Todo revuelto

Samuel Schmidt
Cuando el gobernador César Duarte actuó contra los jueces que dejaron libre al asesino de Rubi, la hija de Marisela posteriormente asesinada en las puertas del palacio de gobierno, pisoteó la división de poderes, elemento fundamental para el federalismo y la democracia.

La teoría federal establece que los tres poderes se equilibran entre sí, ninguno debe imponerse por encima de los demás. Para resolver las disputas entre poderes, se le dio una atribución al poder judicial, especialmente a la suprema corte de justicia, es por eso que los ministros son elegidos entre los otros dos poderes, aunque su elección no recibe la correspondiente atención por parte de la ciudadanía, sigue siendo un acuerdo faccioso.

Duarte debió haber acudido ante el consejo de la judicatura para procesar su queja contra los jueces, en cambio, decidió mostrar su músculo de gobernador recién electo, sin importarle establecer un precedente nocivo, porque si así empezaba, los jueces podían esperar toda la repercusión posible desde el despacho del poder ejecutivo, si no se plegaban a sus deseos o dictados. En pocas palabras, fue un flechazo al corazón del poder judicial. Todavía esta por definirse el fin de la historia, porque los jueces se están defendiendo y posiblemente ganen la batalla.

Ahora con el mentado caso Casez, el titular del poder ejecutivo repite la acción del gobernador, aunque no aprendió la lección y sus consecuencias.

Tres instancias judiciales ratificaron la culpabilidad de la presa y las tres ratificaron la sentencia, dura sin duda, pero recordemos que se presiono al poder legislativo para que endurecieran las penas contra uno de los peores flagelos que sufre México: el secuestro.

El problema inicial en este caso y otros, es la práctica nociva de litigar en los medios. La respuesta tarada del secretario de seguridad pública, es que los medios le pidieron que mostrara la detención de la banda de criminales, y el secretario, muy obediente montó la escena de la captura. Sería bueno que al gobierno le quede claro que una cosa es gobernar, otra la política de comunicación y otra, reprobable, litigar en los medios, los que además normalmente reciben fondos del gobierno. Ya parece que los ciudadanos están urgidos de ver a encapuchados mostrar delincuentes, como si fueran presas de casa.

Como parte de esta práctica deleznable, encontramos que los ministros de la corte empiezan a jugar de la misma manera. No hay palabras para disculpar al ministro que le filtra a los medios su proyecto de resolución, así, logró convertir en un circo sus pretensiones exhibicionistas y protagónicas. Los ministros son elegidos y ratificados para una permanencia prolongada justamente para evitar estas desviaciones. ¿O será que trataba de presionar a sus colegas con la opinión pública, alejándose del derecho?

Calderón decidió influir a la corte. El tiene medios legales a su disposición para influir en un debate en la corte suprema, los ministros abren un espacio para escuchar a las partes, luego entonces, que envíe a su consejero jurídico, o a su procuradora a argumentar ante los ministros, pero debe abstenerse, por la salud de la república, de litigar en los medios su postura política.

Calderón gana con cualquiera que hubiera sido la resolución. Ante la decisión le muestra al gobierno francés que México no escatimó esfuerzos o pasos legales, no se coartó el derecho de una extranjera a agotar las instancias judiciales, aunque no hayan respetado el derecho a la protección consular.

Perdió sin embargo, porque en el debate en la corte quedó censurada la actitud, poco judicial, de su secretario. Ahora es ineludible que actúe frente a esos actos, que no solamente nos avergonzaron ante el mundo, nos exhibieron como un país bicicletero, donde los motivos superiores de la justicia se subordinan a las desviaciones de un funcionario.

La suprema corte por su parte es libre de aceptar cualquier caso, pero en este caso no estoy seguro de si estaban atendiendo un tema fundamental de respeto a los derechos constitucionales, o si han optado por convertirse en tribunal de última instancia en cualquier tipo de materia, en este caso derecho penal.

El daño al sistema judicial está hecho, el daño al federalismo está hecho, el daño a la democracia está hecho, ya solo falta que Calderón salga con sus gritos triunfalistas enarbolando la bandera de salvamento de la patria, donde lo único que está salvando es la cabeza del funcionario más censurado de su gabinete. Y como en México campea la suspicacia, más de uno se pregunta que tiene el secretario de seguridad pública para ser intocable? Si hay algo, ojalá que no sea como para aterrorizarnos?

Por lo pronto el país revuelto en circo y circo, porque de pan, mucha gente ya no quiere oír.