Escrito por Yajaira Gasca Ramírez
Foto: Yajaira Gasca Ramírez
Guanajuato, Gjto.- La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García anunció el despido del titular de la Dirección de Seguridad Pública, Omar Jaramillo Mariscal tras la represión de la protesta de colectivos feministas en este municipio, sin embargo, no retiró los cargos por daños y lesiones que presentó como liderazgo del Ayuntamiento contra las manifestantes.
Organizaciones civiles sostienen que promoverán la revisión de los hechos a través de mecanismos internacionales como los de la Organización de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta necesidad es porque se presume que las 28 mujeres detenidas sufrieron tortura sexual y también porque existe la preocupación de que integrantes de la policia municipal tengan participación activa en la desaparición de personas.
La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una comunicación a través de redes sociales en la que reprochó la violación de protocolos internacionales relacionados con el uso de la fuerza policial en Irapuato.
“Es mi deber defender el orden público”: Lorena Alfaro
Nueve días después de las agresiones y posturas diferenciadas, la presidenta municipal de Irapuato ofreció una rueda de prensa en la que anunció la remoción del director de Seguridad Pública, Omar Jaramillo Mariscal. Al mismo tiempo informó sobre el nombramiento de J. Reyes Méndez Jiménez, un comandante con supuesta trayectoria en la corporación e integrante de la Comisión de Honor y Justicia.
Sin embargo, no habló sobre sanciones a las policías municipales que agredieron a las manifestantes, las cuales quedaron documentadas en diversos videos que circularon en redes sociales. En este caso dijo que se harán las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades.
“Una de las heridas más profundas y difíciles de reparar es la confrontación ocurrida justamente entre mujeres, en este caso algunas manifestantes y algunas policías porque en ambas partes queda latente el dolor de la agresión física y verbal, el sometimiento y la vulnerabilidad”.
“… estamos colaborando con las autoridades competentes. Es decir con la Fiscalía del Estado, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Unidad de Asuntos Internos Municipal para el esclarecimiento de los hechos y determinación de responsabilidades. Quiero dejar claro que toda la información que sea requerida por estas instituciones será puesta a su disposición”, dijo. A través de redes sociales, ciudadanos y colectivos feministas han pedido que se hagan públicos los videos de lo que ocurrió al interior de la Presidencia Municipal, donde se retuvo a las detenidas.
Alfaro García dijo reconocer la represión policial, pero aseguró que como autoridad municipal es su deber “defender y proteger el orden público”, además aseguró que entre manifestantes y policía hubo intercambio de agresiones.
Incluso apuntó a que la violencia generada en las movilizaciones, como la manifestación feminista, podría tener motivaciones políticas.
La alcaldesa prometió la actualización del reglamento relacionado con el uso de la fuerza en manifestaciones para ofrecer la garantía de no repetición de casos de este tipo y aseguró tener interés en dialogar con las mujeres afectadas.
“No podemos permitirnos que la polarización nos clausure la posibilidad del diálogo y la conciliación”, comentó.
Sin embargo, casi para cerrar su intervención reconoció que los cargos presentados por su gobierno contra las 28 mujeres por daños y lesiones, no serán retirados. Es decir, las investigaciones seguirán su curso, supuestamente con interés de “llegar a la verdad”.
Hay elementos para sanciones internacionales, considera activista
Desde la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato existe el interés de que puedan intervenir mecanismos internacionales para recomendar o sancionar a autoridades municipales por posible tortura o detenciones abritarias.
El activista Raymundo Sandoval Bautista explicó que la Organización de las Naciones Unidas tiene mecanismos diferentes en ambos casos, pero no puede iniciar investigaciones de oficios. Se tendría que hacer una solicitud.
También consideró que podría llamarse a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para documentar tortura sexual, por los testimonios que han ofrecido las mujeres detenidad y porque coinciden con las definiciones que emitió esta instancia en el caso Atenco. De este asunto ocurrido en 2006 hay una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En esta sentencia se verifica como la violencia sexual es utilizada como una táctica o estrategia de control, dominio e imposición de poder por parte de agentes del Estado, al instrumentalizar los cuerpos de mujeres detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por las manifestantes.
“La violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión para alcanzar el propósito de dispersar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse la autoridad del Estado. La Corte hizo énfasis en que este tipo de conductas en el mantenimiento del orden público es absolutamente inaceptable. La violencia sexual no tiene cabida y jamás se debe utilizar como una forma de control del orden público por parte de los cuerpos de seguridad”, se especifica en protocolos internacionales.
Sandoval Bautista también expresó su preocupación por las amenazas que hicieron los agentes municipales contra las detenidas, ya que dijo podrían ser evidencia de que podría haber participación activa de las corporaciones en la desaparición de personas en Irapuato.
“De ‘las vamos a quemar’, que haya habido tocamientos de carácter íntimo, amenazas de contenido sexual y que se refirieron específicamente al tema de desapariciones de mujeres parece que no solo muestra la intención de ejercer daño, sino que incluso podría configurar la probable participación de estos cuerpos policiacos en las desapariciones.
Según testimonios de las detenidas, un agente se refirió al caso de Karely una joven en Irapuato que desapareció junto a otras personas y luego fue localizada sin vida en la misma ciudad.
“Describen acciones específicas que pueden ser parte del modus operandi de un dispositivo desaparecedor, donde el cuerpo policiaco podría tener un papel activo”, recalcó.
Señala ONU omisión de atención a protocolos internacionales
A través de redes sociales, la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres México) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos expresaron su preocupación por el actuar de los policías durante la protesta feminista y recordaron que las autoridades están obligadas a atender estándares internacionales de Derechos Humanos en cualquier manifestación.
Recordaron que la presencia policial en estas movilizaciones debe ser facilitadora y no represora y que en caso de requerirse la intervención de los elementos para prevenir situaciones de violencia se deben apegar a cuatro criterios: legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución.
“Conforme a lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, los protocolos y procedimientos del uso de la fuerza atenderán la perspectiva de género y la intervención de las fuerzas de seguridad pública se hará por personas con experiencia y capacitación específicas”, señalaron.
Amnistía Internacional, a través de su representación en México también lamentó la criminalización de la protesta en Irapuato, ya que las mujeres duraron retenidas en el Ministerio Público más de 24 horas y los cargos presentados en su contra siguen vigentes.
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