por el capital.
Sobre algunos de estos temas sólo Andrés Manuel López Obrador se ha
pronunciado y de manera muy general, por lo cual sería saludable que su
representante abundara en ello.
Hay otros temas también muy importantes. La institucionalidad
gubernamental es uno de ellos. Otra vez, ha sido Andrés Manuel quien se
ha pronunciado por una secretaría de Estado, pero eso no es suficiente:
se requiere analizar sus funciones, sus políticas y sus presupuestos.
Muchas entidades tienen secretarías que carecen de funciones y
presupuesto para operar, lo que las vuelve inoperantes. Pero lo más
importante es que los representantes de los candidatos no hagan lo que
sus representados, que no piensen que los pueblos indígenas ni los miran
ni los entienden y por tanto pueden hablar por ellos. Los pueblos
indígenas están más activos que en cualquier otra campaña: basta ver a
quienes han decidido impedir que las casillas electorales se instalen en
sus territorios si no les resuelven sus problemas o los que han
decidido realizar sus elecciones con sus propias normas. De que ofrezcan
un debate con ideas novedosas y oportunas para atender los problemas de
los pueblos indígenas depende que se ganen o pierdan el voto que
buscan. No deberían olvidarlo.
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