Narran abusos de Policía Ministerial y demandan justicia
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 22 mar 12 (CIMAC).- Con los ojos cristalinos y una mirada llena de miedo, tres jóvenes estudiantes originarias de la Selva Lacandona de Chiapas, acompañadas de sus madres y padres, exigieron castigo para las y los responsables de las torturas a las que fueron sometidas durante más de 36 horas, por parte de policías ministeriales del estado de Puebla.
En las instalaciones de Cimacnoticias, Yanira Avendaño Loyola y Ali Noyola Rodríguez –ambas de 19 años–, y Anahí Margarita Noyola Baltasar, de 24, describieron cómo agentes de la Policía Ministerial, hombres y mujeres, las sometieron a golpes, choques eléctricos, toqueteos y amenazas de ser violadas sexualmente y asesinadas.
El objetivo era que nos confesáramos culpables del asesinato de la activista transgénero Agnes Torres, a quien ni siquiera conocimos, explicaron. “La primera vez que la vimos fue en televisión cuando, el lunes 12 de marzo, salió la noticia de su asesinato”, afirmaron molestas y con voz entrecortada las tres primas.
Agnes Torres apareció muerta el pasado 10 de marzo en una barranca del municipio de Atlixco, Puebla.
El 16 de marzo la Procuraduría de Justicia del estado presentó a cuatro detenidos implicados en este homicidio: Luis Fernando Bueno Mazzocco, Jorge Flores Zechinelli, Agustín Flores Zechinelli, y Marco Antonio Berra Especia, quienes supuestamente buscaban robar el automóvil de la activista.
Margarita Noyola Baltasar señaló que la relación que existía con los presentados es que uno era novio de su prima Yanira y otro era pretendiente de Ali. “No entendemos porque nosotras”, dijo desconcertada.
José Manuel Noyola, padre de Ali, acotó: “Nosotros es lo que queremos nos expliquen. Por qué ellas. Yo confié a mis hijas al estado de Puebla, por que me dijeron era una entidad muy tranquila”
PREPOTENCIA POLICIACA
Las tres jóvenes radican en Chipilo, Puebla, desde hace varios años, ya que José Manuel al no encontrar oportunidades de trabajo decidió cambiar de residencia junto con su esposa y su hija Ali.
Posteriormente Yanira y Margarita, hijas de madres solteras que se dedican a la venta de quesos en Chiapas, fueron enviadas a Puebla para cursar sus estudios y tener mejores oportunidades de vida.
Margarita recordó que se encontraba en Chipilo el pasado jueves 15 marzo cuando cerca de las 10:30 de la noche, dos autos le cerraron el paso y a punta de jalones y empujones unos sujetos la bajaron del vehículo que conducía.
Consternada recuerda que durante el traslado en un auto Jetta, los ministeriales la esposaron y le decían: “Aquí nos vale madre si eres mujer u hombre; nos vas a decir la verdad”.
“Me llevaron a la Dirección General de Delitos de Alto Impacto de Puebla y me vendaron los ojos, me arrodillaron y me preguntaban ‘¿por qué la mataron? ¿Quiénes más estuvieron en la fiesta? ¿Por qué quemaron el carro?’. Yo no entendía”, relató Margarita.
Nerviosa, narró que la amarraron de los pies y entre dos personas la jalaron del cabello por todo el cuarto: “Una persona me dijo ‘para que sientas lo que Agnes’. Entonces entendí que se referían al activista de las noticias. Luego me obligaron a llevarlos a la casa donde estaban mis primas”.
Las dos jóvenes de 19 años contaron que a su hogar llegaron hombres vestidos de negro y con armas de alto poder, y que las sacaron de la casa a punta de golpes.
Durante la entrevista Ali estuvo con un collarín en el cuello, mientras que Yanira caminaba apoyada en muletas. Ambas dijeron contar con testigos del momento de su detención.
Las tres jóvenes narraron cómo durante 36 horas fueron privadas de su libertad, incomunicadas, sometidas a baños de agua fría, descargas eléctricas en los senos, los genitales, sus rostros sumergidos en agua con jabón para intentar ahogarlas, sometidas a violencia verbal y amenazas, y además obligadas a firmar documentos en blanco.
PROCURADURÍA NIEGA ABUSOS
José Manuel Noyola, quien se dedica a la venta de barbacoa, aseguró que nunca hubo orden de presentación o de cateo en la casa de las jóvenes. Explicó que en la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto –donde estuvieron detenidas– le reportaron que no se sabía nada de ellas.
Molesto, añadió que fue hasta que tramitó un amparo federal ante el Juzgado Séptimo de Distrito por los delitos de privación ilegal de la libertad y tortura, cuando en Atención a Delitos de Alto Impacto “me dijeron que (ellas) sí estaban ahí y que (estaban detenidas) por el delito de encubrimiento”.
Noyola observó: “Las autoridades siempre las consideraron culpables, pero las dejaron en libertad; no entiendo”.
Las jóvenes aclararon que hay dictámenes médicos que avalan su condición física, sin embargo destacaron que quienes las maltrataron fueron muy cuidadosos de no dejar huellas en su cuerpo.
Relataron que durante su detención sólo escucharon el nombre de un “supuesto” ministerio público: “Constantino Hernández González”. También dijeron que leyeron de reojo en un papel el nombre del médico legista “Fernando M. de Lara”.
La Procuraduría de Puebla emitió un boletín en el que negó abusos o violaciones a las jóvenes, y por el contrario las señaló como responsables de “encubrimiento” en el asesinato de Agnes Torres.
Por lo pronto las tres mujeres –quienes dejaron de ir a la escuela por temor a represalias– interpusieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) una denuncia por tortura contra la Policía Ministerial, e hicieron lo propio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La CEDH ya inició las investigaciones y la CNDH realizó un reporte de conocimiento del caso y en estos días sus médicos revisarán el estado físico de las víctimas.
José Manuel Noyola y las madres de las jóvenes reconocieron tener “mucho miedo”, pero advirtieron que no cesarán en la búsqueda de justicia para sus hijas, se esclarezca el caso y se “limpien sus nombres”.
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